En la reciente convención de su partido en Valladolid, Mariano Rajoy se jactaba de que su Gobierno era el más reformista de nuestra historia próxima. Se quedaba corto, pues la degradación del marco de relaciones laborales que han conseguido a través de lo que llaman reformas podría incluir no sólo la historia próxima sino la remota. La reforma laboral de febrero de hace dos años fue la primera y más impresentable de las ¡treinta y cuatro! que lleva hechas desde entonces. Nunca jamás se había producido en tan poco tiempo tal aluvión de cambios negativos en la normativa laboral. Y, a la vista de los resultados, lo mínimo que habría que pedirle al Presidente es que no se enorgulleciera de tanta felonía.

Hacer un balance de los retrocesos sufridos por los trabajadores en sus condiciones de vida y de trabajo necesitaría mucho espacio. Una aproximación la ha realizado la Fundación 1º de Mayo a través de un estudio en el que se glosan, entre otras cosas, los contenidos básicos de cada una de esas treinta y cuatro reformas en el bienio. Subrayando, además, algo que puede parecer secundario si se compara con los efectos de su aplicación práctica; esto es, que buena parte de las mismas se han tramitado por la vía del Decreto-Ley, es decir, escamoteando la participación y el debate previo en las instituciones políticas y hasta en los órganos consultivos a quienes compete dar la opinión sobre cualquier norma de semejante naturaleza como, por ejemplo, el Consejo Económico y Social. No vale la pena repetir que debido a ese estilo tan poco democrático, y hasta de dudosa constitucionalidad, han dinamitado una experiencia bien valorada dentro y fuera de nuestro país como ha sido el diálogo y la concertación sociales, practicados de manera casi ininterrumpida desde mediados de los años noventa del pasado siglo.

Los efectos concretos de estas desdichadas reformas son bastante conocidos. Quizás lo más sobresaliente sea recordar que en la inicial exposición de motivos se hablaba de que se frenaría la destrucción de empleo, se favorecería la contratación indefinida, se fomentaría la contratación de trabajadores, se reduciría la temporalidad y hasta se mejoraría la empleabilidad. ¡No han cumplido ni una! Al contrario, se acercan al millón y medio los empleos destruidos en esos dos años, ha retrocedido la población activa, se produce una reducción continua del empleo estable, aumenta la contratación temporal, los días de duración media de los contratos son cada vez menos, hay un aumento acelerado del trabajo a tiempo parcial no deseado, crece el desempleo de larga duración, disminuye el porcentaje de los perceptores y la cuantía de las prestaciones de desempleo y, por supuesto, sigue perenne la gigantesca cifra de parados.

Era falso que se pretendiera lo que decía la citada exposición de motivos. El fondo de la reforma buscaba incrementar las prerrogativas de las empresas y reducir al máximo los derechos y las garantías de los trabajadores. Por ejemplo, las posibilidades abiertas a las empresas para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo es un extraordinario filón para recortes de todo tipo en los centros de trabajo. Se pretendía también favorecer un profundo ajuste de las plantillas, tanto en el sector privado como en el público; de ahí la rebaja en los costes de los despidos, la limitación de los controles judiciales o la supresión de los salarios de tramitación. Se buscaba, por supuesto, la reducción de los salarios y el incremento de los beneficios para las empresas. Por cierto, habría que señalar que la devaluación salarial ha conseguido, efectivamente, que mejoren esos beneficios, pero al disminuir la capacidad de consumo de la población resulta que las empresas ganan más pero venden menos. A todo lo anterior habría que sumar el propósito de invalidar en lo posible el papel de los sindicatos y de la negociación colectiva, con el fin de remover obstáculos a sus objetivos. Al final, ha quedado patente la incapacidad de la política del Gobierno para favorecer el aumento de la producción del país. Por eso, su apuesta actual es que el empleo se reparta entre más trabajadores mediante la multiplicación de los contratos de corta duración y bajo precio.

En fin, las treinta y cuatro reformas arrojan el triste saldo de más desigualdad, menos ocupación, más desempleo y más precariedad laboral. Y encima se ufanan de ello.