¿Acaso no es posible extirpar la corrupción de la vida pública?, se preguntan algunos cuando conocen casos como los que en estos momentos están girando en torno a determinadas tramas de poder del PP madrileño. Muchas personas piensan que lo que sale a la luz es sólo una pequeña parte de un gran iceberg y no entienden cómo ciertos nombres aparecen recurrentemente en casos como el Tamayazo, el asalto a Caja Madrid, la guerra de dossieres y múltiples operaciones urbanísticas.

Cuando uno escucha las grabaciones de algunas cintas de estos escándalos no puede dejar de sentirse perplejo. Hay personajes poderosos que hablan de operaciones especulativas de decenas de miles de euros como si tal cosa, y se jactan de tener controlados o “untados” a unos y otros y de repartir comisiones como lo más normal. Cualquiera que les escuchara sin entender el fondo de la cuestión podría pensar que se trata de honorables hombres de negocios haciendo cálculos de costes, beneficios e inversiones tan legítimas como las que más.

Pero el problema es que esos miles de millones de corrupciones y comisiones luego acaban saliendo del bolsillo del pobre ciudadano, que tiene que pagar unos costes escandalosos por el valor del suelo de sus viviendas y, sobre todo, el principal problema es que tales tramas de poder acaban creando organizaciones parapolíticas que conforman redes tupidas que tienden a controlar y corromper todo lo que les rodea. Y esto sí que es un cáncer para los partidos políticos y para las instituciones. En España lo hemos visto en varios municipios, lo hemos visto en la forma de operar de ciertos sectores de poder económico, que desprestigian a la gran mayoría de los empresarios decentes y que contribuyen a introducir –han introducido– una tensión negativa en un sector económico de la importancia estratégica de la construcción.

Desmantelar tal tipo de grupos no es fácil, debido a la enorme cantidad de recursos que manejan y a la densidad de las redes comunicacionales y de intereses políticos que establecen, en ocasiones utilizando como tapadera-referente a líderes políticos destacados –que a veces se “dejan hacer” y a veces son parte interesada de la trama–.

Hace unos años me causaron mucha impresión las declaraciones de una concejal de un partido con el que no simpatizo que denunciaba que la habían ofrecido una cifra de más de mil millones SÓLO por no oponerse a un determinado plan urbanístico que ella estimaba perjudicial para su municipio. No tenía que hacer nada ilegal, no tenía que pringarse en nada, ni hacer gestión alguna… sólo tenía que votar lo mismo que otros concejales de su partido. Y, por eso, le daban más de 1.000 millones limpios. También recordaré siempre el desparpajo con el que otra concejal tránsfuga de otro partido se justificaba de las pruebas de haber recibido un buen montón de dinero por cambiar su voto afirmando que a ella la habían “fichado” por su valía, “como hacen a un jugador de fútbol” y “eso no le parece mal a nadie” –añadía–.

El problema es que en algunos casos se está haciendo de la corrupción y de las tramas de poder opaco una profesión más, en la que la política tiene un papel instrumental. La política a algunos les sirve para hacerse ricos en muy poco tiempo y las tramas de poder opaco son instrumentos al servicio de este fin: para llegar al poder, para permanecer en él, para “comprar” concejales o diputados y para mantener apartados a los adversarios y aguafiestas que puedan surgir.

¿Qué remedios tiene este problema que es tan antiguo como misma RES PUBLICA? Desde luego, el primero es reforzar las bases de una ciudadanía ética y responsable, y el segundo mantener activos y operativos todos los mecanismos públicos de control. Pero, aun así, lo más probable es que se reproduzcan casos de corrupción, por ello hay que pensar también en procedimientos prácticos que reduzcan los riesgos de corrupción a la mínima expresión. Por ejemplo, limitar los mandatos de los responsables políticos, ya que la experiencia demuestra que cuando se ejerce durante mucho tiempo el poder –y además cuando ese poder es poco cuestionado– se tiende a una cierta privatización de tal poder; lo cual no supone corrupción, pero la puede facilitar en mayor grado. A su vez, en el caso específico de la construcción es evidente que hay que transferir competencias y supervisiones a instancias superiores –coordinadas y participativas–, en las que las tramas de poder corrupto no puedan llegar con tanta facilidad como ahora. Es posible que algunos clamen airados contra estas posibilidades más centralizadoras, pero lo que habría que preguntarse es, ¿qué es peor, el remedio o la enfermedad?