Las disfunciones y los problemas generados por los conglomerados burocráticos cuando se ven autoalimentados en sus poderes y competencias, como funciones en sí que tienden a reduplicarse casi sin fin, han sido objeto detallado de análisis en un número considerable de estudios sociológicos, económicos y politológicos. Por ello, la crítica a los excesos del burocratismo apenas requiere en nuestros días mayor argumentación. En los libros y manuales que se han escrito sobre esta temática es frecuente encontrar el ejemplo de aquella gran empresa alemana que, al final de la II Guerra Mundial, se encontraba con todas sus factorías e instalaciones completamente destruidas por los bombardeos alemanes, excepto las oficinas de las sede central, en la que centenares de conspicuos burócratas continuaban manteniendo una actividad frenética, haciendo circular miles de impresos y formularios, generando sin parar todo tipo de instancias y papeleos diversos, a pesar de que detrás de tanto procedimiento no había nada de nada. Este caso suele ser considerado como uno de los ejemplos más notorios que demuestra que toda burocracia es capaz, por sí sola, de generar una actividad burocrática prácticamente sin fin.

A lo largo de mi vida académica, de mi trayectoria como ciudadano y usuario común, y de mi experiencia política y de gestión me he encontrado ante un cúmulo de situaciones curiosas que me proporcionarían material suficiente para escribir un libro sobre los excesos y las disfunciones del burocratismo. Aunque la verdad es que estaría tentado de escribir más bien un libro de humor, aunque sea de humor negro, que de sociología o de ciencia política. ¿Quién no se ha encontrado a lo largo de su vida teniendo que hacer trámites tediosos, repetitivos y un tanto innecesarios, sin entender muy bien las razones de tan excesivo papeleo? En una ocasión asistí accidentalmente a una conversación de dos altos funcionarios –a los que tengo por personas excelentes–, mientras comentaban la necesidad de “dar mayor seriedad” a una determinada gestión, exigiendo un expediente de “mayor entidad” –decían–, mientras señalaban con sus dedos índice y pulgar el grosor que, a su juicio, debía tener dicho expediente. A continuación se pusieron a “imaginar” los papeles que debían pedirse, en adición a las facilidades y simplificaciones que algún secundario inexperto había establecido.

Donde mis anécdotas acumuladas son más sabrosas es en el campo de la actividad académica e investigadora, donde he tenido que preparar, por ejemplo, informes para un “interventor”, explicando en qué consiste un margen de error muestral, o por qué debe pagarse a los encuestados con cierta prontitud, o por qué se han tenido que adquirir determinados equipos imprescindibles en una investigación –como ordenadores–, o por qué es necesario supervisar las encuestas en el mismo lugar en el que se hacen, así como un conjunto de justificaciones e informes burocráticos de todo punto innecesarios, cuyos detalles me da vergüenza detallar, y que me han hecho sentir como un auténtico bobo mientras perdía el tiempo realizando tales menesteres, hasta que he llegado a la conclusión de que no volveré a realizar ninguna investigación para un organismo público. Conclusión a la que muchos de mis colegas de la Universidad han llegado bastante antes que yo, por cierto. El problema, en este caso, es que el profesor que se dedica a investigar debe dedicar mucho tiempo y esfuerzo a tramitaciones y papeleos de todo punto innecesarios y a veces absurdos, que te acaban quemando y apartando de la labor propiamente investigadora. Por ello, creo sinceramente que si no se entiende la lógica disfuncional y embarulladora que está entorpeciendo el normal proceder investigador en la Universidad española –y en otras instancias públicas– no será posible agilizar las tareas y utilizar bien los presupuestos para investigación, de forma que muchos de los recursos públicos que en España destinamos a este particular –menos que en otros países avanzados, por cierto–, se acabarán desviando o aplicando de manera poco eficiente y ágil, e incluso no seremos capaces de recuperar para trabajar en España a algunos reputados científicos, que cuando retornan se encuentran, muchas veces, frustrados y atascados entre un papeleo excesivo que no tiene justificación. ¿Alguien quiere que le proporcione nombres y ejemplos?

Sin embargo, posiblemente es el ciudadano común el que siente en mayor grado el agobio del “furor tramitante” cada vez que tiene que hacer una gestión aparentemente sencilla, pero que le obliga a recorrer oficinas y departamentos, recopilando documentos y certificaciones que le piden en una dependencia administrativa y que tiene que obtener en otra dependencia administrativa, sin que los pobres ciudadanos entendamos por qué la Administración nos pide que le justificamos lo que ella misma tiene que justificar. En la época de la cibernética y de la sociedad de la información ¿no sería más fácil, sencillo –y cómodo para los administrados– que sea la propia Administración la que efectúe sobre la marcha todas las comprobaciones que estime necesarias, sin necesidad de tanto ir y venir y tantos retrasos y pérdidas de tiempo? ¿No se podría lograr un notable ahorro y una mejora de la eficacia de nuestra sociedad agilizando y simplificando trámites y procedimientos?

Un buen amigo, que lleva años muy sensibilizado por estas cuestiones, me explicaba hace poco que en la Administración española existen en estos momentos más de 5.000 trámites específicos. No sé si la cifra será exacta o se quedará corta, o tendrá suficientemente computados los trámites que frecuentemente se reduplican en las distintas Administraciones y Comunidades Autónomas, pero de lo que sí estoy convencido es de que el tipo de Estado eficiente y solvente que necesitamos en nuestro tiempo histórico para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos no puede ser un Estado hiperatrofiado por un burocratismo disfuncional, que controla y ralentiza (en exceso) lo que concierne a lo “poco“ y al “ciudadanos medio”, al tiempo que institucionaliza el “truco” y el “atajo” ante la normativa vigente y hace posible que en “lo mucho” exista tal manga ancha que da lugar a que, de vez en vez, estallen los escándalos que todos conocemos. Desde luego, el Estado debe ejercer los controles precisos, pero debe hacerlo con agilidad, sencillez y precisión, ya que la experiencia demuestra que un exceso de trámites absurdos y de burocratismo en realidad acaba degenerando en formalismos ineficientes y retardatarios. Por eso, hay que entender que una de las reformas que tenemos pendientes en países como España es la reforma procedimental de la Administración. Y, frente a aquellos que sostienen que la armonización de eficacia, solvencia y rigor es un empeño prácticamente imposible, se pueden poner algunos ejemplos que muestran que con procedimientos adecuados, sentido común y un buen uso de las nuevas tecnologías informáticas es posible avanzar en este campo. ¿Acaso la Hacienda española no ha logrado prestar, en este sentido, buenos servicios a la sociedad y a los contribuyentes? ¿Por qué no se hace algo similar en otros campos de la Administración? ¿Cuándo se va a aplicar realmente la idea de la ventanilla única?… Sencillamente, cuando se tenga suficiente voluntad para poner coto al “furor tramitante”.