Es el Pacto de Toledo el que determina la continuidad de estas reformas al exigir que cada cinco años se reúna su comisión de seguimiento para evaluar el sistema. Reformas continuas para, desde el análisis riguroso del impacto de la última renovación adoptada y en atención a requerimientos futuros, asegurar las pensiones sin sobresaltos. Porque no nos olvidemos, el Pacto de Toledo trabaja sobre hipótesis de futuro, desde la tranquilidad que le ofrece un presente como el actual, avalado por un superávit de 8.500 mll € y un Fondo de Reserva de 62 mll de euros que, sin embargo, no le exime de plantearse las nuevas realidades a acometer, también respaldadas por los datos.

Así se ha venido trabajando desde su aprobación en 1995; lo ha sido en su renovación de 2003 y lo será en 2010. La única diferencia formal es que en este momento, tras la presentación en 2008 del preceptivo informe de evaluación de sus recomendaciones y después de la celebración de múltiples comparecencias de expertos, el Congreso y el Senado de forma unánime han requerido al Gobierno para que presente propuestas para su debate y conclusiones parlamentarias.

Conocemos, pues, las propuestas del Gobierno y, por tanto, las del Grupo Socialista, algunas nada populares. Ahora bien, son propuestas de futuro realizadas en base a un diagnóstico riguroso; un diagnóstico que nos sitúa ante un sistema de pensiones que tiene su origen en prestaciones de escasa cuantía pero de fácil acceso y al que todavía no acceden grandes cohortes de población debido a realidades pasadas lastradas por la Guerra Civil o la dureza de una larga posguerra. Un sistema que se enfrenta, entre otros retos, a una mayor esperanza de vida, a un progresivo envejecimiento de la población y a bajas tasas de natalidad; en definitiva, a la evolución de nuestra demografía. Ya sabemos quiénes van a cobrar las pensiones de jubilación –pensiones que consumen el 60% del gasto del sistema- dentro de 15 o 20 años, ya están aquí; también sabemos quiénes van a ser los sostenedores del sistema. La pirámide de reparto de comienzos de los años 60 se ha invertido.

Es un diagnóstico compartido por todos, agentes políticos y sociales, expertos. Podremos diferir en las soluciones a adoptar. Ahora bien, no podemos esquivar el debate, situarlo en el largo plazo, eludirlo por razones electoralistas o movernos en el conformismo al pensar que la situación de hoy –la bonanza del sistema- va a seguir dándose en un futuro. Nuestro compromiso con las futuras generaciones, con las personas con una edad media de trabajo, nos exige planificar el futuro para garantizarles que dentro de 20, de 30 años tendrán un sistema de pensiones saludable, que les va a proporcionar las rentas de sustitución que ellos también han contribuido a satisfacer. También es una cuestión de solidaridad intergeneracional.

Hoy nos sentimos orgullosos de las reformas adoptadas en el pasado, pues nos han permitido aterrizar en el presente de un sistema de pensiones solvente. Pensemos en afrontar la realidad de 2025 o 2030 con la misma tranquilidad, sin soluciones drásticas. Reformas graduales que también deben permitir corregir desequilibrios –prejubilaciones de los trabajadores que realizan labores más sedentarias- y mejorar la acción protectora de los más vulnerables.

Tenemos el instrumento para alcanzar el consenso político, el Pacto de Toledo. Afortunadamente tenemos un documento para el debate. Un documento que, junto con las propuestas de los otros grupos parlamentarios, nos tiene que permitir llegar a conclusiones de futuro. A partir de ahí pongámonos de acuerdo en qué hacer. Eso es lo que los socialistas deseamos.