RELATO DE FRACASOS
Se han vertido ríos de tinta sobre la reestructuración del crédito en España: primero se negó su necesidad, después se inventaron fórmulas jurídicas para facilitar la desaparición de las Cajas de Ahorros, luego se estimularon e impusieron las fusiones o concentraciones como gran panacea y, por último, se exigieron ajustes contables del valor de los activos dañados. Han sido Decretos-Leyes sucesivos, desde el verano de 2009, que son, en mi opinión, un compendio de cómo enfrentar un problema, el del sistema crediticio, sin comprometerse en su resolución. La realidad ha terminado por imponerse, cuando un tercero, la compañía auditora de Bankia, ha negado su firma a las cuentas de la entidad: el castillo de naipes se derrumba y ahora todo son prisas y lamentos, sin descartar un nuevo intento de vender alguna solución que permita eludir lo ineludible: que el poder público gestione las empresas crediticias de las que es dueño, una vez que se ha constatado la falta de recursos privados para ello.
Existe un discurso, asumido de forma casi generalizada, que preconiza el alejamiento del Estado de la economía y que defiende que deben ser los agentes privados los que contribuyan al desenvolvimiento de ésta. Desde una posición liberal, nada que oponer a tal principio, pero también desde la misma posición, sí conviene afirmar que cuando los recursos y los actores privados resultan insuficientes o incapaces para enfrentar un problema, que afecta gravemente a la estabilidad de la economía nacional, como es el caso del sistema crediticio español, el Estado no puede abdicar de su responsabilidad y, en tanto duren las circunstancias excepcionales, debe procurar la mejor gestión de los recursos de todos, estableciendo las directrices y el proyecto, a cuyo servicio se deben poner los gestores profesionales de las entidades nacionalizadas. De esta manera pienso que, además de hacer un buen uso de los recursos públicos, se podrá atenuar la hostilidad de la opinión pública en relación con las ayudas a la Banca.
GESTIÓN PÚBLICA NO ES GESTIÓN POLITIZADA
Conviene también deshacer el tópico malintencionado de que lo público es malo per se, producto de la confusión entre la gestión pública y la gestión política o politizada. Los abundantes y negativos ejemplos de ésta última han facilitado la confusión y, lo que es peor, la degradación del concepto del servicio público. Pero, como no hay mal que por bien no venga, este sería un momento adecuado para poner las cosas en su sitio y demostrar que el Estado en España no es un apestado para la gestión y que, como sucede en otros países civilizados, puede hacer frente a sus responsabilidades utilizando, en cada caso, a los mejores gestores, funcionarios o no. El profesional reclamado para gestionar Bankia es ejemplo de ello. Lo que ocurre es que ese señor necesitará las directrices para poner a la empresa al servicio de un proyecto que no sea el de la mera preparación para una incierta y costosa venta. En cuanto a los órganos de gobierno de las entidades nacionalizadas, deberían nutrirse mayoritariamente de funcionarios de los altos cuerpos de la Administración del Estado que, aparte de ser garantía de dedicación al interés público, pueden evitar la presencia indisimulada en esa Banca pública de los competidores bancarios, que podrían así desnaturalizar el proyecto.
No es necesario insistir en las dificultades de todo orden que tenemos que sortear cada día los españoles y nuestro propio Gobierno. Nadie va a venir a ayudar de forma desinteresada y, desde luego, nadie nos va a decir cuál es el plan que más nos conviene. Esta es una ocasión en la que, ante el fracaso que afecta a uno de los talones de Aquiles de la economía española, el sistema crediticio, debemos hacer examen de conciencia y poner en marcha un proyecto realista y ambicioso de gestión pública del crédito, en vez de seguir lamentándonos sobre lo que pudo ser y no fue. Esperemos que el debate se centre en eso y que no nos perdamos en los diferentes memoriales de agravios, que no significa abdicar de la exigencia de responsabilidades. La convalidación en el Congreso de los Diputados del último Decreto-Ley sobre el saneamiento financiero puede ser la oportunidad para tal debate.
