Ante una situación en la que en la UE se ha alcanzado una cifra de más de 23 millones de parados, en la que más de 17 millones de trabajadores (más del 8% de los asalariados con trabajo) se sitúan por debajo del umbral de pobreza, donde millones de trabajadores son precarios y sub-empleados, falsos autónomos o autónomos sin protecciones sociales básicas, donde un 20% de los jóvenes están parados. Un situación en la que los planes de austeridad congelan salarios, limitan la negociación colectiva, recortan los sistemas de pensiones, aumenta la flexibilidad y la inestabilidad del mercado de trabajo mientras se reduce la seguridad en el mismo y donde las desigualdades sociales alcanzan niveles desconocidos desde la segunda guerra mundial…Ante esta situación, la única respuesta de las instituciones europeas y de los gobiernos nacionales es la de la austeridad – recortar, recortar, recortar – reducir los niveles sociales, poner en causa los salarios y preconizar la moderación salarial en el ámbito europeo.

Los sindicatos europeos se manifiestan contra un cambio de proyecto de la construcción europea. De los objetivos iniciales, en el año 2000, de la Estrategia de Lisboa de “hacer de la UE la economía más competitiva del mundo, basada en el conocimiento, el empleo de calidad, la cohesión social y el pleno empleo”, hemos pasado a un proyecto en el que el progreso económico y social está ausente y lo único que prevalece es la “competitividad”. Una competitividad basada en los retrocesos sociales.

Como ha señalado John Monks, el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), “Más que ante un pacto de competitividad estamos ante un pacto nocivo que lo único que asegura es un nivel de vida más bajo, mayores desigualdades sociales y más trabajo precario. Un pacto que ignora todas las lecciones de la recesión actual… La construcción europea se enfrenta a un grave riesgo de confrontación con su modelo social y con el principio fundamental de autonomía de las negociaciones colectivas”.

La Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow, insiste, a su vez, en la idea de que no se han sacado las lecciones de la crisis. Al contrario, una vez pasado el primer peligro de derrumbe del sistema (gracias a haber comprometido porcentajes astronómicos de los PIB nacionales, europeo y mundial) ahora se quieren aplicar las mismas políticas que llevaron a la crisis pero elevadas al cuadrado. Dice Burrow que “la crisis debería haber provocado un replanteamiento radical de las políticas ya que, como reconocieron al principio de la crisis la OCDE o el FMI, los pilares del modelo de crecimiento que coexistió con la globalización eras inestables e insostenibles y la desigualdad había alimentado ese modelo. Sin embargo, el escenario político actual recuerda más a un regreso de las fracasadas políticas del pasado que crearon el desastre que a un cambio de paradigma”.

En lugar de cambiar de políticas, asistimos a una ofensiva sin precedentes contra los salarios y contra las organizaciones sindicales. En Estados Unidos y en Europa.

El Partido Republicano de Estados Unidos ha desencadenado una ofensiva en toda regla contra el movimiento sindical en varios estados de la Unión, con los de Wisconsin y Ohio a la cabeza. La disculpa ha sido la “crisis presupuestaria” y la necesidad de recortar gastos y derechos a los funcionarios públicos (al tiempo que, por ejemplo, el Gobernador de Wisconsin, Scout Walter, había reducido nada más tomar posesión de su cargo, en noviembre de 2010, en 140 millones de dólares los impuestos a las empresas). Tal ofensiva responde, en EEUU, a un doble objetivo.

De una parte, frenar el crecimiento del movimiento sindical en el sector público: según The Economist, el porcentaje de sindicación del sector privado en EEUU era en 2010 de un 6,9% mientras que el del sector público llegaba hasta el 36,2%. El segundo objetivo consiste, pura y simplemente, en debilitar el conjunto del movimiento sindical estadounidense ante las elecciones presidenciales de 2012, dado que los sindicatos han dado tradicionalmente su apoyo al Partido Demócrata.

Básicamente, las medidas que quieren tomar ( y que están todavía pendientes de diferentes recursos) los Gobernadores republicanos se pueden resumir en las siguientes: 1) reducciones de los salarios (que pueden llegar hasta el 20%), aumento de las contribuciones de los trabajadores al seguro de enfermedad y a la jubilación, recortes en el seguro de enfermedad para las personas con pocos ingresos y en el programa de cuidado para los niños de las familias pobres; 2) reducir las negociaciones contractuales únicamente a la cuestión de los salarios;3) prohibir toda huelga del sector público (los huelguistas se encontrarían sometidos a un régimen militar); 4) suprimir todo pago automático de cotizaciones a los sindicatos; 5) la duración de los contratos colectivos debe no superar un año; 6) cada año, los miembros de una organización sindical deberán volver a votar para certificar, o no, el poder de negociación del sindicato que los representa.

De manera diferente pero con una virulencia también extrema, en Europa hemos conocido durante el pasado año una ofensiva antisindical sin precedentes. En España, por ejemplo, se recortaron los salarios de los funcionarios y de empresas públicas vulnerando lo que estaba pactado. Igualmente se congelaron las pensiones, modificando la revalorización que estaba acordada por ley. Y se desencadenó una enorme ofensiva mediática contra las organizaciones sindicales por oponerse a la reforma laboral y a otras reformas en los términos propuestos por el Banco de España y por otras instituciones y organismos representativos de los intereses de los sectores económicos. Ahora, los empresarios han pretendido, en la negociación sobre los convenios colectivos, sustraer de la negociación colectiva a las empresas de menos de 6 trabajadores y a todo tipo de directivos: en total, más o menos, a un tercio de los asalariados. El Gobernador del Banco de España propone que los contratos que se hagan con los parados no sean afectados por la negociación colectiva (no está claro si para siempre o durante un cierto tiempo). Y el Ministro de Trabajo preconiza una moderación salarial de dos lustros.

Dicho sea de pasada, la moderación salarial se viene practicando en España desde hace más de 6 lustros. Y también en la UE los salarios han venido creciendo durante los últimos 20 años muy por debajo del valor añadido. Según los datos de Eurostat, el producto interior bruto (PIB) per cápita aumentó en términos reales un 25% entre 1991 y 2010 mientras que los salarios no han aumentado más que un 12%.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), a su vez, ha denunciado las congelaciones y recortes salariales, los tajos al salario mínimo o la limitación de la negociación colectiva que los enviados de la UE y del Fondo Monetario Internacional han impuesto en países como Grecia, Irlanda o Rumania.

Así mismo, algunas de las medidas contenidas en el Pacto de Competitividad (luego rebautizado como “pacto por el euro”) implican un atentado directo a la autonomía de la negociación colectiva. De un lado, se quiere desvincular la negociación de los salarios de los incrementos de los precios, anulando las cláusulas de garantía salarial con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los salarios en relación con los precios. Y de retroceso de la participación de los salarios en la distribución funcional de la renta. Por otra parte, la Comisión pretende establecer un mecanismo, basado en indicadores, que suponga un control preventivo desde la UE del incremento de los salarios en los distintos países miembros.

Los sindicatos, y otros muchos expertos, consideran que la crisis se va a agravar si se mantienen las políticas de austeridad generalizadas. Ya que la crisis económica es, básicamente, una crisis que proviene del desendeudamiento de diversos actores, de la falta de créditos de los bancos y del aumento del paro. Es, por tanto, una crisis en la que lo que falta es la demanda privada. Para la CES, con estas políticas los déficit no disminuirán, las deudas públicas aumentarán (entre otras cosas, por la asunción de deudas privadas), el paro aumentará o se mantendrá en niveles muy altos durante varios años, las tensiones sociales se agravarán y los movimientos políticos involucionistas adquirirán relevancia.

En suma, la sangría presupuestaria, social y salarial, el incremento de los precios de las materias primas y la sobrevaloración del euro incitan a estancar la actividad económica. De hecho, en Grecia, Irlanda o Gran Bretaña el rigor no ha hecho sino aumentar el déficit público en lugar de reducirlo.

Los sindicatos que se manifiestan en Budapest demandan un gobierno económico europeo sí, pero otro tipo de gobierno. Un gobierno que quiera salvar a los Estados antes que a los bancos, que busque la cooperación macroeconómica en lugar de la concurrencia económica y fiscal, que establezca un equilibrio entre saneamiento y relanzamiento económico, que apueste política y presupuestariamente por un desarrollo sostenible, que emita eurobonos para neutralizar a los mercados y amortizar las deudas sin que la carga de los intereses lleve a algunos países a la quiebra, que establezca un presupuesto europeo realmente federal (1% el de la UE, 24% el de EEUU) y una mayor armonización fiscal progresiva. Y que se establezca en la UE una tasa sobre las transacciones financieras y un plan de relanzamiento económico. Con una tasa de un 0,05% se podrían recaudar al año más de 200 mil millones de euros, aumentar un 1,3% el crecimiento y crear 2 millones de empleos. Y con un plan de relanzamiento, como el que ha propuesto el Partido de los Socialistas Europeos en su última reunión de Atenas, cifrado en 800.000 millones de euros, se podrían crear otros 6 millones de puestos de trabajo, 8 millones en total.

No a la austeridad, por una Europa social, por salarios justos y por el empleo se manifestarán – se han manifestado ya en España, en Francia, en Inglaterra, en Portugal, en Grecia, en Bruselas, en Rumanía y en otros varios países – los trabajadores europeos este próximo sábado en Budapest. Seguramente no será la última acción, ni la más contundente, que necesiten llevar a cabo para evitar el dilema entre cooperación o desaparición en el que se debate la Unión Europea.