Según mi opinión el Estado de Chipre no es un paraíso fiscal, ya que no está considerado como tal ni por OCDE ni por la Unión Europea, a pesar de que según informa el día 8 de Abril la Agencia Tributaria Española no lo haya sacado de su lista de paraísos fiscales. Otra cosa es que pueda servir de refugio de capitales de magnates rusos, atraídos por la baja fiscalidad y elevados rendimientos.

Además, la propia tipología del Estado chipriota no concuerda con la de los paraísos fiscales, en los que hay una estricta separación entre la banca convencional y la dirigida específicamente a no residentes. Si los Bancos chipriotas, Laiki Bank y Bank of Cyprus, fueran típicos Bancos de paraísos fiscales no hubieran quebrado, porque sus inversiones serían depósitos bancarios en entidades solventes, en vez de mayoritariamente deuda pública griega.

Por otra parte, España no es Chipre por muchos motivos. Tiene una economía real potente, aunque esté muy concentrada en sectores de poco valor añadido. Los activos tóxicos de sus entidades radican en el propio territorio español, aunque puedan estar muy devaluados, y no son títulos emitidos por otros Estados, el caso chipriota. El sistema financiero español ya ha sido rescatado por el Eurogrupo (Estados de la Unión Europea que han adoptado el euro como divisa) mediante las ayudas a los Bancos españoles, avaladas por el Estado Español, y gestionadas a través del FROB y de SAREB (banco malo), por 40.000 millones de euros.

En cuanto a los recortes, que parece ser se le va a exigir al Estado chipriota, ya se están aplicando en España. Y por último, y muy importante, ya tenemos nuestro propio “corralito”, lo que pasa es que es más injusto que el chipriota.

En el caso chipriota el efecto más llamativo de dicho “corralito” es la limitación de las retiradas de fondos en los cajeros automáticos de los Bancos, que ha ido evolucionando hasta llegar, con altibajos, a 300 euros diarios, cifra que la gran mayoría de nuestros compatriotas desearían poder retirar a la semana, así como que los Bancos permanezcan cerrados y determinadas limitaciones a las transferencias al exterior.

En cuanto a quitas, según las últimas noticias, los primeros 100.000 euros de cualquier depósito en los Bancos quebrados quedarían exentos de penalización y sobre el exceso de ese importe se aplicarían inmediatamente una “tasa” del 37,5% y posiblemente en un plazo de tres meses de otro 23,5%. Estas “tasas” se compensarían con en acciones del Laiki Bank, que queda como “Banco malo”, mientras que el Bank of Cyprus quedaría como “Banco bueno”.

La solución que se explica en el párrafo anterior se basa fundamentalmente en obtener fondos para capitalizar los Bancos, a la vez que se cumple la legislación europea de garantizar los depósitos inferiores a 100.000, y así mantener la confianza de los ciudadanos de la Unión Europea en su sistema bancario.

El “corralito” español está consistiendo, si Dios no lo remedia, en aplicar quitas que pueden llegar al 70% de toda la inversión en el caso de tenedores de deuda subordinada y del 100% en el caso de tenedores de acciones, para los Bancos nacionalizados (antiguas Cajas de Ahorro) y por supuesto la imposibilidad absoluta de disponer de esos fondos por el momento. Estas quitas y la conversión se harían también capitalizando los Bancos nacionalizados, similarmente al caso griego.

Por tanto, ¿qué solución es peor? La que va a afectar a grandes depositantes, cuyos fondos en muchos casos pueden tener un origen dudoso, o la que afecta a pensionistas y otras personas modestas, atrapadas por la convicción de la absoluta seguridad de sus ahorros en las instituciones de toda la vida. Me parece evidente la respuesta.

Estos últimos párrafos deben llevarnos a la conclusión de que la solución aportada a los preferentistas y accionistas de Bankia y otras entidades nacionalizadas, es profundamente injusta y no debe ser aceptada resignadamente por aquellos. Además, se debe modificar la normativa del Fondo de Garantía de Depósitos de Establecimientos Bancarios en el sentido de que cubra todos los productos financieros comercializados por las entidades adheridas al mismo.

Si esa cobertura general no fuera posible por cualquier motivo, se debería prohibir a los Bancos comerciales distribuir masivamente productos financieros no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Si esto hubiera sido así, la mayoría de las personas atrapadas por las antiguas Cajas de Ahorro estarían ahora tranquilas, porque sus títulos no se habrían devaluado hasta llegar a valer cero euros. Conviene recordar que los Fondos de Garantía están dirigidos a proteger a los pequeños y medianos ahorradores y no a los grandes inversores.