Sin embargo, no han sido desde luego la crisis ni Merkel quienes han impuesto al Partido Popular la abyecta política antisocial y excluyente que están perpetrando en esta crucial área de Justicia, derechos y libertades. El proyecto de la privatización de los registros (pomposamente bautizado como «reforma integral») para recapitalizar a un cuerpo de funcionarios; la imposición de tasas prohibitivas para impedir el ejercicio del derecho fundamental de «acceso a la Justicia» y cerrar el paso a la defensa ante tribunales de los propios derechos e intereses legítimos (art. 24.1 C.E); la modificación de las leyes penales para privilegiar a los delincuentes de cuello blanco, al tiempo que para perpetrar un retroceso grosero en cuantos avances sociales impulsó en su día algún Gobierno socialista con el voto siempre en contra del PP, forman parte del menú brutalmente regresivo que su mayoría absoluta, altiva, fatua y sin complejos, está ejecutando implacablemente sobre la Justicia.

Todos estos volantazos vienen ahora a completarse con la propuesta de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que se acaba de presentar a la opinión pública. Un nuevo marco normativo para la administración de Justicia en España que antes de nada exige, como digo, de un gran acuerdo PP-PSOE. Porque se trata, nada más y nada menos, que de darle la vuelta como a un calcetín a la actual planta y organización judicial; porque distribuye y define las nuevas funciones y las nuevas formas -y hasta la misma denominación- de quiénes constitucionalmente son los únicos que pueden administrar la Justicia: los jueces y magistrados. Cuestiones como la sujeción del juez al sistema de fuentes establecido, incluyendo en el mismo determinada jurisprudencia del Tribunal Supremo que sea declarada como vinculante, la interdicción de inaplicación de leyes que se considere que contravienen la Constitución Española sin planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, la previsión de órganos de instrucción colegiados en relación con determinados asuntos de especial complejidad o el modelo de implantación de los Tribunales de Instancia Provinciales, con dudosas consecuencias prácticas sobre la inamovilidad de los jueces y con clara limitación de las funciones de los únicos órganos de gobierno de elección directa por jueces y magistrados, constituyen una más que justificada fuente de inquietud.

El Partido Popular necesita, por tanto, dejar atrás ese mensaje de intimidación general y amedrentamiento concreto en materia de justicia, superar la coyuntura -bien cierto que muy difícil- de sus «problemas» en los juzgados, y enviar ahora un nuevo un mensaje nítido, que no necesite traducción ni interpretación: un pacto por la Justicia.

El icono de la Justicia suele representarla ciega, con los ojos vendados, para asegurar así la igualdad ante la Ley. Menos ciega que nunca; más desigual y desigualitaria que nunca, la Justicia es abismada a la servidumbre de la injusticia en estado puro, a la arbitrariedad y a la desigualdad ante la Ley. Si la Justicia es ciega, la injusticia no lo es; sabe bien lo que está haciendo. Porque de no producirse este gran acuerdo en el área de Justicia, muchos seguirán en el convencimiento de que la mayoría absoluta del PP sabe perfectamente a que ha venido, a qué intereses sirve y qué es lo que está haciendo en Justicia.