Hasta ahora, en un proceso que viene desarrollándose desde hace años y que consiste en otorgar periódicas concesiones gubernamentales a las Mutuas para ampliar sus facultades, se había llegado a transferirles la gestión económica de las incapacidades temporales de los trabajadores por enfermedad común. También se permitía a los médicos de las Mutuas que solicitaran el alta de un enfermo al que, previamente, los servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) le habían dado la baja. Bastaba la falta de respuesta de estos servicios para que se considerara improcedente dicha solicitud de alta. Pues bien, la reforma del Gobierno consiste en que si en cinco días no hay respuesta, el alta se hace efectiva. En definitiva, un silencio administrativo se interpreta como consentimiento para el alta, con el agravante de que cualquier perjuicio para el trabajador sería responsabilidad del SNS y no del médico de la Mutua. Maravilloso.
Más allá de que esta reforma se inscriba en el proceso privatizador de la gestión de servicios públicos esenciales; más allá de que entre los cambios que introduce esté uno tan significativo como el de modificar el nombre original de estas entidades para sustituirlo por el de Mutuas de la Seguridad Social, que hace sospechar futuras y nuevas competencias para las mismas sin cuestionar su naturaleza privada; más allá de estas y otras cuantas reformas que justifican el rechazo a este Anteproyecto de Ley, llama la atención el silencio que, empezando por las autoridades del SNS, se observa respecto de la puesta en cuestión de la solvencia profesional de sus facultativos. Porque la justificación expresa y pública de la reforma es el ahorro de unos quinientos once millones de euros atacando el absentismo laboral, esto es, la de presuponer que los médicos del sistema sanitario público, particularmente los de atención primaria, conceden y mantienen en baja laboral por enfermedad a trabajadores que están sanos. Por supuesto que se dan casos de negligencia o abuso. Pero, considerar que para corregirlos lo idóneo es que lo hagan los facultativos al servicio de entidades privadas como las Mutuas, es una barbaridad.
No es aconsejable establecer apriorismos sobre la profesionalidad de los médicos, en función de si están al servicio del SNS o de las Mutuas. Porque ese camino induce a considerar que, en última instancia, siempre serían más neutrales los que dependen del sector público que los que están sometidos a las directrices y los intereses de empresarios privados.
Habría que añadir que en los últimos años se ha reducido de forma apreciable el absentismo laboral. Uno de los factores que ha contribuido a ello son las brutales cifras de paro y el temor a que la baja por enfermedad pueda predisponer al empresario a que, en su momento, prescinda del trabajador afectado o no le renueve el contrato. Pues es sobradamente conocido que con las reformas laborales en curso se han multiplicado las facilidades para las rescisiones de los contratos, aunque no se utilice la enfermedad como justificación. Habrá quienes opinen que, en todo caso, el temor a perder el puesto de trabajo tiende a reducir los abusos, restando importancia a la otra cara de la moneda, como es la frecuencia con que trabajadores con dolencias reales, que requerirían una baja médica laboral, no la demandan o adelantan la petición de alta, precisamente por temor a que tarde o temprano influyan en su despido.
Hay que estar a favor de medidas que, desde los propios recursos del SNS, puedan aplicarse para el mejor uso de sus servicios y prestaciones. Siempre situando en plano prioritario la defensa de la salud de sus usuarios. Pero la elegida por el Gobierno con esta reforma es inadmisible.
