En todo caso, entre las múltiples y malas noticias que han ensombrecido durante los últimos días las perspectivas de la Administración Obama, es preciso destacar una que, por su trascendencia, implica uno de los mayores cambios experimentados en la vida política norteamericana de los últimos cincuenta años. Se trata de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado 21 de enero que eliminó cualquier límite a la financiación por parte de empresas privadas a las campañas políticas. El Alto Tribunal entiende que esa limitación supone una violación de la primera enmienda a la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, y que debe aplicarse por igual a ciudadanos, asociaciones y grupos empresariales. El tribunal no elimina la restricción sobre las cantidades que una corporación empresarial puede entregar directamente a la campaña de un candidato, pero a partir de ahora, las empresas

pueden gastar una cantidad ilimitada a favor o en contra de cualquier candidato o partido. El Tribunal Supremo contradice con esta sentencia dos decisiones suyas anteriores. La decisión fue adoptada por una mayoría de cinco votos frente a cuatro. Por su trascendencia podemos decir que es el cambio constitucional más importante de las reglas de juego de la democracia americana en muchas décadas.

La mayoría de los republicanos que cuentan con un fuerte y fiel respaldo de los gigantes empresariales han recibido la sentencia como un importante triunfo. Su líder en la Cámara de Representantes la calificó como “una victoria de los principios constitucionales”. Los demócratas, por el contrario, la han acogido con fuertes críticas a

pesar de que en la última elección presidencial Obama recibió una sustanciosa financiación empresarial. Los magistrados del Tribunal Supremo discrepantes del fallo han alertado expresamente del riesgo que se corre de favorecer la corrupción política.

Dejando a un lado a qué partido y a qué candidatos pueda favorecer o perjudicar la sentencia, lo que me importa es subrayar que el concepto mismo de democracia sufre, con esta sentencia, un golpe formidable. Y ello por la sencilla razón de que sin una efectiva y real separación de poderes, no se puede hablar de democracia. En la democracia constitucional actual, la articulación de un sistema en el que “el poder frene al poder” no puede ya establecerse sobre la distinción entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en la medida en que todos ellos conforman un único poder, sino que habrá de

materializarse en la confrontación entre poder político, poder económico y poder comunicativo o mediático. Confrontación que, a la postre, a lo que acaba reduciéndose es a la dialéctica entre poder público y poder privado. Y, en este contexto, y desde esta perspectiva, resulta difícilmente discutible que, enfrentados a la dialéctica poderes públicos-poderes privados, con decisiones como la adoptada por el Tribunal Supremo el

pasado 21 de enero, favorecemos inexorablemente una absoluta y pavorosa concentración del poder en la medida en que el poder económico acabará controlando todo el devenir político.

Lamentablemente, en Europa esa amenaza se ha convertido en realidad. La Italia de Silvio Berlusconi representa un caso paradigmático de concentración del poder político, económico y mediático en una sola persona, líder de un gran grupo empresarial. En Italia, por tanto, al no existir división del poder, no cabe hablar de democracia constitucional en sentido pleno. Y desde esa óptica, nada tiene de extraño que el Estado de Derecho esté siendo desmantelado.

En los Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo supone una gran victoria de las compañías petrolíferas, los bancos de Wall Street, las empresas aseguradoras y otras muchas corporaciones cuyo poder e influencia no dejan de crecer. La primera respuesta de Obama ha sido valiente y ha anunciado una regulación de las instituciones financieras tendentes a impedir una repetición de la última crisis.

En todo caso, el mismo día en que se notificó la sentencia se hizo pública una Encuesta entre ejecutivos norteamericanos según la cual el 77 por ciento de ellos consideraba que Obama no es suficientemente partidario del sistema capitalista.

El dilema sobre quién manda realmente en el ámbito económico, si los representantes de los ciudadanos o los dirigentes empresariales fue planteado ya por Max Weber. Hoy, el futuro de la democracia constitucional, en EEUU como en Europa, depende en buena medida de cómo se resuelva.