En España, en cambio, aun nos queda por recorrer algún trecho de maduración democrática para llegar a tales equilibrios, ya que la tendencia que se mantiene es la de una desproporcionada judicialización de la política. Cuando se descubren irregularidades suele ser un medio de comunicación el que hace pública la información y un juez el que actúa. Generalmente, en estos casos, tanto los periodistas como los jueces tienen sus “gargantas profundas” y no tienen más que tirar del hilo para ampliar sus informaciones. Pero, rara vez los contenciosos y los problemas afloran inicialmente en el terreno político-parlamentario. Los parlamentos y los partidos actúan en segunda instancia, cuando la cuestión ya está judicializada y cuando las referencias al “secreto de sumario” y a las “filtraciones informativas” tienden a convertirse en los principales focos de polarización de la atención. De lo que se debate entonces no son los hechos en sí, sino los modos de proceder de jueces, periodistas y filtradores y, en casos verdaderamente pintorescos, incluso de eventuales cazadores, como se está viendo en el escándalo de las tramas del PP. En estos casos, el protagonismo acaba siendo transferido a lo judicial, lo cual se complica con los anuncios –y en su caso presentación– de nuevas querellas y denuncias contra aquellos que habían denunciado o informado (o cazado) inicialmente. Al final, lo que le llega al ciudadano es la impresión de un gran barullo y la sospecha de que hay muchas corruptelas e irregularidades de por medio. Posiblemente ese es precisamente el propósito de quienes, habiendo sido pillados con las manos en la masa, quieren defenderse a la desesperada, levantando polvaredas e intentando tejer una maraña de contenciosos judiciales cruzados.

El resultado de tales modos de proceder es una judicialización espuria de la política, con la correspondiente tendencia de politización de la Justicia, que denota un cierto fracaso de los partidos políticos y de las instituciones democráticas para depurar y resolver sus propios problemas. ¿Qué efectos puede tener todo esto en la opinión pública? ¿Cómo influye en el descrédito de la política y en los índices de participación política? ¿Cómo encaja el ciudadano medio tales sentencias en períodos delicados de crisis económica?