Esta “Ley seca” del crédito, se produce después de que el Presidente del Gobierno justificase ante la Nación Española la necesidad de ayudas públicas para salvar una parte importante del sector financiero (dinero de los impuestos de todos), en especial las Cajas de Ahorros , repletas de políticos poco habituadas al manejo respetuoso del dinero ajeno. Esta justificación se basó en que estas ayudas eran la única manera de que las Entidades de Crédito volvieran a ofrecer crédito a empresas, especialmente a PYMES, y a familias.

Esta coincidencia de declaraciones ¿realmente coincidencia? Es un nuevo jarro de agua fría sobre los desempleados, y en especial sobre jóvenes que buscan su primer trabajo con una tasa de paro superior al 40%, las pequeñas y medianas empresas, que no sólo no encuentran financiación para nuevos proyectos (que supondrían creación de empleo) si no que tampoco la consiguen para sus operaciones corrientes el circulante que permita mantener la actividad y empleo existente, conteniendo el aumento del paro. Una situación que debería hacer sonrojarse no sólo a gobernantes y políticos, si no a la sociedad en general.

Tenemos un amplio elenco de personalidades, que han justificado sus previsiones en el excesivo endeudamiento de España en su conjunto, público y privado. El Sr. Sáenz, citado anteriormente, ha cifrado en 200.000 Millones de € la cifra que debe reducirse en la Cartera de Créditos Total del Sistema Financiero Español.

Sin embargo, por otra casualidad más, este montante coincide con una particular cifra sobre la que les invito a reflexionar, haciendo sus propias cuentas:

a) Según diversos cálculos publicados, la cifra de pagos pendientes (morosidad) de todas las Administraciones Públicas con el sector privado asciende a 90.000 Millones de €. Si el Estado pagara esta cantidad, el crédito al sector privado disminuiría automáticamente en este importe, que las empresas están financiando a través de crédito bancario principalmente.

b) Se han activado los intereses pendientes de pago en las refinanciaciones que se han llevado a cabo en el sector inmobiliario/promotor. ¿A qué importe ascienden estos intereses? Este juego, en el que el regulador parece mirar para otro lado, forma parte de la cartera de crédito de las Instituciones, pero no se pueden considerar crédito en sí mismos. Es simplemente una huída hacia delante, consentida por quien debería vigilar y evitar estas situaciones. Algo que nos tendrán que explicar en algún momento.

Cuál es el importe total de las Emisiones de Papel Comercial que se han sustituido por el uso de pólizas de crédito anexas ,al cerrarse el mercado primario de emisiones para un gran número de empresas, o ser su coste prohibitivo frente al de las pólizas de crédito?

c) Qué montante resta por eliminar de la Cartera Inmobiliaria de las Instituciones (Pérdidas) tanto de suelo, promociones e inmuebles adjudicados, como de crédito en vigor. Supone el Banco de España, y nos lo tenemos que creer, que se van a cobrar en su totalidad o que existen garantías suficientes para los mas de 300.000 Millones de € que tiene enterrado el Sistema en lo que popularmente denominamos “el ladrillo”. No parece verlo igual el Mercado, los analistas ni los futuros inversores de las Cajas transformadas en Bancos que quieren salir a Bolsa. Ni siquiera la CNMV, que no quiere que se engañe a los inversores minoristas. Esta cifra también está pendiente de dar de baja y por tanto de disminuir la actual cartera de créditos del Sistema.

Por su parte, BBVA pronostica que el crédito disminuirá un 5% a finales de 2011, lo que significa en torno a 90.000 Millones de € sobre el portfolio actual. Quizás esta entidad tiene información de que el Estado se va a poner al corriente de pago con empresas y suministradores…

No sabemos cuál va a ser el procedimiento, discriminatorio o no, para disminuir la Cartera de Créditos y Préstamos del Sistema en su totalidad, o si quizás debemos esperar una solución milagrosa, mientras determinadas instancias e instituciones apelan al mercado con nuevo endeudamiento o sustitución del antiguo, con propósitos varios: recapitalizar las Cajas de Ahorros, atender vencimientos y gastos corrientes de las Comunidades Autónomas, Bonos Patrióticos, Déficit Tarifario Eléctrico, FROB II, etc.

Todo este planteamiento sobre la necesaria reducción del nivel de endeudamiento privado, puede tener sentido desde un punto de vista macroeconómico o de ortodoxia financiera, pero puede suponer un auténtico disparate socio-económico en un momento en que las familias están reduciendo su consumo, consecuencia del desempleo, la reducción de la renta disponible y la inflación. Y el sector público, no parece estar ajustando su gasto corriente a la velocidad necesaria, pero sí el gasto en inversión, con lo que ello conlleva de pérdida de actividad y empleo.

En este escenario de bajo crecimiento, 0,2%/0,3 en el primer trimestre de 2011, 0,7%/0,8 en tasa interanual, es urgente plantearse medidas que supongan un impulso en sentido contrario, que impliquen crecimiento de al menos 2%,que permita crear empleo neto dando crédito a empresas y/o familias que eviten el continuo e imparable incremento del desempleo y contribuyan al incremento de la recaudación fiscal, reduciendo el gasto público y aumentado los ingresos.

Hay que encontrar soluciones que permitan a las empresas encontrar financiación y acabar con el conocido dicho de que los bancos sólo dan dinero a quienes no lo necesitan. Para ello hay que comenzar con un diagnóstico transparente de la situación creada entre unos y otros que ahora se rasgan las vestiduras o en el mejor de los casos se lavan las manos, planteándose entre otras las siguientes cuestiones:

1) Refinanciación o no de promotores e inmobiliarias, a los que se ha empujado hacia dónde, sin saber a ciencia cierta cómo acabarán, en un intento de ganar tiempo, aunque no se sabe para qué o para quién.

Sería más sensato y honesto reconocer que no van a poder pagar sus créditos en los niveles actuales, obligando el Banco de España, regulador y vigilante del Sistema, a efectuar la oportuna “Quita” de valor, asumiendo las pérdidas reales existentes, camufladas en las refinanciaciones

¿Por qué el Banco de España no obliga a reconocer la realidad del deterioro de los Activos en Balance? Teme acaso que alguien pida explicaciones sobre su actuación?

2) Existe solución a corto plazo para la morosidad de las distintas Administraciones? Hay que ser conscientes de que este irresponsable comportamiento por parte de los poderes públicos está obligando a muchas empresas a cerrar, aumentando el desempleo, como consecuencia de no poder atender puntualmente sus obligaciones a causa de los retrasos en el cobro de sus facturas por parte de los distintos entes del sector público. Un hecho que siendo grave en sí mismo en una situación crediticia normal, se vuelve insalvable en la situación financiera actual.

Habría que plantearse si tiene sentido que las Administraciones Públicas, en especial Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, sigan manteniendo plantillas llenas de asesores y funcionarios innecesarios, abundante parque de vehículos oficiales, innumerables teléfonos móviles, tarjetas de crédito Oro y un largo etcétera de despropósitos, incluida la corrupción. Todo ello sin mencionar instalaciones e infraestructuras de muy bajo o nulo aprovechamiento realizados al cobijo de una época de dinero fácil, manejado por manos irresponsables, sobre lo que no se piden ni depuran responsabilidades por parte de nadie.

En esta España que vivimos, ni se exigen ni se asumen responsabilidades, y lo que es más lamentable, las consecuencias siempre las pagan los mismos, los ciudadanos con sus impuestos, con el desempleo o con la emigración, notándolo especialmente los más desfavorecidos de sociedad.

Tómese nota del movimiento 15-M, que no ha hecho sino comenzar, el éxito del mismo en su convocatoria múltiple, los lemas y exigencias coreados:”No somos marionetas en manos de políticos y banqueros”, ”los jóvenes se sienten estafados porque tenemos una democracia falsa y amputada”, donde el Parlamento NO representa Toda la Soberanía popular.

Todo parece indicar que una parte creciente de la ciudadanía, puede que exponencialmente dentro de poco, esté retirando el tácito cheque en blanco que habían concedido a políticos e instituciones para que gobernaran, bajo una suerte de despotismo ilustrado, para el pueblo, pero sin el pueblo. Tal vez, porque se han erosionado fuertemente elementos del contrato social implícito, especialmente los referidos al Estado de Bienestar y las políticas sociales.