La aparente recuperación económica va acompasada de una serie de recortes sociales que afectan especialmente a las clases más desfavorecidas, y de una bajada de los salarios que parece que va a continuar y que está incrementando la brecha salarial y la de la desigualdad, con una caída de la renta por persona —según el mismo estudio— de un 11% en el periodo comprendido entre 2006 y 2011. Los “más vulnerables” son las familias con miembros en paro –y cada vez son más las familias que tienen a todos sus miembros en paro—, los inmigrantes, las familias monoparentales y los menores de edad. El drama de familias que no tienen para dar una comida con proteínas a sus hijos menores de edad empieza a ser habitual en muchos sectores de la sociedad.

En un Gobierno donde reina la paradoja, el Ministro Montoro niega ante las críticas de los grupos de la oposición que los salarios hayan bajado, a la vez que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defiende en Japón que España es un buen lugar para invertir por el bajo coste salarial de la mano de obra. Poco después, la patronal –y el propio Gobierno—corrigen al Ministro e indican que los salarios han bajado y seguirán bajando y celebran lo que consideran un esfuerzo por incrementar la competitividad. Una victoria para ellos que, sin embargo, se tambalea por el simple hecho de que siempre alguien puede estar dispuesto a trabajar más barato y esto nos lleva a una espiral de lo absurdo donde el trabajo pierde su valor y que nos conduce al esclavismo.

Los sectores más críticos con las medidas del Gobierno se preguntan hasta cuándo se seguirán apoyando una devaluación salarial y unos ajustes que ahogan a las familias y dejan un país sumido en la pobreza, y cuándo las ayudas van a ir a las empresas y a las familias para poder activar realmente una economía que no castigue a los más débiles.

Un castigo que llega, por ejemplo, a través de la salud. Los recortes en Sanidad en España siguen aumentando. El copago hospitalario llega como colofón a una serie de medidas que comenzaron amparadas por la crisis pero cuyas consecuencias pueden ser muy graves. En agosto del 2012, losinmigrantes en condición irregular se quedaron sin derecho a tarjeta sanitaria. Luego llegaron los copagos en farmacia y otras medidas, algunas de ellas paralizadas por la Justicia como el euro por receta en la Comunidad de Madrid.

En mayo de este año un inmigrante con tuberculosis murió por no ser atendido en Mallorca. Médicos del Mundo denunciaron esta muerte alegando que el joven fue hasta en tres ocasiones al Hospital donde le negaron atención médica por no tener la tarjeta sanitaria, pues se encontraba en situación irregular. Una “situación”, la “irregular”, que afecta a más de 800.000 personas en nuestro país y que, aparte de suponer una negación al derecho a la sanidad, y una falta de aprecio a la vida humana, pone en peligro la salud pública.

En la Comunidad de Madrid, 30.000 mujeres llevan más de 7 meses esperando a hacerse una mamografía, prueba fundamental para la detección del cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad entre la población femenina. Durante este tiempo se ha paralizado la realización de estas pruebas con el riesgo para la salud que esto conlleva. Riesgos que cada vez son más latentes. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha denunciado en un informe reciente la dificultad de acceso a fármacos antitumorales en varias Comunidades Autonómicas por las limitaciones que tienen los médicos para prescribirlos por su alto coste.

Muchas de estas medidas esconden detrás una privatización paulatina de las prestaciones sanitarias (por ejemplo en el caso de las mamografías, Esperanza Aguirre fue derivando a centros privados la realización de las mamografías, desmantelando poco a poco las instalaciones en centros de salud públicos desde el año 2007). El ejemplo más extremo de privatización de la sanidad ha sido la ahora mismo paralizada privatización de la gestión de varios hospitales públicos madrileños, a día de hoy detenida por el Tribunal Superior de Justicia. Hay ejemplos de estas situaciones y otras similares en varias Comunidades Autónomas.

Un progresivo desmantelamiento, el de la Sanidad Pública Española, que desde el inicio de la crisis contrasta con un hecho significativo: el sistema de Salud Público de España ha sido uno de los más baratos de Europa y de los que mejor han funcionado. Otra paradoja de las medidas tomadas por este Gobierno y su forma de gobernar.