Los estudios en que se basan hacen las hacen a medio y largo plazo pero, como el tiempo pasa inexorablemente, resulta que antes o después llegan los momentos apocalípticos que con anticipación habían señalado. Y lo que entonces se puede perfectamente comprobar es que, en lugar de que producirse los déficit que a bombo y platillo anuncian como inevitables para justificar la privatización, se han generado superávit cada vez más considerables.

Ni uno solo de los estudios que se han hecho en España con esa perspectiva ha acertado con sus previsiones, aunque a pesar de ello siguen insistiendo machaconamente en sus argumentos y los bancos que los financian confiando en los mismos investigadores para seguir diciendo lo mismo, aunque cada vez con horizontes temporales algo más adelantados.

Fallan en sus previsiones porque parten de supuestos ad hoc para forzar los escenarios de crecimiento económico negativos cuando les conviene y de consideraciones teóricas ideologizadas y falsas acerca de los factores de los que de verdad depende la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones.

Esto último es algo que no quieren aceptar. La existencia de pensiones públicas de mayor o menor cuantía en última instancia no depende de la demografía, ni siquiera del crecimiento económico sino de la voluntad política de querer o no tener ese sistema financiándolo a través de los recursos públicos. A nadie se le ocurre decir que la estabilidad de las fuerzas armadas, de la Jefatura del Estado o la administración de justicia corre peligro a largo plazo por razones demográficas. Se mantendrán ahí, mejor o peor dotadas, si los ciudadanos (seamos más o seamos menos) decidimos que queremos que se mantengan mediante nuestra contribución fiscal (que lógicamente tendrá que ser mayor o menor según cómo queramos mantenerlas o cuántos seamos o cuántos sean los recursos que poseemos).

Dicho esto, es al mismo tiempo evidente que la disponibilidad de recursos para poder disfrutar de un buen sistema de pensiones públicas depende también de otros factores que no son solo demográficos, como la tasa de crecimiento económico, el empleo, el nivel de salarios o la distribución de la renta (que los facilitará más, por cierto, cuanto más igualitaria sea).

Si en el futuro el empleo es como el actual (con la mitad de los asalariados cobrando menos de 1000 euros) y los beneficios de las empresas siguen sirviendo para invertir fuera de España y si el crecimiento de la economía sigue basado en un modelo bastante insostenible, es posible que haya problemas para que los trabajadores disfruten del sector y los servicios públicos en general, y no solo de las pensiones públicas.

Pero precisamente por eso, cuando se habla de la inestabilidad futura del sistema de pensiones públicas y al mismo tiempo se sigue apostando por el mismo modo de crecer y de distribuir los frutos de crecimiento se incurre en una contradicción irresoluble que oculta las verdaderas razones que llevan a proponer su privatización. Que no son otras que convertir las pensiones en un gran negocio para los bancos aunque sea a costa de que las disfruten una parte minúscula de la población: según los datos que proporciona el Banco de España solo el 29,3% de las familias españolas tenía en 2005 algún plan de pensiones y eso ocurre por una sencilla razón, porque no pueden pagárselo.

En consecuencia, para garantizar el futuro de las pensiones la alternativa no es privatizarlas sino apostar por la solidaridad y por un modelo de crecimiento sostenible y, sobre todo, más igualitario.