Se pretendía superar el alto grado de politización que tuvo la Comisión de Derechos Humanos, darle más importancia, elevando su estatus en el organigrama de las Naciones Unidas, y además se le quería dar un sentido mucho más práctico al incluir entre sus tareas una revisión periódica universal, basada en información objetiva y fidedigna, del cumplimiento por parte de los Estados de los derechos humanos. En palabras de Kofi Annan, Secretario General de la ONU en aquel momento, este Consejo, “otorgará a los derechos humanos una posición de mayor autoridad, que se corresponde con la primacía de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas.”
Aunque el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos ha chocado en la práctica con los interés de los Estados, y muy especialmente con la actuación conjunta de EE.UU y los países de la UE, y su doble rasero, hay ocasiones donde el trabajo del Consejo de Derechos Humanos consigue avances muy importantes para integrar los derechos humanos en las políticas prácticas de desarrollo, no solo de los Estado sino también de las empresas multinacionales o transnacionales. Y lo hace por el tesón de algunos países, pero también por la colaboración y presión de muchos ciudadanos y organizaciones internacionales.
Es el caso de la resolución promovida por Bolivia, Cuba, Ecuador, Sudáfrica, y Venezuela, junto con la campaña global Stop Corporate Impunity realizada por más de 610 organizaciones en 95 países, para la Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Que al ser aprobada, con 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones, da vía libre para formar un grupo de trabajo que cree un tratado que comprometa y que vigile de manera más efectiva el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las compañías transnacionales en todo el planeta.
En esa resolución aprobada, poniendo de relieve que las empresas transnacionales y otras empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos; y reconociendo que las empresas transnacionales y otras empresas tienen la capacidad de fomentar el bienestar económico, el desarrollo, el progreso tecnológico y la riqueza, así como de provocar repercusiones negativas para los derechos humanos, se ha decidido:
1. Crear un grupo de trabajo intergubernamental, cuyo mandato es elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos.
2. Establecer un marco temporal para su aprobación: dos primeros períodos de sesiones del grupo para deliberar de forma constructiva acerca del contenido, el alcance, la naturaleza y la forma del futuro instrumento internacional; al inicio del tercer periodo de sesiones del grupo de trabajo, el Presidente-Relator del mismo preparará los elementos del proyecto para celebrar negociaciones sustantivas sobre el tema; y señala que el primer periodo de sesiones se celebrará durante cinco días laborables en 2015, antes del30º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, a partir de 2015 tienen dos años para su aprobación.
3. Que el grupo de trabajo presente un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre los progresos realizados a este respecto para examinarlo en su 31º período de sesiones. Además de seguir examinando esta cuestión de conformidad con su programa de trabajo anual.
Esta resolución supone defender los derechos de las personas por encima de los intereses de las grandes empresas multinacionales. Aunque todavía hay muchos Estados, con democracias consolidadas, que defienden el dinero, y desprecian las graves violaciones de los derechos humanos que se realizan por parte de muchas empresas con el consentimiento de los gobiernos. Por este motivo, es importante que se conozca que han votado los países miembros del Consejo de Derechos Humanos en este caso:
· A favor: Argelia, Benín, Burkina Faso, China, Congo, Cuba, Etiopía, India, Indonesia, Costa de Marfil, Kazajistán, Kenia, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica y Venezuela.
· En contra: Austria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Macedonia, Montenegro, Corea del Sur, Rumania, Reino Unido, Estados Unidos.
· Abstenciones: Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, Gabón, Kuwait, Maldivas, México, Perú, Arabia Saudí, Sierra Leona y Emiratos Árabes Unidos
El voto retrata a cada Estado. Pero aun así, se puede afirmar que esta resolución supone una gran victoria y un punto de inflexión frente al capitalismo financiero globalizado, y su cultura neoliberal, que pretende acabar con la democracia. Pero necesita de la presión de los ciudadanos porque queda mucho trabajo por realizar para acabar con la impunidad y las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas multinacionales.
Adelante. Adelante
