El recuerdo de esta “operación” resulta oportuno en unos momentos como los actuales, en que se está intentando poner en marcha una compleja operación política, no menos ambiciosa y arriesgada, aunque con un propósito aparentemente –o inicialmente– más instrumental.

El objetivo de la operación en marcha es articular una “moción de censura” instrumental, mediante la que se nombraría en las Cortes a un nuevo Presidente de Gobierno, cuyo papel básico sería convocar inmediatamente unas elecciones generales anticipadas. Los estrategas del PP son conscientes de que esta operación tendría serias dificultades para salir adelante si son ellos los que encabezan la maniobra, con Mariano Rajoy al frente. Por eso están buscando a un catalán con cierta aureola de “consensuador” para ejecutar dicho propósito.

Aunque esta pretensión pueda parecer inicialmente un tanto insólita, lo cierto es que no deben minusvalorarse los factores que pueden jugar a favor de ella. El primero es la sensación de hartazgo que existe en amplios sectores de la opinión pública, a los que poderosos medios de comunicación social transmiten cotidianamente la imagen de un gobierno agotado, oscilante y, sobre todo, con poco fuelle e insuficientes apoyos como para acometer la actual crisis en la manera en que resulta necesaria. Por ello, el PP se niega rotundamente a prestar ningún tipo de apoyo ni aval a las políticas de Rodríguez Zapatero, ni a los intentos de llegar a acuerdos con la oposición.

A su vez, en círculos nacionalistas, sobre todo del nacionalismo catalán, existe preocupación ante la hipótesis de un posible gobierno de gran coalición entre el PSOE y el PP, ya que entienden que dicho tipo de gobierno podría ser un serio obstáculo a sus pretensiones de ampliar competencias y poner freno al Tribunal Constitucional en su eventual –y harto probable– propósito de declarar la inconstitucionalidad de varios artículos del Estatuto de Cataluña.

De ahí que la conjunción coyuntural entre el afán desmedido del PP –y de poderosos círculos que lo apoyan– de desalojar a Rodríguez Zapatero de la Moncloa cuanto antes y las posibilidades que adivinan los nacionalistas de sacar provecho en esta operación, neutralizando incluso –o retrasando– la resolución del Tribunal Constitucional, puedan acabar conduciendo a una coincidencia objetiva de intereses. Además, los que están dando vueltas a esta idea saben que coinciden más de lo que parece en planteamientos de política económica y que en estos momentos tendrían una gran coartada en la gravedad de la crisis económica y en la preocupación que existe en la opinión pública.

La cuestión, de momento, es que los maquiavelos de esta operación no cuentan –¿todavía?– con apoyos parlamentarios suficientes como para sacar adelante una moción de censura de este tipo y necesitan sumar más fuerzas. Por ello, todo dependerá de lo que estén dispuestos a ofrecer a cambio. Lo cual puede dar lugar a un aumento adicional de la factura a pagar que habría que sumar a la imagen de falta de seriedad que daría un país en el que –en su caso– tienen lugar este tipo de operaciones parlamentarias tan peculiares. Algo que no favorecería en nada el prestigio internacional de España en momentos especialmente delicados, en los que los factores de imagen también acaban pasando factura.

Curiosamente, los urdidores de la “operación adelanto” en estos momentos no parecen especialmente preocupados por las posibles reacciones de la opinión pública española, entre otras razones porque ya dan por descontado un cierto grado de distanciamiento y desafección político-electoral. Por eso han empezado a enseñar la patita abiertamente.