Los argumentos conocidos para justificar la no revaloración de las pensiones ligada al IPC (perderán poder adquisitivo al crecer el 0,25% como máximo, si tenemos en cuenta que el incremento medio de los precios en los últimos 10 años ha sido del 2,8%, según UGT) son conocidos y se basan principalmente en la demografía y en los estragos que está causando la crisis económica. Sin embargo, el carácter marcadamente ideológico de las medidas y los intereses inconfesables en juego son, finalmente, las razones de peso que han prevalecido en la decisión del Gobierno, que cuenta para su aprobación con la mayoría absoluta en el Parlamento. En este supuesto, el argumento demográfico está siendo utilizado, una vez más, como arma arrojadiza por los poderes económicos y financieros, fomentando así el temor de los ciudadanos hacia el futuro de sus pensiones.

Por eso, la demografía es un argumento que debe preocuparnos pero, de ninguna manera debe alarmarnos. Según las manifestaciones de Antonio Abellán (CSIC), en el Foro de Encuentros (Foro de pensamiento, debate y acción ciudadana), las proyecciones demográficas señalan un declive de la población total que pasará de 46,2 millones de habitantes en 2012 a 41,5 millones en 2052 (4,7 millones menos).

A ello contribuye de manera decisiva la caída de la fecundidad, muy por debajo del nivel de reemplazo. En España nacen en la actualidad 1,3 hijos por mujer, muy por debajo de 2,1 que asegura el reemplazo generacional. Este problema se ha corregido en los últimos años con el aumento de la inmigración, que ha demostrado ser la solución al establecerse en nuestro país de manera rápida y con pocos problemas de integración, a pesar de los efectos nocivos de la actual crisis económica que ha supuesto el retorno de muchos de ellos a sus países de origen.

Con los mayores de 65 años ocurre todo lo contrario. En la actualidad, se sitúan en torno a los 8 millones de personas (17%) y a mediados de siglo alcanzarán la cifra de 15 millones (36%). Los octogenarios serán los que más crezcan, pasando de los 2,5 millones en la actualidad a 6,4 millones en 2052, lo que representará, con estas previsiones, el 15% de la población total, demostrándose así la importancia que tiene y que sobre todo tendrá la atención a las personas dependientes en el futuro.

A pesar de esta realidad, amplificada por los medios de comunicación y utilizada de manera interesada por los poderes financieros (se utilizó como argumento para firmar el acuerdo de pensiones, en 2011, que contempla alargar la jubilación a los 67 años), el problema relacionado con las pensiones y con el Estado de Bienestar Social tiene muy poco que ver con el envejecimiento y, en cambio, está totalmente influenciado por el desplome de los ingresos derivado de la actual crisis económica y, en particular, del desempleo, la precariedad y los bajos salarios. También influye la escasa productividad de nuestro sistema económico, basado en empresas pequeñas intensivas en mano de obra (microempresas) y, por lo tanto, poco dotadas de tecnología, investigación, cualificación y con escaso valor añadido.

En todo caso, los defensores de las políticas neoliberales nunca consideran los avances en materia de productividad que se han producido en la historia reciente y por lo tanto no la mencionan en sus proyecciones de futuro sobre la sostenibilidad de las pensiones. Sin embargo, y a pesar de las carencias de nuestro modelo productivo, está demostrado que un trabajador en la actualidad produce tanto como dos trabajadores o más de hace años y algo similar puede ocurrir con la productividad de los trabajadores en el año 2050, ante los innegables avances de la tecnología, de las telecomunicaciones, de la logística y de la organización del trabajo que se producirán en los próximos años.

En cuanto a los estragos que está produciendo la crisis, nos tenemos que referir en primer lugar a las contradicciones de la política económica del Gobierno y a su principal víctima: el empleo ¿Cómo es posible que el Gobierno tome medidas para recortar las pensiones y los servicios públicos y, por el contrario, no se conozca ninguna medida relacionada con la creación de empleo y con la protección de los trabajadores en paro? ¿Cómo se explica que el Gobierno esté preocupado por el déficit y la deuda pública (cercana al 100% del PIB) y no tome ninguna decisión contra el fraude fiscal y la economía sumergida? ¿Cómo se puede explicar que el Gobierno anuncie reducir impuestos en 2015 (en Madrid se reducirán, sobre todo a los más ricos, en el 2014) y al mismo tiempo recorte las pensiones? Debemos recordar con insistencia que las medidas que proponen la oposición y los sindicatos, en relación con el crecimiento económico (aumentarán el empleo y los cotizantes a la seguridad social) y con la fiscalidad (mayores ingresos), harían innecesarias las políticas de austeridad y ajuste. Particularmente, llama la atención el escandaloso desarme fiscal que se produce en nuestro país (como consecuencia del fraude, la evasión fiscal, la economía sumergida, las desgravaciones fiscales a las grandes empresas y los impuestos regresivos), que está conduciendo a que la presión fiscal esté muy por debajo de la media europea (según Eurostat, el 31,4% del PIB frente al 38,8%, en 2011 y, todo indica, que en estos momentos los ingresos fiscales se sitúan nueve puntos por debajo de la media europea).

Por lo tanto, nos encontramos ante un sonoro fracaso de la política económica del Gobierno, basada en una drástica reducción de salarios, de las retribuciones de los empleados públicos, de las prestaciones por desempleo, de las personas dependientes y de los servicios públicos. No podemos desconocer que ello está reduciendo la actividad económica, el consumo y, sobre todo, el empleo, como se está demostrando en la práctica, sin que se corrija el déficit y la deuda pública. Por lo tanto, no resulta extraño que la ciudadanía esté harta de una política de recortes sistemáticos, que producen desigualdad y pobreza severa y que, además, está generando noticias obscenas y datos que resultan escandalosos. Según “Forbes”, en España sólo 30 familias se reparten una gran parte de la riqueza y sus grupos empresariales acumulan entre sus miembros hasta 32.000 millones de euros, a lo que hay que añadir que las mayores 20 fortunas españolas se encuentran entre los 100 más ricos del planeta. Por su parte, la banca ingresa uno de cada cuatro euros por comprar y vender títulos públicos de renta fija; en concreto, unos 17.300 millones de euros que representan el 26% de sus ingresos financieros totales (los bancos se financian a través del BCE al 0,5% y compran deuda pública sin apenas riesgos al 3% o 4%, según los plazos), mientras el crédito se desploma y resulta caro en nuestro país, según recoge un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Mientras tanto, según acaba de publicar “Cinco Días”, las empresas españolas repartirán en este año 21.000 millones de euros en concepto de dividendos, lo que las sitúa a la cabeza de la UE.

Por todo ello, resulta evidente que en las actuales circunstancias no tiene sentido imponer medidas que recorten las pensiones -que además generan una considerable alarma social-, sobre todo cuando incumplen las promesas electorales del PP y, además, la cuantía de las pensiones, así como el gasto global de la seguridad social, están muy por debajo de la media europea.

Efectivamente, no estamos ante un gasto excesivo de las pensiones, como lo demuestra la existencia del fondo de reserva (más de 60.000 millones de euros). Según Eurostat, el gasto en 2010 supuso el 10,8% del PIB, claramente por debajo de la media europea (13% en la UE y 13,4% en la zona euro); incluso, las previsiones de la seguridad social para el año 2050 se establecen, después de la reforma de las pensiones del año2011, en el 12,1% del PIB, porcentaje muy similar a la media de la UE-27 (12,3%). Además, la cuantía de las pensiones es baja y, en todo caso, se encuentra por debajo de la UE. El dictamen 7/2013 del CES señala que en torno al 50% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650 euros y el 27,7% de las pensiones tienen complementos de mínimos, al no alcanzar la cuantía mínima del “Sistema”. Debemos recordar que las pensiones están desempeñando una importante función como estabilizador automático en periodos de crisis, como se está haciendo patente en la actualidad. Según la EPA, actualmente hay 4,6 millones de hogares en España en los que la fuente principal de ingresos procede de las pensiones, lo que demuestra que están teniendo un papel decisivo en nuestra economía y en el mantenimiento de la cohesión social, contribuyendo, por lo tanto, a paliar las dificultades económicas de las familias.

Por eso, hay que dar prioridad a las políticas de empleo sobre la corrección del déficit; combatir el fraude y la economía sumergida; estudiar el aumento de las cotizaciones a la seguridad social de los empresarios (no reducirlas como plantea la CEOE y el FMI) y de los trabajadores; abrir un debate sobre los topes de las cotizaciones sociales y, por último, si fuera necesario, financiar una parte del gasto en pensiones a través de impuestos o directamente de los Presupuestos Generales del Estado, como se produce en otros países, dando por hecho que, en el supuesto de necesidad, las ayudas para financiar las pensiones serían mínimas si las comparamos con las ayudas que ha recibido recientemente nuestro sistema financiero.

A estas poderosas razones, hay que añadir el firme compromiso de la oposición en el debate parlamentario. Todos los partidos han manifestado que si consiguen gobernar cambiarán la ley de recortes de las pensiones que apruebe el Parlamento. Sólo hay que esperar que se cumplan estas promesas. Por lo tanto, ¿ésta política para qué? ¿Para contentar a nuestros acreedores, al sistema financiero internacional, a la UE y al FMI? En todo caso, está claro que estas medidas serán contraproducentes e inútiles y, si se llevan a cabo, violentarán la democracia y, lo que es más grave, representarán, una vez más, un auténtico atropello a los más desfavorecidos.

En definitiva, estamos ante un problema que tiene relación directa con la redistribución de la riqueza y, por lo tanto, su solución depende de las prioridades políticas que tenga el Gobierno de turno. Las del Gobierno del señor Rajoy están meridianamente claras.