En aquel viejo proceso los “delitos” fueron por asociación y reunión; esto es, por ejercer derechos sindicales que, no hace falta decirlo, estaban proscritos. A los de Airbus se les ha procesado, en el fondo, por tratar de impulsar el derecho de huelga aunque, obviamente, al ser uno de los derechos fundamentales de la Constitución las acusaciones hablan de algo tan insólito como actuar “contra los derechos de los trabajadores” y, con penas más bajas, por lesiones y por atentado a agentes de la autoridad. Los hechos se remontan al día de la huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de septiembre de 2010 en toda España contra la reforma laboral del Gobierno, a la sazón presidido por Zapatero.

La factoría de EADS CASA y Airbus, en Getafe, se ha caracterizado siempre por su fuerte afiliación sindical. Se daba por sentado que participaría activamente en la huelga y así fue. Ese día se concentraron varios cientos de huelguistas en su entrada y se trató de convencer a otros compañeros para que la secundaran. En medio de las disputas que en estos casos se producen en cualquier huelga, intervino violentamente la policía antidisturbios, se creó una fuerte tensión y, sin que al día de hoy nadie haya sido capaz de dar una explicación sensata, la policía descargó varios tiros al aire. El entonces Presidente del Comité Interempresas se destacó por su intento de mediar con la policía para calmar los ánimos. En el sumario se le califica textualmente de “cabecilla” (¡Cuántos recuerdos vienen a mi memoria!). Es uno de los ocho encausados.

Pese a ser una huelga general a la que estaban convocadas decenas de miles de empresas la policía antidisturbios estaba allí desde horas antes. ¿Preocupaba la fuerte sindicación en esta empresa y el presumible compromiso con la convocatoria? ¿Había que dar una lección? Chocan muchas cosas en este asunto. La principal, claro está, es la bestialidad de la petición fiscal. Choca también que, puesta la denuncia en aquella fecha transcurrieran diecinueve meses hasta que el fiscal reavivara el caso y lo hiciera solicitando del juez una rueda de reconocimiento, donde a los encausados se les mezcló con presos comunes de “parecidas características físicas”. Tan impresentable y degradante hecho cabe interpretarse como un intento de criminalizar el ejercicio de la huelga. Sorprende también que, sin individualizar las conductas, a los ocho se les haga idéntica acusación y se les pida la misma pena. En esto se les ha tratado peor que a los 17 de medias Vilma. En fin, estamos ante un proceso incalificable.

Resulta inevitable asociar esta barbaridad con otros datos, entre ellos el de que entre el día de la huelga y el reverdecer del caso mediaron elecciones generales, con los resultados conocidos. Tampoco es fácil disociarlo de las varias reformas penales planteadas estos dos últimos años al hilo de las muchas movilizaciones ciudadanas y con la clara intención de reprimirlas con mayor dureza. Veremos en qué queda el muy criticado proyecto de ley de Seguridad Ciudadana. Por otra parte, no puede descartarse que el Gobierno, ante las medidas que pensaba aplicar, haya alentado desde el principio de su mandato la idea de amedrentar a la ciudadanía en general y a los trabajadores en particular.

Con los 8 de Airbus se ha promovido una fuerte corriente de solidaridad a nivel nacional e internacional. Si mediáticamente no se escuchan demasiados ecos no hace falta decir por qué. En todo caso, cuesta trabajo asumir que a día de hoy haya motivos para establecer estos paralelismos con lo que vivimos durante la dictadura franquista. Es posible que este sumario no prospere o haya una sentencia absolutoria. Pero habrá que perseverar en su denuncia. Como rezaba el lema de la solidaridad con ellos, “no son 8, somos miles”.