No hay duda de que la degradación del bienestar de la mayoría, con el ataque y priorización de los intereses particulares (de los amigos y clientes) sobre los intereses generales; la corrupción como forma extrema de hacer prevaler esos intereses particulares sobre los generales; el derecho local a decidir y su balance sobre el derecho a decidir general de todos los ciudadanos en el problema catalán (o el derecho de nadie, como practica el Gobierno actual); o la desafección de la población hacia los políticos que han representado hasta ahora a la mayoría de la población, son los problemas que preocupan a la mayoría de la sociedad actual, y los que necesitan una respuesta más radical, inteligente y rápida, previamente a que las previsibles próximas elecciones catalanas, y las seguras locales y generales, lleven a unos Escenarios poco deseables para el buen gobierno de este país.
Pero lo que está ocurriendo con las reformas de las regulaciones de incidencia territorial y que afectan al Patrimonio natural de los españoles, no es más que otro ejemplo de esa subordinación de los intereses generales a los intereses económicos de determinados particulares: en concreto, de los propietarios de un suelo cuyas características naturales (biodiversidad, ecosistemas, paisaje, soporte de riesgos para la población, etc.) les hacen de mucho mayor valor para el conjunto de las personas, actuales y futuras, de España, que el margen económico que obtienen esos propietarios de las modificaciones legales promovidas por el Partido Popular (posibilitar la caza y ciertas actividades remuneradas en los Parques Nacionales, minusvalorando los beneficios de su conservación; promover la realización de actividades en espacios protegidos –Red Natura 2000- con grave riesgo potencial para los ecosistemas que las caracterizan, etc.
De manera genérica podemos decir que el patrimonio natural de un país está integrado por los ecosistemas (conjunto de organismos vivos –biocenosis- y el medio físico donde se relacionan –biotopo) que constituyen unidades compuestas de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. La pérdida de la biodiversidad que integran estos ecosistemas no es sólo una pérdida de un patrimonio natural que no nos pertenece sólo a las generaciones presentes; es también un atentado contra los recursos y cadenas tróficas que sostienen la vida en el planeta. Porque es preciso reiterar de forma continua -hasta que el mensaje cale en la población- que las funciones y servicios que proveen los ecosistemas son fundamentales para el sostenimiento de la vida en la Tierra, o para la seguridad alimentaria de la población que la habita.
Por ello, la destrucción de biodiversidad o la transformación de ecosistemas degradando sus funciones y servicios naturales, es, finalmente, un atentado contra la salud y las posibilidades de buen vivir de los humanos en el Planeta tierra. Y eso es lo que está haciendo este Gobierno y el Partido Popular con la reforma de leyes de protección del patrimonio natural, realizadas por Gobiernos del Partido Socialista. Reformas que están incidiendo de manera generalizada -y a veces irreversible- sobre elementos fundamentales de nuestro patrimonio: las costas, con la subordinación de riesgos e intereses generales a intereses económicos, a corto plazo, de unos pocos propietarios del suelo, fuertemente beneficiados; Parques Nacionales o espacios protegidos, con propuestas normativas que ponen en riesgo los objetivos de su conservación, nuevamente para beneficiar a unos pocos propietarios de los suelos afectados; leyes de impacto ambiental favorecedoras del negocio frente a la riqueza y calidad ambiental, en un marco en que los ciudadanos soportan, cada vez con mayor frecuencia, niveles de contaminación en sus ciudades fuertemente agresivos sobre su salud; y un largo etcétera donde la excepción a esta filosofía de subordinar lo general a lo particular no abunda.
El problema es que esta política del Partido Popular colabora en la denominada “sexta extinción de especies” que describe la fuerte pérdida de biodiversidad que, por sexta vez, se produce en el Planeta; pero con la peculiaridad de que en esta ocasión, por primera vez, es la depredación humana la responsable de la misma, asociada a la destrucción de hábitats, ya sea por su ocupación o afección, o por una promoción de la caza y de la pesca hasta niveles insostenibles. En las anteriores cinco grandes extinciones las pérdidas de biodiversidad estuvieron asociadas a catástrofes naturales de las que no estamos absolutamente a salvo, aunque su probabilidad de ocurrencia sea muy pequeña. En los aproximadamente 600 millones de años con animales poblando la Tierra, las cinco extinciones anteriores se han debido al vulcanismo, a impactos de meteoritos, o a otras causas naturales todavía no totalmente definidas.
En la actualidad, con las agresiones antrópicas, según la Unión Mundial para la Naturaleza (http://www.iucn.org/es/) cada año se extinguen o se sitúan en riesgo de extinción entre 10.000 y 50.000 especies. Los últimos datos disponibles de distintas fuentes señalan que 322 especies de vertebrados terrestres se han extinguido desde los inicios del siglo XVI; que se ha producido una reducción media de entre el 25 y el 28% en el número de individuos del resto de estas especies; que se ha producido una reducción del 45% en la población de los dos tercios de especies examinadas de invertebrados; y que, de manera global, se puede estimar que entre el 16% y el 33% de todas las especies vivas de vertebrados están amenazadas o “en peligro” de forma global. La nueva lista roja de aves de 2014 (http://www.iucnredlist.org/) muestra que de las 10.425 especies de aves identificadas en todo el mundo, una de cada ocho (el 13%) están amenazadas de extinción.
Hace un mes (30 de septiembre de 2014) WWF presentaba en Madrid su “Living Planet Report 2014” (http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/) un informe con creciente reconocimiento científico mundial, en el que actualizaba a 2010 sus datos respecto a cuestiones básicas desde la perspectiva de la biodiversidad y de la sostenibilidad ambiental. Así, recogía la evolución del Índice Planeta Vivo (IPV) global(1), señalando que éste “presenta una disminución del 52 por ciento entre 1970 y 2010, lo que indica que, en promedio, el tamaño de las poblaciones de especies de vertebrados en el mundo se ha reducido en más de la mitad en los últimos 40 años”. También se destaca en este Informe que las especies terrestres han disminuido un 39% entre 1970 y 2010; las de agua dulce registran una disminución promedio del 76% y las marinas de un 39%.
Esta acelerada degradación del Patrimonio natural de la Humanidad es un problema global, que el actual Gobierno del partido popular no sólo no ayuda a resolver, sino que consigue agravar. Porque estos problemas están fundamentalmente asociados a cinco factores principales:
1. La transformación de los usos del suelo, con un creciente peso de la artificialización y urbanización del territorio, que ha pasado de representar del orden de un 0,2% de la superficie del Planeta, en 2000, a un 0,6% (triplicándose) en 2013 -FAO (2014).- “Global Land Cover-Share” (http://www.glcn.org/databases/lc_glcshare_en.jsp). Al mismo tiempo, la población urbana sigue creciendo a un ritmo acelerado, con un 53% del total de la población residiendo en áreas urbanas en 2012. España posee del orden del 5% de su territorio artificializado por urbanizaciones o infraestructuras, y un 8% de territorio adicional en peligro de ser transformado por la implantación de ese tipo de actuaciones para los próximos diez años. En total, un 13% de su superficie, frente a cerca de un 28% que, tras la aprobación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, propuesta por un Ministerio de Medio Ambiente socialista (diciembre de 2007) puede considerarse aceptablemente protegida contra la señalada artificialización; y que, en teoría, debería destinarse a la conservación y puesta en valor sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas presentes en la misma, de una manera compatible con una utilización y puesta en valor racional y sostenible por parte de sus propietarios. La modificación de esta Ley propuesta por el Gobierno del partido popular afecta radicalmente a este objetivo, haciendo desaparecer restricciones al uso que los propietarios pueden dar a estos terrenos protegidos. Y lo que es aún más grave, hay que señalar que del total de la superficie española, sólo del orden del 0,7% debe dedicarse estricta y prioritariamente a la conservación de los ecosistemas naturales más característicos del Patrimonio natural español, según la Ley vigente de Parques Nacionales también promovida por el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno socialista de la legislatura 2004-2008; y nuevamente el Gobierno del Partido Popular, y las modificaciones introducidas por éste en el Senado, promueve una reforma que cuestiona esta conservación, en incluso tan exigua parte del territorio nacional.
2. La deforestación. Según los datos del Banco Mundial -septiembre 2014- entre 1990 y 2011 se han perdido 1,4 millones de km2 de bosques en el mundo, más del 3% de la superficie existente en 1990, con especial incidencia en los países de bajo nivel de renta, en Iberoamérica y el África Subsahariana. Según la FAO (2014)(2) la superficie forestal ha pasado a representar del 29,4% del total de los usos del suelo, en el año 2000, al 27,7% en 2013, destacando quela deforestación implica un problema especialmente grave por la pérdida de beneficios y de soporte a las condiciones de vida de una parte importante de la población del planeta. La pérdida de unos 13 millones de hectáreas de bosques al año, implica el equivalente a un 12 % de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. El crecimiento de la población mundial y la demanda cada vez mayor de producción de alimentos, madera y fibras, cuestionan el mantenimiento de la superficie forestal. La Declaración de los Bosques de Nueva York (septiembre de 2014) ambiciona reducir a la mitad la pérdida de superficie forestal hasta 2020 y frenarla totalmente para 2030; pero sólo 36 países (con la grave ausencia de Brasil) firmaron otro acuerdo para frenar la deforestación y recuperar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas. En España la superficie forestal arbolada ocupa unos 183.727 Km2 y la desarbolada unos 93.385 km2 adicionales, lo que da lugar a que cerca del 55% del territorio nacional pueda considerarse forestal, y el 36% arbolado, gran parte del cual se integra dentro del conjunto de espacios protegidos regulados por la legislación vigente que se pretende reformar. El fuerte proceso de despoblamiento del medio rural y el abandono de tierras dedicadas al cultivo agrario, explican esta elevada cifra y su evolución en el tiempo. Las modificaciones legislativas pretendidas se intentan justificar como política para evitar estos procesos, lo que, por desgracia, ni es cierto, ni las consecuencias negativas de las mismas compensan el escaso beneficio derivable al respecto para los propietarios de las tierras afectadas.
3. La contaminaciónderivada de la progresiva urbanización y del incremento de gases, partículas contaminantes y residuos asociados a esa población urbana y a la industrialización y transporte (asociado al incremento del comercio mundial); pero también la contaminación derivada de los fertilizantes y pesticidas agrícolas, los organismos genéticamente modificados, la ganadería intensiva, etc. El Anuario de la UNEP para 2014 (http://www.unep.org/yearbook/2014/), considerada la contaminación del aire como el peor problema ambiental, no sólo por sus efectos sobre los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, sino, también, por sus graves riesgos para la salud (se estima que 7 millones de personas murieron en 2012 por esta contaminación, creciendo la cifra, entre 2005 y 2010, a una tasa anual del 4%).La pérdida de espacios protegidos y la ampliación del desarrollo de actividades contaminantes en ellos, como de hecho se produce por las modificaciones legislativas previstas en las leyes de Parques Nacionales y Patrimonio Natural y Biodiversidad vigentes en España, significan un grave deterioro de los servicios de absorción de gases de efecto invernadero y de reducción de los niveles de contaminación atmosférica asociados a estos espacios; lo que claramente incide en un empeoramiento de la ya muy grave situación de los niveles de contaminación en las principales regiones funcionales urbanas españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, etc.).
4. La sobrepesca y la pesca destructiva, acompañada del creciente proceso de deterioro ambiental de nuestros océanos. En 2008 el Banco Mundial publicaba un estudio (http://www-wds.worldbank.org/external/ default/WDSContentServer/DSP/IB/2008/10/22/000333037_20081022015328/Rendered/ PDF/461930WP0Box331kenBillions01PUBLIC1.pdf) que mostraba que un tercio de la pesca oceánica del mundo estaba sobre explotada o agotada; y estimaba que la capacidad de pesca de los sistemas pesqueros del Planeta era 2,5 veces mayor que los niveles sostenibles de captura, lo que generaba unos océanos cada vez biológicamente más deteriorados y nos llevaba a consecuencias económicas y ecológicas cada vez más graves e irreversibles. Adicionalmente, en el estudio se señalaba que a la sobreexplotación pesquera había que sumar los problemas asociados al Calentamiento Global de los mares, y a sus crecientes niveles de contaminación por la actividad humana (basura, contaminación industrial y urbana, nutrientes agrícolas no tratados, o el plástico). La incidencia de la sobrecapacidad pesquera de la flota Española es sobradamente conocida. Y la pérdida de biocapacidad de nuestras áreas de influencia pesquera notoria. La necesidad de incluir espacios marítimos con protección pesquera y del conjunto de sus ecosistemas es evidente. Las modificaciones previstas no ayudan en esta línea, aunque efectivamente está habiendo un desarrollo muy positivo en la superficie marítima protegida, desde 2008 hasta la actualidad.
5. La creciente presión sobre los recursos hídricos del Planeta, que implica una incidencia o insuficiencia creciente de agua para los frágiles hábitats y el medio ambiente.Fundamentalmente el problema se deriva de los consumos agrícolas en una sociedad de consumo creciente, y del aumento de la población y de su urbanización, que implica mayores consumos de agua por motivos industriales (incluida la generación energética) y de abastecimiento; a la vez que se produce una generación de mayores niveles de contaminación hídrica urbana, industrial y agrícola. La reforma de la Ley de Aguas acometida en 2005 y la retrasada Planificación Hidrológica de nuestras cuencas hídricas, deberían haber incorporado caudales ecológicos en nuestros ríos y asegurado niveles de agua, en calidad y cantidad adecuada a la supervivencia de nuestros principales espacios protegidos. Lamentablemente eso ha vuelto a no ser así con la intensidad y efectividad requerida, subordinando nuevamente, en la práctica, los usos ambientales del agua a las necesidades hídricas de la agricultura de regadío, con una visión de consecuencias miopes a los efectos sobre el conjunto de los hidrosistemas a largo plazo.
Se estima que para poder proteger la biodiversidad adecuadamente en el Planeta, al menos un 30% de los ecosistemas del mundo deberían estar protegidos, situación muy distante a la actual, ya que sólo se han establecido en el mundo del orden de 100.000 áreas protegidas, que suman escasamente algo más de 17 millones de km2 en tierra, y más de 2 millones de km2 en los océanos (del orden de un 2% de los mares que representan del orden del 71% de la superficie del planeta). En el caso de la UE-28, se han establecido 27.308 lugares Natura 2000 terrestres y 2.960 lugares Natura 2000 marinos (a 31 de diciembre de 2013) con una superficie terrestre de 787.767 km2, lo que representa el 18% de su superficie, y marina de 251.565 km2.En España un 27% de su superficie terrestre está en la actualidad efectivamente protegida, aunque en riesgo de perder mucha de ella la eficacia de esta protección por el citado intento de revisión, por el Gobierno actual, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Adicionalmente, esta protección es claramente insuficiente, tanto por el escaso tamaño medio de estas áreas protegidas (casi dos terceras partes de las terrestres y un tercio de las marinas tienen una superficie del orden o inferior a 1 km2, a nivel mundial) como por la escasa efectividad de esta protección desde el punto de vista de la gestión y del cumplimiento de las restricciones que les son aplicables (se estima que en menos del 6% de la superficie terrestre y del 1% de la marina protegidas esa protección es realmente efectiva(3)).
La última modificación incorporada a la reforma de la Ley de Parques Nacionales en el Senado anula la prohibición de que, a partir de 2017 se prohíba la caza comercial en los mismos, prolongando indefinidamente la situación actual, transitoria, asumida para determinados Parques Nacionales, con claro beneficio para los terratenientes propietarios de fincas en los mismos, que aumentan así sus rentas y su valor de incorporación al patrimonio público, en su caso, con merma de la función ambiental de estos espacios (cierre a su contemplación por cierre de los senderos de visita ante el riesgo ante los cazadores) y a la pérdida de protección y conservación de sus ecosistemas. Los efectos de las modificaciones introducidas en la legislación vigente pueden ser todavía mucho más graves, por la filosofía implícita en la nueva regulación de que sean los propietarios de los terrenos los que, de forma efectiva, establezcan la entrada en vigor del régimen jurídico de protección en los Parques.
Respecto al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su Exposición de Motivos se citan varias razones que, teóricamente, justificarían las modificaciones que se pretenden introducir en el texto de la Ley vigente. Estas motivaciones van desde “incorporar en nuestro ordenamiento jurídico los principales objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020”; “adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento UE Nº 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión”; a supuestas y discutibles “mejoras” en la transposición de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, o de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Pero ya desde el principio de la Exposición de Motivos se hace referencia a la verdadera “causa común” que se ha utilizado en distintas leyes ambientales para justificar una modificación que, finamente, ha consistido en la desprotección ambiental para incidir en la promoción economicista, a veces con tintes claramente clientelares. La gravedad de la modificación no es menor en este caso, ya que expresamente se señala que el objeto de modificar la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es el de “simplificar y mejorar ciertos aspectos de su aplicación, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los espacios protegidos”. “Simplificar y mejorar” que ya hemos visto en qué consiste en casos anteriores, y que en este no es una excepción. Así, una primera simplificación tiene claramente que ver con la escasa valoración que el actual Gobierno concede a la Información y al Conocimiento, y con su innata tendencia a disminuir las labores de una Administración Pública crecientemente externalizada y empequeñecida, en técnicos y funcionarios que garanticen los intereses generales de la sociedad; sobre todo en sus aspectos medioambientales, que no han dejado de ser minusvalorados y subordinados a intereses particulares, en los tres años del presente Gobierno popular.
De hecho, el modificar el artículo 11 de la Ley vigente “con el fin de simplificar el contenido de los Informes anuales sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para que sean más sintéticos”, establecen que sólo se llevan a cabo cada seis años. Proceso que va en el mismo sentido de haber hecho desaparecer el Observatorio de Sostenibilidad Española (OSE) –creado por el Ministerio de Medio Ambiente socialista en 2005- cuyos informes anuales no eran precisamente del agrado de este Gobierno, que prefiere no afrontar los problemas, porque le es mucho más eficiente esconderlos. Y no cabe hablar de grandes costes o complicaciones, porque una vez realizada la Estructura de los Indicadores y del Informe sobre el Estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, su actualización anual y la valoración de los cambios producidos, es un trabajo que sólo el Estado puede realizar con garantía, eficiencia y bajo coste; y sólo así es factible un seguimiento público de la biodiversidad y del estado de los ecosistemas españoles, siendo prácticamente inviable de realizar para la comunidad científica sin este apoyo estatal.
Naturalmente, si se realizan cada seis años, es perfectamente factible ocultar fechorías e ineficiencias ambientales y contra la sostenibilidad de los ecosistemas hasta la siguiente legislatura y Gobierno, acallando las críticas o denuncias ante la Comisión Europea que se pudieran derivar del conocimiento de los mismos. Y menos mal que no tienen más remedio que mantenerlos cada seis años, porque no pueden evitar la obligación de elevar dicho informe sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a la Comisión Europea con esa periodicidad.
Pero los problemas más claros –y asociados al cambio anterior- de la “modificación” que muestran los objetivos más graves de la misma, se sitúan en el mismo epígrafe que ha estado en la base de las modificaciones de otras leyes ambientales y que, cínicamente, se incluyen bajo la justificación común de “medidas destinadas a fomentar el apoyo de las Administraciones Públicas a las actividades económicas compatibles con la conservación de los espacios naturales protegidos que contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo”. Con esta coletilla, el principio fundamental de Naciones Unidas y de la Unión Europea de “conservar y proteger los ecosistemas frenando la pérdida de biodiversidad” se sustituye por el de “compatibilidad con la actividad económica”. Y como sólo cada seis años vamos a conocer sus efectos, las posibles “compatibilidades” supuestas, cuando se demuestre su incompatibilidad, ya no tendrán solución para los ecosistemas o biodiversidad afectados. Pero, si ya no hay solución, se descataloga el espacio y listo.
La actividad económica en beneficio del propietario del terreno sí podrá seguir existiendo sin necesidad de investigar si en otra localización, sin afectar al Patrimonio Natural de los Españoles, esa misma actividad no habría tenido los mismos o mejores efectos. Porque el cambio en la regulación no pretende fomentar el empleo y la actividad, sino favorecer al propietario de un terreno sobre el que la Ley ha establecido un uso restringido por sus valores naturales –a veces insustituibles- en función de lo que la Constitución Española establece sobre la función social de la propiedad (artículo 33) y del derecho a un medio ambiente y un patrimonio natural protegido adecuado para el desarrollo de la persona (artículo 45).
Efectivamente esta agresión al Patrimonio natural español no tiene la gravedad coyuntural de los problemas socioeconómicos a que nos ha conducido el modelo de sociedad capitalista actual. Pero es un elemento más que tiende a desvalorizar el patrimonio, la salud y las posibilidades de bien-estar de los españoles actuales y futuros, en beneficio, nuevamente, de una propiedad el suelo, por otra parte cada vez más concentrada en un medio rural en progresivo abandono, en terratenientes que ven revalorizado su patrimonio.
_________________________
(1) El IPV se basa en las tendencias de 10.380 poblaciones, que incorporan 3.038 especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.
(2) FAO (2014) “Global Land Cover-Share” (http://www.glcn.org/databases/lc_glcshare_en.jsp)
(3) Mora, C. & Sale, P.F. (2011).- “Ongoing global biodiversity loss and the need to move beyond protected areas: a review of the technical and practical shortcomings of protected areas on land and sea”. MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES. Vol. 434: 251–266, 2011. (http://www.int-res.com/articles/theme/m434p251.pdf).
