La realidad es que alrededor del 20% de los genes humanos están patentados (más de 4.000). De ellos, un 63% lo han sido por empresas privadas y un 28% por centros de investigación y universidades de gestión pública. Sin embargo, esta noticia no ha tenido un eco apreciable ni en los medios especializados, ni en la opinión pública española, aun tratándose de un tema de ética y de política mundial, con evidentes efectos sobre los ciudadanos de todo el planeta.

Fue en junio de 1991 cuando el científico Craig Venter, de los Institutos Nacionales de la Salud, presentó en la Oficina de Patentes Norteamericana una solicitud para patentar 337 nuevos genes humanos. A partir de ese momento, y particularmente a raíz de la presentación pública de los primeros borradores del Genoma Humano en 2001, se ha avanzado en el desarrollo de una medicina individualizada, entendiendo por ésta los progresos en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en virtud del perfil genético y molecular de cada enfermo y su patología en particular.

En España, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad permite patentar genes, tal como se recoge en el artículo 5.5., que dice que “un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural”. De igual modo en la directiva europea y en la jurisprudencia norteamericana se aceptan las patentes sobre secuencias totales o parciales de genes.

Existen tres perspectivas fundamentales en el ámbito internacional sobre la legitimidad o ilegitimidad de patentar genes humanos. La postura de la UNESCO, que plantea que «en sentido simbólico, el genoma humano es patrimonio de la humanidad» (Declaración Universal 1998, Art. 1); la norteamericana que entiende que las patentes deben regularse por criterios estrictamente mercantiles y la europea que considera que “… al concederse una patente a las invenciones sobre estas secuencias o secuencias parciales deberán aplicarse los mismos criterios de patentabilidad que en todos los demás ámbitos tecnológicos, a saber, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial…” (Directiva 98/44/CE, Art. 22); si bien se establecen cláusulas de moralidad para rechazar solicitudes, aludiendo a razones de orden público.

La posibilidad de patentar genes humanos es una cuestión muy controvertida. Permitir, como hacemos desde hace años, que los genes formen parte de un “mercado de la vida”, en donde todo es susceptible de compra y venta: ¿acaso no está dando lugar ya a la existencia de diversos tipos de medicina en el mundo, una puntera, de la que se sirven los ciudadanos más ricos del planeta, que se aprovechan de los avances genéticos, y una medicina anticuada, a la que no tienen más remedio que acudir las personas más desfavorecidas y con menos recursos?, ¿no consideran que este nuevo tipo de medicina personalizada se ha convertido en un nuevo factor de estratificación social?, ¿no estiman que es un problema de ética mundial que los avances en genética no beneficien por igual en todos los ciudadanos del Planeta?, ¿no debería plantearse un debate político de alcance internacional sobre estas cuestiones?

En definitiva, nos encontramos ante un tema de gran complejidad, que exigiría tomar conciencia pública sobre las repercusiones perversas que las patentes de genes humanos ya están ocasionando. Sería necesario desarrollar programas educativos globales en materia de genética humana para que una ciudadanía informada – y no solamente los expertos y los grupos de interés – debatan abiertamente sobre estos asuntos y participar en las decisiones que se vayan adoptando. También es imprescindible que se adopten medidas, basadas en el principio de justicia, que impidan que los intereses económicos, científicos, políticos y estratégicos implicados en las patentes de genes humanos, operen como una rémora frente al principio de universalidad de la ciencia. Finalmente, es indispensable que se llegue a acuerdos multilaterales y que la comunidad científica especializada asuma en toda su amplitud el juramento hipocrático: no originar perjuicios, y actuar siempre en interés de la Humanidad.