El problema es que, por esta senda, algunos se están metiendo en un camino que afecta no sólo a la ética del propio comportamiento público, sino a la misma lógica de la legitimidad democrática y al respeto a las leyes establecidas. El afán desmedido de poder y la voluntad arrogante de imponerse a los demás da lugar a que algunos líderes y lideresas corran el riesgo y cruzar la frontera que separa un maquiavelismo extremo y duro de prácticas directamente mafiosas.

Lo sucedido en la Comunidad de Madrid es un buen ejemplo de a dónde pueden llevar determinados extremismos y ambiciones desmedidas. El escándalo del Tamayazo (¿por qué no Aguirrazo?) fue un primer aviso serio del peligro al que nos enfrentamos. Sin embargo, la reacción no fue en su día la que era de esperar en una democracia seria. Cuestión que algunos no llegamos a entender. Después, amén de otros asuntos menores, ha sido el asalto despiadado a Caja Madrid –en el que por cierto han estado implicados también algunos protagonistas que aparecían en el guión del “Tamayazo”–. Y últimamente ha sido el descubrimiento de una red policíaca paralela que se dedicaba al espionaje de propios y ajenos, al servicio no se sabe muy bien qué propósitos.

¿Cuáles son los límites en esta forma de proceder? A juzgar por lo que se sabe –y por una pequeña parte de lo que se intuye– algunos no parecen dispuestos a poner límites a su proceder, sin importarles el daño que puedan causar a las instituciones, a sus propios partidos o a la respetabilidad de la democracia. De ahí que, frente a esta patología política tan dañina, no quede otra opción que la de aplicar el peso de la ley y activar las actuaciones correctoras de los partidos, que son los que tienen que velar para que nadie traspase ciertas barreras. Si determinados líderes y lideresas no son capaces de entender esta ley de oro de la democracia, tiene que ser el sistema democrático, como tal, el que tendrá que velar por su propia salud ética y política.