La democracia no es algo estático, evoluciona con las sociedades en las que se desarrolla. Por ese motivo, ahora es necesario, ante las disfunciones que se están produciendo, avanzar en democracia. Si pretendemos mejorar el funcionamiento de la democracia en España, avanzar en transparencia e igualdad, acabar con la sombra de sospecha interesada de algunos, eliminar la idea de los privilegios de otros, y, sobre todo, terminar con la creencia de que los políticos son unos corruptos que están en política para enriquecerse, la sociedad española necesita menos ruido y más propuestas.

Propuestas para satisfacer las demandas de transparencia, rendición de cuentas y decencia democrática y ética que la sociedad exige en estos momentos. Porque una de las causas de los males que padecemos es el deseo de poder inspirado en la codicia y la ambición.

Propuestas para realizar un cambio de 180 grados, y corregir la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, y el vertiginoso desprestigio de la actividad política y de sus representantes.

El primer cambio tiene que venir de aceptar algo que parece obvio, pero que en la práctica muchas Administraciones no asumen: la finalidad de las Administraciones consiste en servir a los ciudadanos y la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Es decir, la información pública y el acceso a la información del Gobierno es un derecho de los ciudadanos, que refuerza la democracia y nace de la naturaleza representativa de los gobiernos.

Que las Administraciones tengan la obligación de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades y la documentación que la sustenta; y que los ciudadanos puedan solicitar a los funcionarios públicos cualquier información y recibir una respuesta satisfactoria, es un cambio fundamental para profundizar en la democracia, conseguir instituciones públicas transparentes y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, en el control y evaluación de los Gobiernos y en la lucha contra la corrupción, la ineficacia y la mala gestión.

Es urgente y necesario mejorar la conexión entre electores y elegidos, representantes y representados, en definitiva, entre políticos y ciudadanos. A los ciudadanos hay que escucharles, faltaría más, pero uno de los saltos cualitativos importantes es que complementen la representación con una mayor participación en la toma de decisiones.

Hay que recupera la confianza con medidas concretas. Por ejemplo, frente a un Presidente del Gobierno que declara que “no cumple sus promesas electorales, pero cumple su deber”, hay que contraponer una modificación de la ley electoral para que exista la obligación legal de cumplir el programa electoral con el que cada una de las candidaturas se presenta al proceso electoral. Y su incumplimiento pueda ser llevado ante los tribunales y provocar la inhabilitación de los miembros del Consejo de Gobierno.

O también:

1. La obligación legal de realizar primarias para elegir al número uno de cada candidatura

2. Establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación on line de las cuentas de los partidos políticos, y cualquier organización que reciba dinero público.

3. Durante el desarrollo de la campaña electoral será preceptivo que los números uno de cada una de las candidaturas con representación parlamentaria realicen debates, preferentemente en los medios de comunicación de titularidad pública.

4. Instar a las Instituciones del Estado para que los derechos y servicios públicos queden garantizados constitucionalmente.

5. Las Administraciones, las entidades que la integran, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, universidades públicas, agencias, entes públicos y cualquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia vinculada al sector público, incluidas las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social participe ésta directa o indirectamente de manera superior al 50 por ciento, publicarán una vez formalizados, y en el plazo máximo de tres días, todo contrato que realice. Y junto al mismo un resumen sucinto de las ofertas que hayan participado en concurrencia competitiva con el citado contrato.

6. Acceso público y por internet de cualquier ciudadano al Registro de Contratos.

7. Publicación con acceso a todos los ciudadanos a través de internet de los contratos menores y de las subvenciones realizadas por el Gobierno, organismos, entes y empresas públicas.

8. Establecer la figura de la Declaración de Impacto Democrático. Compromiso de realizar la misma transparencia que exista en el sector público para todos aquellos que accedan a concesiones del sector público.

9. Poner límites a la concentración empresarial en los medios de comunicación con medidas antimonopolio y condicionales (por ejemplo, sobre la publicidad y los derechos de retransmisión).

10. Mantener y desarrollar un sector público en los medios de comunicación social, asumiendo que se trata de un pilar fundamental para preservar y promover el pluralismo de los medios de comunicación, el diálogo democrático, y el acceso de todos los ciudadanos a unos contenidos de calidad.

Entre otras.

El cambio depende de la participación de los ciudadanos y de su voto. Por ese motivo, hay que decirle a la persona que desea que la dejen en paz y no tener que preocuparse de la política, que con ese comportamiento otros deciden por él y, además, acaba siendo el aliado inconscientemente de quienes consideran la política un obstáculo para sus intereses.