El déficit y la deuda pública siguen marcando la agenda económica (al margen del empleo) y, en coherencia con ello, todo el paquete de medidas está encaminado a secundar las políticas neoliberales con la finalidad de consolidar el ajuste fiscal en la UE que, se presume sin mucho fundamento, garantizará el pago de la deuda generada en cada uno de los países en los próximos años. Después de la investidura, Rajoy ha querido dejar muy claro que su gobierno será el “campeón” en el combate contra el déficit público en el seno de la UE, cuando lo que debería ser es el primero en la lucha contra el desempleo, como prometió en la campaña electoral.

Los principales paganos-además de la inversión pública- son los castigados de siempre: funcionarios (se congelan sus retribuciones y se reduce drásticamente la reposición de las bajas de los servicios públicos básicos al 10%); perceptores del SMI; personas ligadas al IPREM (indicador de referencia para determinar la cuantía de determinadas prestaciones y determinados beneficios: subsidio de desempleo, becas, ayudas para vivienda…); impuesto de bienes inmuebles (IBI); personas dependientes; rentas de emancipación de jóvenes; investigación científica y tecnológica; y la clase media en general, que verá sus nóminas reducidas por el incremento del IRPF.

El magro incremento de las pensiones (el aumento supone 8,11 euros mensuales más en la pensión media), por debajo de las previsiones de inflación para este año, según la mayoría de los analistas, quedará en nada; incluso, muchos pensionistas (aproximadamente la mitad) cobrarán menos ante el incremento del IRPF. La única medida positiva se refiere a la prórroga de los 400 euros a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo (plan PREPARA), aunque nuevamente se establece sólo para seis meses. Sin embargo, nada se dice por el momento del considerable número de desempleados que están perdiendo en la actualidad su prestación por desempleo (situándose la tasa de cobertura en el 69,2%, en diciembre de 2011, frente al 76% del mismo mes del año anterior), lo que significa que más de un millón y medio de desempleados carecen de prestación.

Lo peor de la situación es que todavía quedan pendientes duras medidas que ya se están tomando a la entrega de este texto (segundo paquete de ajuste), además de las que finalmente se contemplarán en los presupuestos generales del Estado para este año, que están previstos que se aprueben en el próximo mes de marzo. Por ejemplo: el incremento del IVA, con el argumento de que este impuesto indirecto está por debajo de la media europea, además de la reforma laboral, de la negociación colectiva y del sistema financiero, entre otras medidas.

El mensaje del gobierno es determinante: hay que reducir el déficit público que superará el 6,5% comprometido para este año y mejorar la competitividad de las empresas procediendo a una drástica devaluación de los salarios (incumpliendo si es preciso los acuerdos vigentes que ya contemplan la moderación salarial) y del costo de los despidos en las empresas (en este sentido se ha planteado la próxima reforma laboral).

Se sigue, por lo tanto, apostando por transferir rentas del trabajo al capital y por ayudar a las empresas (en sus márgenes de beneficios) a las que se les mantienen las subvenciones por contratación (más de 3.000 millones de euros), sin ninguna garantía de que estas ayudas repercutan en el empleo.

Esta política se endurece ante la ausencia de medidas de carácter fiscal que redistribuyan el costo de la crisis. La exigible reforma fiscal en profundidad brilla por su ausencia y se sigue sin abordar el fraude fiscal y la economía sumergida que, según GESTHA (Técnicos de Hacienda), podría conducirnos a reducir considerablemente el déficit y la deuda, y llevar a cabo medidas de relanzamiento económico y de creación de empleo sin necesidad de recortes fiscales. Tampoco se aborda penalizar a las grandes fortunas y a las SICAV, recuperar el impuesto de patrimonio y de sucesiones y, mucho menos, gravar las transferencias financieras y trabajar en el seno de la UE por erradicar los paraísos fiscales.

Sobre el sistema financiero, que debe garantizar la canalización de créditos a familias y empresas, no se ha tomado ninguna medida (el gobierno anuncia que tomará medidas próximamente) y tampoco sobre el inmovilizado del suelo y del ladrillo, a pesar de los temores fundados sobre la constitución de un “banco malo” financiado por todos los contribuyentes. En esta materia, simplemente se recupera la subvención a la compra de la primera vivienda; una medida de resultado incierto en cuanto a su eficacia y que, además, resulta injusta y regresiva y anula las políticas encaminadas a impulsar la vivienda de alquiler del anterior gobierno. Sin duda, los beneficiarios de esta medida no serán otros que los promotores inmobiliarios y los bancos con un parque amplio de viviendas en sus carteras.

Una política de estas características resulta también contradictoria con el necesario cambio de modelo productivo y ello puede explicar el recorte de las ayudas y subvenciones a la investigación científica y tecnológica que terminará por consolidar un modelo productivo ya obsoleto. Efectivamente, se sigue apostando por recuperar el empleo precario y poco cualificado reactivando el actual modelo ya fracasado basado en la especulación en el mercado de la vivienda- que ha sido uno de los culpables de la crisis- y en la explotación intensiva de mano de obra aprovechando los bajos salarios y el creciente desempleo, que han terminado por conformar una bolsa de trabajo inagotable, lo que facilita la propuesta de los empresarios relativa a los empleos basura (“miniempleos”). Una política, por lo tanto, al margen del conocimiento, la cualificación y la innovación, como elementos básicos de una economía moderna, competitiva y con perspectivas de futuro.

La contestación política a estas medidas ha sido moderada, a pesar de la gravedad de las mismas. El PSOE sigue pendiente de su congreso lo que debilita su labor de oposición, además de tener que recuperar la credibilidad perdida en su acción de gobierno, lo que llevará tiempo y dosis de rigor para explicar su labor de oposición y la contradicción que esto puede representar con alguna de las medidas del anterior gobierno. Ello deja a IU con un gran margen de maniobra a la hora de defender las políticas de izquierda, que se concretan en la defensa del Estado de bienestar social. La duda es si IU va a ser capaz de llevar a cabo una política rigurosa en la oposición, sin radicalismos y demagogia en la defensa de sus postulados y que sea creíble para la ciudadanía.

Mientras tanto, los interlocutores sociales siguen apostando por el diálogo social y buscan alcanzar a corto plazo un acuerdo que signifique avanzar en el combate a la crisis garantizando la cohesión social.

En este contexto político, económico y social la capacidad de maniobra de los sindicatos está bajo mínimos. Por eso, al margen de asuntos importantes pero de menor calado (mutuas y absentismo, días festivos, solución extrajudicial de conflictos…), no será fácil un acuerdo en la reforma laboral, ni en la reforma de la negociación colectiva, ni en los salarios- que traerán más recortes- como pretenden los empresarios. Reformas que, seguramente, terminará por imponer el gobierno si no hay acuerdo, lo que no deja de ser preocupante si nos atenemos a experiencias de reformas impuestas a los sindicatos en épocas pasadas que han resultado un fracaso, sobre todo cuando la reforma laboral no es la panacea que vaya a crear empleo.

Por eso los sindicatos deben reflexionar en profundidad sobre su actuación a corto y medio plazo. En una etapa donde la economía entrará en recesión a lo largo del presente año y el desempleo superará ampliamente los cinco millones de parados, los sindicatos deberán repensar su apuesta decidida por los grandes acuerdos (sólo posibles con nuevas concesiones), puesto que deberán convivir con una política económica que ya está perjudicando a los más débiles y eso es muy difícil que lo entiendan los trabajadores. Debemos también recordar que el movimiento obrero está muy desmovilizado por la crisis y esto también debe ser analizado por si tiene alguna relación con una política basada prioritariamente en los últimos años en la concertación social, cuando precisamente los trabajadores esperan que los sindicatos sean más agresivos en la respuesta a la crisis y, por lo tanto, que las movilizaciones sociales se impulsen, cuando menos, en torno a la negociación colectiva de sectores y empresas que siguen repartiendo dividendos y pagando sueldos escandalosos a sus directivos.

En todo caso, hay que responder a la pretensión de la CEOE de devaluar, aún más, los salarios y de seguir frenando la renovación de los convenios; sobre todo, cuando esto no evita la destrucción de empleo. Esto se produce al amparo de la durísima decisión del gobierno de congelar el SMI, la retribución de los empleados públicos y el incremento del IRPF, a lo que hay que añadir la evolución del IPC- situado finalmente en el 2,4% en el año 2011-, que ha significado una nueva pérdida del poder adquisitivo de muchos trabajadores.

Por eso, a pesar del ejercicio de responsabilidad del que están haciendo gala los sindicatos, muchos trabajadores se preguntan: ¿Un acuerdo con qué contenidos y para qué?, ante la actual correlación de fuerzas muy favorable al gobierno y a los empresarios que, además, han venido incumpliendo con reiteración acuerdos firmados de moderación salarial con los sindicatos. Un acuerdo que, si se produce, va a beneficiar al actual gobierno y a la CEOE y donde los sindicatos, como mucho, conseguirán moderar los ataques que están sufriendo el Estado de bienestar social y los logros conseguidos por los trabajadores después de años y de mucho sufrimiento.