El socialismo es cambio -recuérdese el año 1982-. Su papel es así, promover los cambios y las reformas, habiendo renunciado a tiempo a toda “revolución” que no aspire, como escribió Ortega, a rebelarse contra los usos, y no sólo contra los abusos. Si no se hace, no sólo se habrá perdido una oportunidad histórica sino que, saliendo mal de esta maldita crisis, arriesgaremos ser pasto de populistas de izquierdas y derechas. Debemos, por tanto, aspirar a liderar los cambios. Y debemos liderar los cambios y las reformas desde valores progresistas. Pero ello exige cambiar, profundamente y ante todo, la organización y la comunicación con los ciudadanos. Porque son los ciudadanos la primera y la última razón de ser del Partido Socialista.

Vaya por delante, ante todo, que toda reflexión a propósito de las bondades y méritos y, en el mismo paquete, ineficiencias u obsolescencias de la actual organización socialista, debe venir presidida desde el respeto a su historia centenaria y el afecto y compromiso más profundo con los hombres y mujeres que hoy animan a ese Partido. Pero, reconózcase de una vez que, en buena medida, las agrupaciones locales han quedado rebasadas por las actuales exigencias que en cuanto a socialización, promoción de liderazgo y comunicación política plantea la sociedad abierta de nuestro tiempo. Las «casas del pueblo” tuvieron sentido en el siglo XIX. Pero estamos en el siglo XXI. Y es claro que hoy no pueden constituir, por sí, tal y como hoy son, la principal herramienta organizativa del PSOE, concentrada –ahí es nada- en la potestad de elevar listas electorales. De hecho, hoy, admitámoslo, no sólo no garantizan satisfactoriamente la atracción de nuevos simpatizantes y la promoción de los mejores, sino que, a juicio de muchos de sus militantes, vienen actuando a veces como muro de contención o pantalla refractaria de muchos progresistas desalentados por rutinas organizativas, a las que una radiografía sociológica poco amable podría acusar de escleróticas, a ratos más protectoras de sus intereses específicos que de las pulsiones de la calle alrededor. Se tiene que admitir que algunas agrupaciones locales encubren no pocas veces direcciones de un modo u otro enajenadas de la ciudadanía a la que deben representar. Son numerosas las agrupaciones en que sus dirigentes propenden a desentenderse de las pulsiones y tendencias de la ciudad alrededor, concentrándose en la fidelización de la militancia (sin excluir en ocasiones patrones de rasgos clientelares), aunque esa misma militancia sean cada vez más reducida, bien por la sensación de “bloqueo interno” o de la escasa utilidad en la energía invertida, bien por las defecciones de los decepcionados y por la impermeabilidad de los censos locales a nuevas altas de militancia.

Esta situació que describo es un secreto a voces en el conjunto del PSOE. Todo el mundo conoce los riesgos de los que aquí hablo pero nadie se siente por sí solo con la fuerza para remover desde sus cimientos esta deriva autoparalizante, que amenaza hoy con condenar a los socialistas a la inanidad política. Máxime cuando, en períodos congresuales, son esas mismas estructuras y esos mismos dirigentes locales los que podrían movilizar y asegurar los votos precisos para acceder al liderazgo orgánico en el nivel superior que estaría, en su caso, en juego. Es preciso, por lo tanto, cambiar con arrojo y visión, de manera decidida, en lo que tengan de obsoletas, estas formas de organización y de comunicación. Y es mucho lo que hay que hacer, y la urgencia en empezar.

Ante todo, se deberían dinamizar los censos federativos -nacionales y europeos- de los afiliados, simpatizantes, colaboradores, activistas y voluntarios. Su radio de reclutamiento y encuadramiento no debería reducirse a la localidad en la que éstos residan. Y su nivel de compromiso no debería traducirse tampoco en una nominal «militancia» en un local escasamente dotado para el estímulo de la participación abierta, crítica, en red y multidimensional. Porque éste es el tipo de participación que debería caracterizar la actividad política y la acción civil en la sociedad avanzada, de la información ‘on line’ y en la globalización.

Seguidamente, los cambios en la forma de hacer las cosas, cambios en las formas de dirigir el Partido; cambios en los procedimientos por los que se eligen a los dirigentes locales; cambios en los requisitos para escalar en los órganos de decisión: que la paciencia en el manejo del tiempo y las oportunidades y las habilidades tácticas para “medrar” o “conspirar” sean desplazadas a favor de la eficiencia, la capacidad, el rigor y la preparación. Lo cual incluye ponderar el manejo de herramientas para el trabajo en equipo, en red, y, cuando la posición lo requiera, alguna experticia e idiomas. Además, incrementar la autoexigencia puede ayudar al objetivo de adaptar el Partido antes de que envejezca más de lo que la sociedad pueda entender o aceptar. Y antes de que no hacerlo aboque al horizonte de la irrelevancia.

Las distintas modalidades de afiliación o adhesión al proyecto socialista podrían muy bien acometerse hacia otros fines socialmente relevantes: multiplicar la presencia y la visibilidad de referentes progresistas en diferentes ámbitos de la vida en sociedad, en las comunidades de vecinos, en las asociaciones de padres de los centros educativos, en los clubes deportivos, en los colegios profesionales, y desde luego proveyendo servicios y asesoramiento a quienes los necesitan (consulta legal en procesos jurídicos y administrativos, divorcios, custodias, mediaciones, desahucios, despidos, abusos administrativos…), para conectar a diario con dramas que afectan a personas de carne y hueso en el tejido social en que nos desenvolvemos, más allá de las funciones que a los partidos políticos consagra el art. 6 de la Constitución.

Y además de todo eso, en el PSOE se tiene que hablar, de nuevo, de democracia. De la democracia, en serio, de su profundización, de la recuperación de su calidad, de su credibilidad y de su vitalidad. Y de cuánto significa esto para los socialdemócratas. Del valor permanente de la democracia en el PSOE, y, desde la acción del PSOE, en España y en la UE. Una democracia está no sólo en el ADN identitario de los socialistas sino que es el único medio en que nuestras propuestas aspiran a prosperar y a traducirse en la acción política de una fuerza de gobierno y con vocación mayoritaria. Y esto en verdad significa muchas cosas al mismo tiempo:

Primero, que no se puede concebir otro marco político que la democracia, representativa, deliberativa y participativa. El fortalecimiento, amejoramiento y profundización de la democracia, es, por tanto, un horizonte continuo de la tarea socialista. Y ello, huelga recordarlo, desde el insoslayable respeto a la Constitución y a las leyes, porque es lo que nos enseña que democracia no es sólo «gobierno de la mayoría», sino, además de éste, respeto a la(s) minoría(s) y garantía de los derechos fundamentales de cada ciudadano/a, de modo que las decisiones sólo se legitiman si observan el procedimiento y las garantías que proscriben la arbitrariedad y el abuso.

Segundo, que hay que ser representativos, y en serlo de los mejores valores de las sociedades abiertas y pluralistas a las que dirigir los mensajes.

Tercero, que no se pueda aceptar ninguna política que no haga descansar su legitimación, en origen y ejercicio, en el apoyo de la ciudadanía; ni mucho menos imponga decisiones que susciten el rechazo constatado de una amplia mayoría de la ciudadanía, tal como ha venido haciéndose desde un arrogante ensayo de despotismo tecnocrático en no pocos episodios del manejo de la crisis.

Cuarto, que los socialistas deben aspirar a desarrollar una acción de gobierno con cargo a las propias fuerzas, los recursos, siglas, candidaturas y proyectos autónomos. Con vocación mayoritaria. Lo que quiere decir que cada vez que los ciudadanos detectan que la aspiración socialista no es gobernar en solitario sino diluirse en una hipotética sopa de letras que pueda ocupar el Gobierno sólo en ausencia o en defecto de una mayoría absoluta del PP, aunque sea por un escaño, el resultado ha sido, es y será, invariablemente, el hundimiento electoral de la oferta socialista como consecuencia directa de la confusión borrosa de su propia identidad. Sobran los ejemplos ingratos para corroborarlo. Dicho en pocas palabras, ello significa, ante todo, que, en el actual contexto de crisis y dificultades, los socialistas españoles han de calibrar en serio, tanto como sea necesario, el coste que para el PSOE y el proyecto socialista ha tenido hasta la fecha (y pueda tener ahora) un historial de pactos con formaciones que se dicen “partidos nacionalistas” (con mejor o peor crédito), cuando no de connivencias rayanas en la minoración o el desdibujamiento de una identidad distintiva en aras de alguna hipótesis de coalición de gobierno. Los socialistas han de ser radicalmente defensores de la igual libertad y de la igual dignidad de todos los seres humanos, e internacionalistas-.

Y esta actualización hay que hacerla con vocación mayoritaria. Cerca de los sentimientos, de los valores, de las emociones, de las preocupaciones, de las prioridades y de las elecciones racionales mayoritarias de las españoles. Y cerca de las identidades complejas, compatibles y abiertas, en las que se reconoce una mayoría de españoles. Una visión, pues, de España. Lejos de toda tentación de exclusión identitaria y de segregación por genealogía u origen. Y este proyecto para España -integrador, en valores y en ideas, vocacionalmente europeo e internacionalista-, con una aspiración confesa y nítida de representar a la mayoría política de los españoles, debe seguir siendo, por lo tanto, un objetivo imperioso, prioritario y perentorio para el proyecto del PSOE. Pues bien, justamente por esto, y en este preciso momento, transcurridos 35 años desde la transición y el pacto constituyente -cuando, como se ha escrito hasta la saciedad de un tiempo a esta parte, millones de españoles (todos los que actualmente tienen menos de 52 años) no pudieron votar la Constitución de 1978, incluidos los millones que ni siquiera habían nacido-, la vocación progresista y transformadora del PSOE debe saber traducirse en una apuesta bien fundada por una seria y profunda reforma constitucional. Una apuesta reformista, radicalmente reformista, que sea capaz de hacer frente a la fatiga de materiales que manifiesta el conjunto de la arquitectura del Estado.

Un componente esencial de esa agenda reformista de la Constitución deberían ser los derechos de ciudadanía: reforzar los basamentos de los derechos de prestación –educación, aprendizaje, sanidad, justicia- y la cobertura jurídica de los derechos sociales, amenazados como nunca por el ajuste de cuentas que viene siendo perpetrado –en la UE y en España- por una hegemonía conservadora cada día más desvinculada de cualesquiera compromisos con el Estado social. Y también es imprescindible revisar la consistencia de la calidad democrática, cuya sensación de deterioro es de momento incontestable, amenazando con hacerse irreversible a menos que respondamos y lo hagamos cuanto antes. Esta es una precondición del restablecimiento del crédito de la democracia misma. Las bases del sistema electoral deberían ser revisadas: no hablamos de la “fórmula D´Hondt”, una regla matemática de adjudicación de escaños a la que reductivamente se imputan males que no causa, sino de las circunscripciones al Congreso y al Senado, de la apertura sí o sí de las listas al Congreso (superar las listas bloqueadas sería un impulso formidable a la recuperación de la credibilidad de los partidos políticos), de la dación de cuenta, la transparencia y la responsabilidad, principios estos que han de articularse hasta hacerse vinculantes y exigibles en la acción de los partidos políticos, los Grupos parlamentarios, y hasta en el parlamentario/a y cargo público de forma individualizada.

Y sin pretender agotar aquí y ahora la agenda de contenidos potencialmente integrantes de una apuesta socialista por la reforma constitucional, a discutir con el resto de fuerzas participantes de un ciclo constituyente todavía por acordar, es imprescindible imprimir, porque ya va siendo hora, la maduración federal de lo que en España ha dado en llamarse Estado autonómico o Estado de las autonomías. Y para concluir así con un doble recordatorio: en política, importa muchísimo más la cosa –la sustancia de las cosas- que los nombres de las cosas. Lo que aplicado a este asunto exige recordar de nuevo –y yo lo hecho muchas veces, como tantas otras voces en el constitucionalismo- que nuestro Estado autonómico figura en todos los análisis de Derecho comparado y de Ciencia Política como lo que materialmente es, una experiencia federal. Hay que añadir de inmediato que no hay un canon federal, puesto que no hay dos Estados federales idénticos entre sí, sino experiencias federales, que dan cuenta de un proyecto de convivencia en común conforme a reglas pactadas.

Ello invita a recordar que federar es unir, y pactar cómo, no dividir ni segregar. Y ello quiere decir que la maduración federal no exige nuevas vueltas de tuerca a la manivela de la transferencia competencial, sino reforzar, antes bien, la claridad, seguridad y lealtad con la que cada nivel de responsabilidad –Estado federal, CC.AA y entes locales- debe ejercer las suyas sin imputar a ningún otro ni hurtar a los ciudadanos el debe ni los pasivos de su gestión distintiva. Aunque nunca se reitera lo bastante, la Constitución española de 1978 no define en ninguna parte cuál es la organización de la estructura territorial en que desembocaría la aplicación de la disposición prevista en el Título VIII. No contrapone, por tanto, un “Estado autonómico” (inexpresado en la CE) al modelo federal.

Nuevas formas de participación y representación, democracia avanzada y modelo federal son así el resumen de esta reflexión, hecha desde la independencia intelectual y profesional, para el cambio necesario en el Partido Socialista Obrero Español.