La OCDE pronostica que la tasa de paro alcanzará, al terminar el presente año, el 28% y que este porcentaje se mantendrá en ese nivel medio en el año 2014. A pesar de estas bochornosas cifras de paro, el déficit público no está previsto que se corrija en el presente año, al situarse en el 6,9%, sin tener en cuenta las ayudas a la banca: tan sólo una décima menos que en el año 2012. Ello demuestra la dificultad que tiene nuestro país para reducir el déficit ante la caída de los ingresos producido por el desempleo – como está ocurriendo en Grecia- y, en coherencia con ello, para reducir la deuda pública que pasará del 36% del PIB en 2007 a situarse, según las previsiones, en el entorno del 100% al terminar el año, lo que confirma que el problema de España es el desplome de los ingresos y no los gastos y que, por lo tanto, la consolidación fiscal debe estar supeditada al empleo y no al revés como está ocurriendo en estos momentos.

Los datos de Contabilidad Nacional abundan en este diagnóstico. Según los datos recogidos por UGT, en el I Trimestre del año el PIB en términos anuales cae un 2% (una décima más que el trimestre anterior) y se convierte en el peor dato desde el IV Trimestre de 2009. Se agudiza la caída del consumo total (del -3´3% al -4%) por el descenso del consumo de los hogares y del sector público. El empleo modera dos décimas su ritmo de caída anual, pero sigue descendiendo de manera intensa: 761.000 empleos menos en el último año. La cobertura de desempleo se desploma al 61,28%. Los salarios siguen en caída libre, muy afectados por la recesión y la reforma laboral: la remuneración de los asalariados cae a un ritmo del 6% anual y los costos laborales unitarios un 3,2%, mientras que los excedentes empresariales crecen el 2,6%, lo que consolida la tendencia de transferir rentas del trabajo al capital.

Los datos mencionados ponen una vez más de manifiesto el rotundo fracaso de las políticas de austeridad en el conjunto de la UE y particularmente en nuestro país: más de 6,2 millones de parados, casi 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro, tres millones de personas en situación de extrema pobreza… A todo ello ha contribuido de manera relevante en nuestro país la reforma laboral, causante de la drástica reducción de salarios y de la fuerte destrucción de empleo, a pesar de las declaraciones de responsables del Gobierno y de su presidente sobre las mejoras introducidas por la reforma laboral en nuestro mercado de trabajo sin ningún dato real que lo justifique.

Ante semejante situación se está escuchando en la UE, en estos momentos, un discurso menos agresivo en defensa de las políticas de austeridad y se están estudiando medidas para luchar contra el desempleo juvenil. En este mismo sentido, se han suavizado por la Comisión Europea los criterios exigidos a España en relación con el cumplimiento del déficit para este año, a cambio de nuevas reformas estructurales, lo que, en cualquier caso, se puede considerar positivo. Algo tendrá que ver en esta decisión las próximas elecciones al parlamento europeo del año 2014, teniendo en cuenta que para algunos Europa es el problema y no la solución, además del convencimiento de la Comisión de que España no puede cumplir con las exigencias de consolidación fiscal y que la política exacerbada de austeridad por si sola no funciona, como ha reconocido, incluso, el FMI.

A pesar de todo ello, la experiencia nos indica que las medidas llegarán tarde y serán claramente insuficientes para corregir a corto plazo nuestro principal problema: el alto índice de desempleo, que se prolongará durante años, según la mayoría de expertos. No debemos olvidar que, si no se produce una reactivación de la economía -y para ello hay que crear las condiciones necesarias-, no se creará empleo y que para que esto ocurra se requieren mayores ingresos fiscales (lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, entre otras medidas), como lo reconoce el propio Consejo Europeo que ha impulsado un paquete de medidas para luchar decididamente contra el fraude fiscal que alcanza, según el comisario europeo Algirdas Semeta, un billón de euros en la UE (90.000 millones corresponden a España), siendo las grandes empresas y los grandes patrimonios los principales causantes del mismo. De la misma manera es imprescindible que fluya el crédito a empresas y familias, lo que no está, por el momento, entre las prioridades del Gobierno, sino todo lo contrario: el ICO ha reducido sus créditos el último año y el Gobierno no está utilizando para nada la banca nacionalizada (antiguas Cajas de Ahorro) para garantizar su canalización.

En coherencia con ello debemos dar por hecho que los ‘minijobs’, el contrato único, el contrato de emprendedores, la reducción del SMI, el endurecer más la reforma laboral y el recortar las pensiones no son la solución. Nuestro problema pasa por el cambio de nuestro modelo productivo, potenciar las políticas activas de empleo, aumentar el tamaño de nuestras empresas, aportar tecnología, cualificación, diseño, así como reducir los costos energéticos y de financiación. En cualquier caso, apostar por el ‘dumping’ social para ser más competitivos y contrarrestarlo con políticas de ‘marketing’; por ejemplo, el contrato de emprendedores, el acuerdo con Alemania sobre el empleo para los jóvenes o el buen dato de paro registrado en las oficinas públicas de empleo en el pasado mes de mayo (muy condicionado por el efecto desánimo y estacional y altamente precario) es fuego de artificio ante la contundencia de las cifras del desempleo de la EPA del I Trimestre del año, que es la que está considerada y homologada como referencia en la UE para medir las cifras de desempleo.

Por eso, este nuevo discurso todavía convivirá con nuevas exigencias que nos impondrá Bruselas, lo que resultará contradictorio con las expectativas que se están creando. El ejemplo más significativo de todo ello han sido las desafortunadas declaraciones del Gobernador del Banco de España proponiendo -a pesar del drama social que están viviendo millones de personas y de que las retribuciones de los banqueros resultan provocativas y obscenas- contratos por debajo del SMI, que actualmente se sitúa en 645,30 euros al mes, particularmente dirigidos a los parados de larga duración. Propone, asimismo, aumentar la flexibilidad salarial apostando por nuevos descuelgues de los convenios colectivos (para reducir aún más los salarios, que ya se están desplomando, afectando negativamente al consumo) y por la eliminación de la indexación salarial al IPC. Por si esto fuera poco, propone además acelerar la aplicación del factor de “sostenibilidad” de las pensiones (nuevos y graves recortes de las pensiones presentes y futuras, de acuerdo con la Comisión Europea y el actual Gobierno) y, en concreto, anticipar la entrada en vigor del retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años y del alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones pasando de 15 a los 25 años. Estas medidas se proponen sin analizar el capítulo de ingresos a la Seguridad Social (muy afectado por el actual desempleo) y cuando el acuerdo sobre pensiones ha entrado en vigor hace sólo seis meses y los elevados índices de desempleo exigen debatir a fondo, cuando menos, el reparto del trabajo existente en la UE y, por lo tanto, la reducción de jornada y el adelantar la edad de jubilación, no retrasarla, ante la falta de demanda de trabajadores en edad avanzada (parados de más de 50 años) y el alto índice de desempleo juvenil. Finalmente se muestra favorable al adelgazamiento del sector público (privatizaciones) y mantiene un discurso favorable a las políticas de consolidación fiscal, al margen de las políticas de estímulo económico, en coherencia con las recomendaciones de la UE.

De la reforma fiscal el gobernador no dice nada (España está ocho puntos por debajo de la media de la eurozona) y de facilitar el crédito a empresas (PYMES) y familias tampoco. Mucho menos manifiesta su preocupación por el desempleo, la precariedad, la fiscalidad de las SICAV, los paraísos fiscales, el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin), las restricciones crediticias, los desahucios, las preferentes, la morosidad y las posibles necesidades adicionales de capitalización del sector financiero que sí son de su competencia y responsabilidad. Al gobernador tampoco le merece ninguna atención el reparto favorable de la renta a los empresarios, el comportamiento negativo de las empresas en la configuración de precios, la transformación de la deuda privada en deuda pública; en definitiva, la desigualdad y pobreza que está generando la actual política económica y el rechazo, la crispación social y las movilizaciones que ello concita. Estas declaraciones son una auténtica vergüenza y representan un alarde de despropósitos que, de mantenerlas, harán bueno a su antecesor (adalid de la reforma laboral) Miguel Ángel Ordóñez, al carecer del mínimo rigor exigible a un Gobernador del Banco de España. En todo caso, se trata de excesos verbales que tienen un fuerte carácter ideológico y tecnocrático y denotan, además de incompetencia, un interés creciente por desviar la atención sobre asuntos que sí son de su competencia y están atravesando por serios problemas.

A pesar de las dificultades anunciadas, estamos a la espera de que estas nuevas expectativas en torno a la búsqueda de un acuerdo sean capaces de vencer las múltiples resistencias de los poderes económicos encaminados desaforadamente a defender sus inconfesables intereses aprovechándose de la crisis, como lo vienen haciendo hasta ahora. En el camino del acuerdo transitan en la actualidad el principal partido de la oposición (PSOE) y los sindicatos, junto a la mayoría de la ciudadanía, que cuentan en este debate con el respaldo de la OIT, que acaba de mostrar su preocupación por el paro de larga duración y por los bajos salarios, ante su repercusión en el consumo y, por lo tanto, en el empleo. A pesar de ello, no será nada fácil conseguir un acuerdo con contenidos reales que introduzca cambios en la actual política económica y social ante la relación de fuerzas existente en el Parlamento (mayoría absoluta del PP) y la debilidad de Rajoy en el marco de la UE. En todo caso, por intentarlo que no quede.