No se sabe si el señor Rhen y sus colegas están al tanto de la situación de las pensiones en España. Hay que suponer que sí lo están, pues son las propias estadísticas de la Comisión Europea las que recogen esos datos. Efectivamente, según tales estadísticas –Eurostat: “Indicadores del MAC en pensiones (Overachig Indicators), abril 2012”- resulta que el gasto en pensiones en euros POR HABITANTE es en España ¡el 48%! de la media de la UE-15. También, según las susodichas fuentes, la proporción de pensionistas españoles en riesgo de pobreza es del 21,7%. Sólo Bulgaria y Chipre de entre los 27 países de la UE están peor que nosotros en este aspecto.

Ante semejante panorama, por mucho que se argumente que también otros colectivos sociales están con la lengua fuera por causa de las austeridades de la señora Merkel y de nuestro infausto Gobierno, hay que denunciar como intolerable que se incumpla la Ley que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

Existe una razón adicional. La puesta en marcha del Fondo de Reserva, allá por 1996, coincidió con el inicio del fuerte crecimiento de la economía española, que se prolongó hasta 2007. Es en ese período donde se acumuló el grueso de los cerca de setenta mil millones de euros que hoy posee dicho Fondo que, hay que recordarlo, es para las pensiones. Ello ha sido posible porque en paralelo a dicha acumulación, excepción hecha de las pensiones mínimas, ninguna otra mejoró su poder adquisitivo. En otras palabras, del fuerte crecimiento económico habido entre 1996 y 2007 la mayor parte de los pensionistas no se beneficiaron absolutamente en nada. Quiere todo ello decir que la distribución y redistribución de la mayor riqueza creada en ese período les ha perjudicado. Es por eso que sea aún más exigible que se cumpla el compromiso legal y político de la revalorización.

Con un tan voluminoso Fondo de Reserva no debía constituir un obstáculo financiar dicha revalorización. Pero hay también otros caminos que, sin necesidad de grandes ingenierías fiscales, podrían mejorar sensiblemente los recursos públicos necesarios. Por ejemplo, bastaría con tomarse en serio la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, que los propios inspectores de Hacienda estiman en torno a los ochenta mil millones de euros; o adecentar el Impuesto de Sociedades, que en la práctica recauda menos de la mitad de lo que nominalmente le corresponde. Utilizando esas vías habría de sobra para cumplir con los pensionistas y mejorar la situación de otros sectores sociales vulnerables. Es seguro que esta demanda sonará como muy repetida. Pero también nosotros tenemos el derecho a machacar en esta piedra que, sintomáticamente, no parece preocupar mucho a nuestro Gobierno, a la señora Merkel y al señor Rhen y demás comisarios europeos.