Una primera cuestión que no es ocioso reiterar es que al menos ocho de los doce expertos de la comisión redactora del Informe están abiertamente vinculados a entidades financieras y compañías aseguradoras. En otras palabras, fueron designados por el Gobierno con la misión de profundizar en su política de recortes, pues resultaba obvio que lo que emanara de esa mayoría de componentes estaría en concordancia con el proceso de desmantelamiento del Sistema Público de Protección Social al que viene dedicándose el Partido Popular desde su llegada al poder. A diferencia de lo que venimos presenciando con el sistema sanitario público, con el sistema educativo o con los servicios sociales, esta vez el Gobierno ha tratado de escudarse en un grupo presentado ante la opinión pública como de expertos en la materia, intentando que calara en la ciudadanía la idea de que “los que saben” avalan lo que, según el Gobierno, no le queda más remedio que hacer. Esta burda y elemental táctica puede significar dos cosas. Una, que el temor al deterioro electoral y político del PP por causa del ataque a las pensiones adquiera una aceleración insoportable para sus miembros; otra, que tras dramatizar el escenario y ante la reacción de la ciudadanía suavice las medidas que se han publicitado, se presente como sensible a la alarma de los pensionistas y, pese a ello, busque el cómo dar algún hachazo en dirección a los recortes. Decir esto es no tener duda de que si hay agresión la responsabilidad es del Gobierno. Y obrar en consecuencia.

Una segunda consideración es que no existe una base sólida y, mucho menos, científica para afirmar que para asegurar el futuro de las pensiones es irremediable reducir su cuantía. Sin ignorar el reto del envejecimiento de la población u otros de los muchos factores que repercuten en el sistema, conviene tener claro que ese futuro depende de la decisión política que se tome en relación con la distribución y redistribución de la riqueza. España está todavía bastante lejos de lo que respecto de esa distribución se hace en la Unión Europea: alrededor de tres puntos y medio menos de PIB. Incluso hay países como, por ejemplo, Italia, que dedican cinco puntos más que nosotros. Tampoco debe menospreciarse que tenemos un Fondo de Reserva de alrededor de sesenta y cinco mil millones de euros, que aconseja no precipitarse en las medidas y esperar a ver la evolución de los acuerdos que sobre las pensiones suscribieron los sindicatos, la patronal y el Gobierno hace dos años. Resumiendo y repitiendo: lo que se decida desde la política y el poder político será la clave fundamental de lo que ocurra.

Un tercer aspecto es que a nadie se le escapa que atravesamos una etapa de grave crisis económica y financiera; que ya ha habido que recurrir al Fondo de Reserva; que como consecuencia del paro y del retroceso de los salarios disminuyen los ingresos por cotizaciones, etc., etc. Pero precisamente porque son muchos y variados los factores que inciden en este periodo sobre el sistema de pensiones, hay que diversificar las medidas para enfrentar el problema.

No se trata, por obvio, de repetir aquí que la gran cuestión es un cambio de política económica que se sacuda los brutales rigores de la austeridad y priorice la creación de empleo, principal problema para las pensiones y para el país. Sabemos de los obstáculos y de las presiones externas, pero también sabemos que hay que poner pie en pared frente a la señora Merkel y sus correligionarios, pues sus recetas no hacen más que empeorarlo todo. Pero si admitimos que esta es una etapa en cierto modo excepcional en lo negativo, habrá que plantearse poner en marcha medidas de choque para no volcarse del lado de la reducción del gasto sino del aumento de los ingresos. Cabe, coyunturalmente, incrementar de forma moderada las cotizaciones sociales; cabe elevar sensiblemente el tope máximo de las mismas; cabe tomarse más en serio la tarea de mejorar la recaudación fiscal y dedicar una parte a la financiación de las pensiones. En suma, pueden hacerse bastantes cosas antes de dar un tajo a unas pensiones que están entre las más bajas de la UE y sobre las que ya han recaído recortes y elevaciones de precios que han mermado de manera apreciable su poder adquisitivo.

El Gobierno debe abandonar la idea de esta nueva agresión y, de persistir en ella, pagar el alto precio que merece.