Recientemente, los interlocutores sociales han suscrito un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (III AENC), que servirá de referencia para la negociación colectiva de los próximos tres años. El Acuerdo es continuista a la hora de fijar los criterios para ahormar los convenios colectivos en torno a la moderación salarial, la mejora de las cifras de empleo y de los índices de precariedad de nuestro mercado de trabajo y, además, tiene la pretensión de resolver los problemas suscitados en la propia negociación colectiva (ultraactividad), como una de las consecuencias más nefastas de la aplicación de la reforma laboral del Partido Popular.

En coherencia con este Acuerdo, los salarios crecerán hasta el 1% en el año 2015, hasta el 1,5% en el año 2016 y, en el 2017, el incremento a aplicar a los salarios negociados en los convenios colectivos tendrá como referencia la evolución del PIB del año 2016 y el cuadro macroeconómico del Gobierno para el año 2017; la concreción del aumento se efectuará en los tres meses siguientes a la publicación del mencionado cuadro macroeconómico. Para garantizar el incremento salarial pactado, las partes incluyen una cláusula de revisión para el supuesto de que la subida de precios acumulada de 2015 y 2016 supere el aumento salarial pactado (2,5%). En ese caso, los salarios se incrementarán en todo el exceso si la subida acordada se hubiera situado en el 2,5% y, si estuviera por debajo, los salarios aumentarían en una parte del exceso: la equivalente a la proporción que guarda el aumento salarial acumulado inicial y el 2,5%.

Por lo tanto, si no hay nadie que lo remedie, en un nuevo escenario político, el III AENC convivirá con la reforma laboral, la congelación de las retribuciones de los empleados públicos, la previsible pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, la fuerte caída de la prestación por desempleo y un Salario Mínimo (SMI) muy alejado de las reivindicaciones sindicales (y del 60% del salario medio que recoge la Carta Social Europea). Además, lo hará también con la apropiación unilateral y exclusiva de los beneficios (por los empresarios) que se generan por el aumento de la productividad y, como consecuencia, con una fuerte transferencia de rentas del trabajo al capital desconocida hasta ahora. Ello pone de manifiesto una acción sindical pragmática (defensiva), de marcado carácter institucional y encaminada a limitar daños en un contexto económico y social particularmente difícil y con una relación de fuerzas sindical muy negativa.

A pesar de estas circunstancias, el Acuerdo está siendo valorado muy positivamente y está llamado a ser muy beneficioso para reactivar la golpeada negociación colectiva (aumentar la tasa de cobertura) en sectores y empresas y avanzar en el combate contra los puntos más negativos de la reforma laboral, sin que ello signifique renunciar a su completa derogación.

CCOO y UGT ponen de manifiesto con inusitada rotundidad que, con el Acuerdo, no tienen cabida las políticas de recorte del gasto público indiscriminado y que la política salarial va a contribuir al crecimiento de la economía -porque ganan poder de compra los salarios-, en clara respuesta a las autoridades de la UE que siguen proponiendo más moderación salarial. De la misma manera señalan que, con este nuevo Acuerdo, no tienen cabida reformas unilaterales relacionadas con las condiciones de trabajo en las empresas, ante otra hipotética vuelta de tuerca a la reforma laboral, como viene proponiendo el FMI, la OCDE y la Comisión Europea.

El objetivo más importante del Acuerdo sigue siendo el empleo de calidad en respuesta al escandaloso desempleo (seis de cada diez desempleados llevan más de un año buscando trabajo) y a la elevada precariedad de nuestro mercado de trabajo, que es lo que justifica en último término la nueva moderación salarial acordada. Además, en el Acuerdo se hacen recomendaciones para introducir diversas materias en los convenios de sectores y empresas: modificación de las condiciones de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo, inaplicación de convenios, renovación de convenios (ultraactividad), modalidades de contratación (se apuesta sobre todo por la contratación indefinida de los jóvenes y de las personas discapacitadas), igualdad de trato y de oportunidades, procesos de reestructuración de empresas, derechos de información y consulta, seguridad y salud en el trabajo, sistemas de solución autónoma de conflictos…

Sin embargo, y a pesar de esta valoración positiva, el Acuerdo no está exento de críticas. Para no pocos trabajadores resulta pobre e insuficiente (además en un año electoral), con inflación negativa (consumo deprimido) y, sobre todo, cuando no se ha negociado la productividad, ni la recuperación de la brusca caída de los salarios más bajos. Y, además, los críticos señalan que, si bien estamos saliendo de la recesión (no de la crisis), se necesita apuntalar el crecimiento de la economía mejorando notablemente el consumo responsable a través de un mayor incremento de salarios.

Incluso, algunos exigen, desde su experiencia, que se revise la estrategia relacionada con la firma de grandes acuerdos que establecen topes salariales para todas las empresas sin distinción (pero no topes al reparto de dividendos y de beneficios). Lo que quiere decir que los topes salariales obligan también a empresas con grandes plusvalías (y salarios altísimos de los ejecutivos) y, por lo tanto, no debe extrañar que los trabajadores de esas empresas protesten y no quieran renunciar, de ninguna manera, al aumento de sus salarios. La situación se agudiza por la carencia absoluta de garantías salariales mínimas y porque no se frenan los posibles descuelgues de las empresas del convenio superior, tal como se contempla en la reforma laboral.

En coherencia con ello, los críticos del Acuerdo defienden un sindicalismo más de combate, pegado a la realidad de las empresas, al sentir mayoritario de los trabajadores (recuperar la credibilidad perdida), empecinados en arrancar logros de manera autónoma en los centros de trabajo (músculo sindical), en potenciar una negociación colectiva más descentralizada, ante los escasos logros que viene consiguiendo la concertación social y la presencia de los sindicatos en las instituciones y, desde luego, radicalmente en contra de la reforma laboral y de que aparezcan los sindicatos como corresponsables de las políticas de austeridad y ajuste del Gobierno.

Para equilibrar la desfavorable situación actual, los sindicatos deben fortalecer considerablemente sus estructuras organizativas y su afiliación y eso sólo se puede lograr en torno a la acción sindical y a la negociación colectiva (un sindicato que no negocia paulatinamente muere), que representa el mejor instrumento para garantizar una relación de fuerzas positiva y responder a colectivos con escasa relación con el movimiento sindical organizado: desempleados (jóvenes y parados de larga duración), precarios, inmigrantes, subcontratados, falsos autónomos… Ello exige que los acuerdos por arriba sean compatibles con una negociación colectiva más descentralizada (articulación de convenios), que aborde, entre otras materias, la participación sindical en la empresa (información y consulta) y el reparto de los beneficios que se generan por un aumento de la productividad. De la misma manera, los acuerdos de concertación deben ser compatibles con otros cauces de negociación (en este caso con el Gobierno) y de lucha para proteger a colectivos que no tienen ni siquiera el amparo de un convenio (pobres, marginados, excluidos sociales, dependientes del SMI…).

En todo caso, es el momento de impulsar con decisión la negociación colectiva en los centros de trabajo y en los diversos sectores de producción y servicios (muy retrasada), fomentando la participación de los trabajadores en la elaboración de las plataformas reivindicativas, así como en la aprobación final del contenido de los convenios (práctica sindical olvidada en la actualidad). Ello requerirá un esfuerzo considerable de las secciones sindicales, delegados y comités de empresa, que terminará por enriquecer el contenido de los convenios y, lo que es más importante, por garantizar que éstos se cumplan en todos sus términos.

Quedan todavía pendientes otras necesidades de mayor rango si cabe: Un Plan de Choque contra el desempleo en la UE (Plan de Inversión de la Confederación Europea de Sindicatos), recuperar nuestro maltratado sistema de protección social (pensiones, dependencia, desempleo y renta mínima de subsistencia), impulsar una política fiscal sostenible y eficaz contra el fraude y la economía sumergida, reformar el sistema financiero (banca pública en torno a Bankia), aplicar la democracia económica en las empresas (centralidad del trabajo), frenar el deterioro de los servicios públicos (educación y sanidad principalmente) y, finalmente, apostar por un nuevo modelo productivo que impulse el sector industrial, la tecnología, la innovación, la logística, el aumento del tamaño de las empresas y la mejora de la organización en los centros de trabajo.

Este es el mejor camino para avanzar hacia la modernidad y hacia una economía más competitiva, basada en un crecimiento razonable, más justo y más sostenible en términos sociales y medioambientales. Una política de estas características puede ayudar considerablemente a la consolidación de la democracia participativa y, sobre todo, a superar el desempleo, la fuerte desigualdad y la escandalosa pobreza que nos abochorna a todos.

Estaremos atentos…