Quienes nos quieren condenar al desconocimiento de nuestra historia y llevarnos a la amnesia y olvido han visto peligrar su objetivo a consecuencia de la lucha de las familias de las víctimas del franquismo que identificando fosas comunes, exhumando restos, poniendo nombre a españoles que fueron eliminados sin haber cometido ningún delito, están mostrando a nuestras generaciones más jóvenes una historia desconocida para ellos.

Quienes defendemos la recuperación de nuestra memoria histórica no podemos aceptar que ello se impida, debemos defender con firmeza nuestro derecho a conocer, sin agresividad y sin miedo; no pretendemos generar ninguna confrontación sólo queremos conocer la verdad, enterrar con dignidad a los muertos exigiendo se les devuelva la dignidad y el honor que siempre tuvieron.

En estos momentos en los que parece estamos asistiendo a una representación del mundo al revés, en mi opinión sería interesante se reflexionase desde los poderes del Estado y el conjunto de la sociedad civil sobre una serie de cuestiones:

¿Es cierto que en nuestro país existen en fosas comunes restos de más de cien mil españoles fusilados por la Dictadura de Franco?

¿Es cierto que se secuestraron niños que se arrebataron a sus madres durante la Dictadura de Franco?

¿Es cierto que durante el franquismo se produjeron desapariciones forzadas?

¿Es cierto que el Derecho Internacional considera estas acciones como delitos imprescriptibles?

¿Está obligado el Estado Español a respetar los Convenios Internacionales suscritos, así como el Derecho Internacional?

Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, la imputación al Juez Garzón por asumir las denuncias de familiares de víctimas del franquismo e iniciar acciones judiciales no puede entenderse y genera en mi opinión, una mayor desconfianza en la Administración de Justicia.

Si la respuesta es afirmativa, el Estado debiera garantizar y facilitar los procesos de exhumación y de restitución de la honorabilidad de las víctimas y ante las denuncias que se presenten el Ministerio Público tendría que intervenir.

La Ley de Amnistía no es una Ley de Amnesia ni puede impedir investigar violaciones de derechos humanos y delitos que el Derecho Internacional considera imprescriptibles. La sociedad española, es decir nosotros, nos merecemos saldar esta cuenta pendiente con nuestro pasado, para hacer justicia, evitar más dolor y sufrimiento a las familias de las víctimas y para permitir que todos nos podamos mirar a la cara sin sentir vergüenza.