No he escuchado a nadie promocionar la práctica de los abortos, y estoy convencido de que la gran mayoría de los españoles queremos evitar ese trance a cualquier mujer. Todas las creencias religiosas y las convicciones morales son respetables en este asunto. Respetable es la posición de quien considera al concebido como un ser humano pleno dotado de alma propia y, en consecuencia, no admite la interrupción del embarazo. Y respetable es la posición de quien entiende que un ser humano no adquiere tal condición hasta el nacimiento.

El legislador ha de conocer y respetar todas las creencias y convicciones, pero ha de actuar conforme al marco jurídico vigente y el interés general. La doctrina constitucional española diferencia entre el bien jurídico del no nacido y los derechos humanos del nacido. Y vivimos en un Estado aconfesional que promulga sus leyes de manera autónoma respecto a dogmas religiosos y morales sectarios.

El Gobierno del PP ha decidido socavar la libertad de las mujeres, imponiendo a través de la ley un código religioso y moral que niega a las ciudadanas españolas la capacidad de decidir sobre su propia maternidad. Prácticamente todos los demás estamos a favor de proteger la libertad de las mujeres. Los primeros pretenden una ley de supuestos que penaliza la interrupción del embarazo, salvo en los casos de violación o riesgo para la vida de la madre. Los segundos queremos mantener una ley de plazos, que garantiza la decisión libre de las mujeres durante las primeras semanas de gestación.

La diferencia estriba en que la ley de plazos respeta la libertad y la convicción de todas las mujeres: las que deciden abortar y las que deciden no hacerlo. Mientras que la ley de supuestos condena a muchas mujeres a ser madres en contra de su voluntad, o a someterse a la decisión de médicos, curas y ministros en relación a su cuerpo y su vida.

Hay otras derivadas de interés en este debate. Por ejemplo, hay quienes manejan argumentos sanitarios, demográficos y económicos, defendiendo que el aborto legal pone en riesgo la salud de la mujer, que limita el crecimiento poblacional y que, incluso, dificulta la recuperación económica. Evidentemente, se trata de planteamientos falaces, porque está probado que la ilegalización del aborto no limita las interrupciones voluntarias de los embarazos, sino que los deriva a la práctica clandestina e insalubre para las mujeres sin recursos, y los desvía a las clínicas habilitadas en el extranjero para las mujeres con recursos.

Existe además cierta incongruencia en los argumentarios que defienden el supuesto derecho a la vida del concebido inocente, frente a la actitud insensible y cruel de la madre dispuesta al aborto, especialmente cuando se admite la interrupción del embarazo en determinados supuestos. ¿Hay menos “derecho a la vida” o menos inocencia en el concebido a partir de una violación? ¿Debe pagar el concebido por el pecado de su padre violador? No se sostiene.

El retroceso a una ley de supuestos arroja a España al rincón de los países más atrasados en materia de reconocimiento de los derechos de ciudadanía y las libertades civiles, cuando nuestro país había alcanzado un prestigio internacional muy relevante en esta materia, a partir de la legislación contra la violencia de género, el matrimonio homosexual o la propia ley de plazos aún vigente para la interrupción del embarazo.

El Gobierno y el PP han decidido dar satisfacción a una extrema derecha española un tanto enfadada por las subidas de impuestos y el tratamiento a los condenados por terrorismo. Y esta satisfacción pasa por sacrificar la libertad de las mujeres y el derecho a decidir sobre su propia maternidad.

No es el aborto. No. Es la libertad.