No vamos a ahondar en lo que todo el mundo coincide, sea de la ideología, partido político o creencia que sea, que la Educación constituye la mejor herramienta para salir de una crisis. Educación es futuro, conocimiento, desarrollo del país, progreso, mayor nivel de bienestar social y capacidad de autonomía individual. Por eso, es de sentido común y de obligación política sentar las bases sobre las que se haría un pacto: mayor inversión, mayor formación para el profesorado, menor ratio de alumnado, más instrumentos tecnológicos, más flexibilidad formativa. Cuestiones sobre las que se puede dialogar y consensuar.

Pero, hace tiempo que no se reivindica una de las hazañas más importantes de un sistema educativo público, que constituyó la gran revolución social en España, y que será otra vez lo que construya ciudadanos iguales y autónomos: la universalización de derechos y la desaparición de las desigualdades en razón del nivel social y/o económico, del sexo o raza, o de creencias religiosas o pensamientos políticos.

Y este punto, básico en los cimientos de la construcción de una sociedad de ciudadanos libres, es una cuestión ideológica que levanta ampollas en determinados sectores de la Derecha política de nuestro país.

Del franquismo heredamos una educación clasista y elitista, donde el concepto “privado” se unía al de “caro” y por tanto “bueno”, mientras que el concepto “público” se vinculaba al de “caritativo” y “de baja clase social”. Por eso, hasta los padres trabajadores hacían esfuerzos y sacrificios por llevar a sus hijos a un “colegio de pago”. El éxito político y social del Gobierno socialista de Felipe González fue conseguir la confianza de los españoles en el sistema educativo público, tanto en primaria como en secundaria o en la Universidad. Los ciudadanos elegían el colegio público porque era gratuito, próximo, universal, y EXCELENTE: lo mejor para nuestros hijos/as.

Pero la llegada del PP trunca este camino. Lo hizo Aznar en el Gobierno Central y también el conjunto del PP allí donde gobierna. El objetivo fue devaluar los colegios públicos, minorando sus inversiones, cargándolos de problemas, deteriorando sus instalaciones, aumentando ratios y acumulando al alumnado inmigrante en los mismos centros. Al mismo tiempo, se potenciaba la red de colegios privados y concertados, aumentando las subvenciones y “haciendo una llamada” a la clase media para que apostara por este tipo de colegio. En mi Comunidad Valenciana, hemos visto inaugurar cursos escolares al consejero de Educación en centros privados del Opus o, en Valencia ciudad, la alcaldesa Rita Barberá no ha querido construir jamás escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años (¡no existen!, lo que vulnera además la libertad de elección).

El rechazo a la asignatura Educación por la Ciudadanía tiene dos caras: por una parte, la continua oposición crítica y de rechazo del PP a todo lo que sea gestión socialista y, por otra parte, la negativa de la Iglesia a permitir que se aprendan valores constitucionales sin el visto bueno de la religión. No quieren aprender, porque no les interesa, que se puede ser un magnífico ciudadano con o sin confesión y enseñanza religiosa.

No pretendo poner palos en las ruedas a un consenso educativo. ¡Todo lo contrario!. Deseo con todas mis fuerzas que España siente las bases de un sistema educativo público, universal y excelente para el conjunto de nuestros conciudadanos. Pero todos tenemos la responsabilidad de conseguirlo: también el PP. Sea en la oposición al Gobierno Central o sea allí donde el PP gobierna. Y cuando ponen encima de la mesa un documento con tales exigencias que resulta imposible para el diálogo, ya sabemos que una cosa es la palabra y otra los hechos.

La voluntad del PP está lejos todavía de querer el consenso. Por encima del bien para el país, sigue estando la oportunista visión a corto plazo de los intereses partidistas.