Desde su llegada al Gobierno, Esperanza Aguirre ha implantado una forma de hacer política caracterizada por un talante de tinte autoritario, un desprecio sistemático a quienes discrepan de sus decisiones y una utilización partidista del conjunto de Instituciones Públicas.

Conviene no olvidar el comportamiento del Gobierno Aguirre en el caso Severo Ochoa, tratando de criminalizar la actuación de unos profesionales que habían actuado de manera correcta, basándose en una denuncia anónima y falsa. Asimismo estamos asistiendo a un desmantelamiento sistemático y progresivo del conjunto de Servicios Públicos, con una privatización descarada del Sistema Madrileño de Salud vulnerando los principios de la Ley General de Sanidad (proyecto de área de salud única para toda la Comunidad).

La utilización en beneficio del Gobierno Regional del Ente Público Telemadrid, produce nauseas y genera rechazo en los ciudadanos como se desprende de la caida de audiencia.

En el contexto de este escenario, nada esplendoroso por cierto, ha saltado a la opinión pública la existencia en Madrid de una presunta trama de servicios de información parapoliciales, al parecer sin ninguna cobertura legal, que ha elaborado dossieres y ha realizado seguimientos a altos cargos del Gobierno Reginal, del Ayuntamiento de Madrid y algunos cualificados miembros del PP. Esta presunta red parapolicial parece depender de la Consejería de Interior del Gobierno de Madrid.

Desde el absoluto respeto a la presunción de inocencia de todos los personajes que han aparecido (no se respetó esa presunción desde el Gobierno Aguirre en el caso Severo Ochoa) lo publicado hasta ahora es de tal gravedad que exige una investigación a fondo y hasta el final de los hechos denunciados. Los madrileños tenemos derecho a ello y debemos exigir asi se haga.

Cierto es que la Fiscalía ya ha comenzado sus actuaciones y ello es positivo. Creemos en el Estado de Derecho, aunque lamentamos la exasperante lentitud de la Administración de Justicia. Ahora bien en el caso que nos ocupa, existen otros ámbitos de actuación para investigar los hechos y depurar responsabilidades políticas, es aquí donde la secuencia de las medidas anunciadas desde el PP nos ha generado gran preocupación. Nos explicaremos:

– En un primer momento El PP de Madrid y su Presidenta negaron la veracidad de las informaciones aparecidas y no creyeron fuera necesario investigar nada. Como de costumbre, ellos no tenían nada que ver y todo era un invento del diario “El País”.

– A la vista de la enorme repercusión que en la opinión pública han tenido las noticias publicadas, la Dirección Nacional del PP se vio obligada a abrir una investigación interna a pesar de la oposición de Esperanza Aguirre.

– La oposición política madrileña solicita una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid; el Gobierno Regional en principio se opone a esta petición.

– De manera súbita la Presidenta Aguirre cambia de opinión y acepta la comisión en la Asamblea y al unísono la Dirección Nacional suspende la comisión de investigación interna.

– El Partido Popular de Madrid, utilizando su mayoría, ha impuesto tales condiciones en el funcionamiento de la comisión que hacen muy difícil pueda investigarse en profundidad y por el contrario facilitan que las conclusiones lleven a donde parece se quiere llegar: ausencia absoluta de responsabilidad política.

Por todo ello, como ciudadanos de Madrid, exijimos a la oposición política madrileña no acepte las reglas de juego que quiere imponer el P.P, pues de aceptarse se hurtará a los ciudadanos el conocimiento de la verdad y se permitirá el mantenimiento de la forma oscurantista de hacer política del P.P de Madrid. En nuestra opinión, debe exigirse que la Comisión sea presidida por un miembro de la oposición, la duración de la misma debe ser la suficiente para garantizar puedan acudir todas las personas que se considere puedan aportar luz en este escabroso tema, éstas deberán someterse a las preguntas de los parlamentarios sin restricción alguna. Dada la gravedad de los hechos denunciados, sería un buen ejemplo de transparencia que las sesiones de la Comisión fuesen retransmitidas en directo por Telemadrid.

Los madrileños no podemos sufrir una nueva fustración y nuestra democracia no puede permitirlo. NO LO MERECEMOS LOS CIUDADANOS DE ESTE PAÍS