Tal es el caso del comunicado del 8 de enero. Desde la perspectiva del Estado de Derecho, el comunicado es inaceptable.
En primer lugar porque se limita a declarar un alto el fuego. Por muchos adjetivos que se utilicen para calificar el sustantivo, este es el que es. El alto el fuego será “permanente”, “general”, “verificable”, etc. pero como tal implica la subsistencia del sujeto que lo declara. Esta interpretación se confirma en la medida en que la declaración de alto el fuego viene precedido de un listado de condiciones basadas en el programa y objetivos políticos de ETA: la autodeterminación y la territorialidad. En la medida en que estas no se verifiquen, ETA podría -mediante otro comunicado similar pero de sentido contrario- poner fin a su alto el fuego por muy permanente que hoy se califique. Desde esta óptica, la apelación que realiza a los poderes públicos de España y Francia para que “abandonen las medidas represivas y la negación de Euskal Herria” viniendo de una organización terrorista sólo puede considerarse como una vil amenaza.
Por otro lado, aunque ETA proclama su “compromiso con el final de la confrontación armada”, concluye con la afirmación de que “ETA no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático”. Esta es la contradicción esencial del comunicado y que le priva de cualquier virtualidad política. ETA olvida que la confrontación concluirá el día en que ella desaparezca, y que no hay más conflicto que el provocado por su propia existencia.
Las continuas referencias a un futuro “proceso democrático” no dejan de ser un cruel sarcasmo. El proceso democrático se vio perturbado durante años por la presencia institucional de ETA. Presencia de un actor que convertía al adversario en enemigo y justificaba su asesinato. Afortunadamente, la Ley de Partidos y su aplicación puso fin a esa anormalidad. Los ciudadanos vascos y navarros decidimos con normalidad nuestro futuro en las elecciones, designamos a nuestros representantes políticos, y conformamos gobiernos parlamentarios.
Por ello, este comunicado ni puede ni debe modificar la agenda política y en modo alguno facilita la presencia de Batasuna en las elecciones de mayo. Los requisitos legales para permitir que Batasuna concurra a las elecciones no han variado. Cualquier organización política que no se desvincule completamente del proyecto terrorista (con o sin alto el fuego permanente) es incompatible con la legalidad vigente.
En este sentido, y frente a muchas de las afirmaciones que estos días se escuchan conviene recordar dos cosas. La primera, que Batasuna fue ilegalizada no por no condenar la violencia de ETA, sino por formar parte de ETA, esto es, por constituir con ella un único sujeto real. La segunda, que todos los tribunales, incluido el de Estrasburgo, concluyeron que en la medida en que Batasuna y ETA eran un mismo sujeto, la disolución e ilegalización de un partido que se identificaba e integraba en una organización terrorista era una “medida necesaria en una sociedad democrática”. Son estas dos consideraciones las que hacen inviable cualquier legalización del entramado político de Batasuna mientras ETA exista.
De todo lo anterior cabe concluir que el enésimo comunicado de ETA no es sino otra oportunidad perdida. ETA continua obviando el hecho de que no hay más conflicto que el que provoca su existencia y actividad, que ni puede derrotar al Estado, ni imponerle condiciones y que su apoyo social se reduce paulatinamente.
La constatación de esa realidad debería conducir a ETA a su disolución y mientras eso no ocurra, el Estado de Derecho continuará empleando todas sus legítimas armas para el logro de ese objetivo. La Ley de Partidos, es una de las más útiles para su consecución.
En esa lucha, Gobierno y Oposición deben permanecer unidos y continuar por la senda actual para que ETA no tenga duda alguna de que con independencia de que gobierne el PP o el PSOE, el Estado de Derecho no va a ofrecerle recompensa alguna por el abandono de su actividad criminal.
