Se trata de un asunto que tiene un alcance notable y que puede contribuir en diversos aspectos a mejorar los niveles de capacitación de la población y la buena funcionalidad del sistema económico.
Si se pone en marcha esta propuesta, España se situaría no sólo al mismo nivel que las sociedades más avanzadas del mundo, sino también de otros países de nuestro entorno en los que se está entendiendo la importancia de la apuesta educativa. Pero, no se trata sólo de una cuestión de imitación, sino que en realidad es una apuesta estratégica de fondo, ya que en las sociedades de nuestro tiempo se requieren unos niveles de formación y de capacitación para los que la actual estructura educativa española se está quedando algo desfasada, por lo que se requieren ajustes no sólo en el último nivel de la enseñanza secundaria, que convendría incluso ampliar (entre otras cosas para encardinarse mejor con las actuales reformas –y carencias– de los planes de estudio universitarios), sino también en la formación profesional, que tiende –y tenderá– a cobrar más importancia.
Por ello, una ampliación de la escolarización obligatoria tendría la virtud de contribuir a la mejora general de la formación de la población española, al tiempo que contribuiría a paliar un problema frustrante que afecta a muchos jóvenes que abandonan los estudios a partir de los 16 años y se encuentran ante unos mercados laborales que demandan mayores cualificaciones. Lo que da lugar a unas tasas de paro escandalosas (incluso de más del 40%) en la población activa de jóvenes situadas en los primeros tramos de edad.
Este, pues, sí es un asunto verdaderamente importante –de Política con P mayúscula– al que la sociedad española y sus representantes deberían prestar una atención preferente.
