Desde luego, yo no creo que la Guerra Civil española, ni los crímenes que se cometieron en aquel período, fueran ni mucho menos un divertimento tipo “macguffins”, sino actos horribles que no debieran cometerse nunca más en España. Tampoco me parecen cosa de broma las pretensiones de muchos ciudadanos pacíficos de enterrar con dignidad y claridad a sus muertos. Creo que en estos dos aspectos el grado de acuerdo existente entre la inmensa mayoría de los españoles es muy amplio.

Sin embargo, otra cosa diferente es estar de acuerdo con el peculiar proceder de un Juez que parece más preocupado por tener la mayor notoriedad posible, que por fundamentar sus iniciativas con la suficiente solidez jurídica. Por ello, su solicitud de un “certificado” de la muerte del dictador era un evidente “macguffins”, tal como los acontecimientos posteriores demostraron cumplidamente. Se trató de algo que fue noticia, que atrajo la atención del público, que dio pie a bromas y rechiflas y que, finalmente, no sirvió para nada concreto, después de haber hecho uso de acontecimientos que fueron muy tristes y dolorosos para muchos.

El problema es que este tipo de prácticas de “comunicación” y “atracción” de la atención del público se están haciendo cada vez más frecuentes, y en las mismas fechas en las que formulé mis comentarios eran varias las “maniobras de distracción” que pugnaban por hacerse un hueco en los medios de comunicación social, en detrimento de graves cuestiones económicas, sociales y laborales de fondo que debieran estar siendo objeto de mayor atención. De hecho, determinados debates continúan estando prácticamente ausentes de los medios de comunicación social españoles, mientras algunas personas bienintencionadas continuamos dilucidando sobre si “son galgos o podencos”.

En cualquier caso, el comentario de Martínez Cobo me brinda la oportunidad de hacer una última reflexión sobre un asunto que a veces puede acabar desenfocándose y tener unos efectos, al menos, discutibles sobre el fondo de las cuestiones concernidas. Creo que la opinión mayoritaria de los españoles en estos momentos es que los terribles acontecimientos de la guerra y la postguerra civil deben ser considerados y enjuiciados como parte de nuestra historia y no de nuestro presente. Creo que somos inmensa mayoría los que pensamos que se trata de algo que debiéramos evitar que se repitiera, ni de lejos y a toda costa. Ese debe ser un objetivo político prioritario, que se encuentra en sintonía con el espíritu y la letra de la actual Constitución y que en nada empaña ni dificulta las legítimas pretensiones de las familias de los “desaparecidos”. Pero de ahí a intentar hacer en nuestros días una especie de “causa general” al anterior régimen, desaparecido hace más de 30 años, media un abismo. Ahora es tiempo de los historiadores y de los juicios políticos y morales de cada cual.

Decían los clásicos que “los pueblos que no reconocen sus errores, ni asumen su historia, están condenados a repetirla indefinidamente”. En España hemos pasado demasiadas veces por tales repeticiones de la historia: hemos tenido varias guerras carlistas, nos hemos empeñado en crueles contiendas civiles y hemos ido de unas Constituciones a otras. Ahora, en cambio, hemos entrado en una senda de estabilidad y de progreso que ha demostrado fehacientemente que este es el camino por el que tenemos que avanzar. Bien merece la pena, pues, que todos hagamos un esfuerzo constructivo por no desandar caminos ni desenterrar fantasmas, agitando conflictos del pasado. Y si además de esto somos capaces de centrar los grandes debates en las cuestiones socio-económicas y laborales del presente, pues mucho mejor.