Me ha venido a la memoria dicho título tras conocer uno de esos contratiempos domésticos, verdaderamente insignificantes si pensamos, por ejemplo, en el espectáculo de la corrupción que nos rodea o en las felonías a las que nos vienen sometiendo los detentadores del poder económico y político. Pero como ocurría con el protagonista de aquella película puede resultar que por restarles importancia y aunque sólo sea, como en el caso que voy a comentar, por mera acumulación terminen produciendo efectos inadmisibles.

Resulta que por una notable elevación del coste de la factura del consumo eléctrico y ante la duda de si había alguna anomalía en el contador, mi amigo J. llamó a la empresa suministradora para ver si podía comprobar esa posible anomalía. Le contestaron que debía hacer una solicitud al Ministerio de Industria pero que quizás todo estuviera bien y que si pretendía disminuir el gasto a lo mejor le convenía contratar una tarifa que se ofertaba con un descuento del 10 por 100 los primeros doce meses. Dicho y hecho. Contestó automáticamente que sí y le pasaron con otro operador para formalizar el contrato, trámite que se hace por teléfono, se graba una extensa conversación que no se debe interrumpir y lo único que tiene que decirse es “de acuerdo” después de escuchar larguísimas y veloces parrafadas sobre las condiciones del susodicho contrato al que, obvio es decirlo, mi amigo optó por esa reducción del 10 por 100. Unos cuantos días más tarde le llegaron varios folios por escrito donde se enumeraban todas y cada una de las condiciones que, al parecer, le habían sido leídas por teléfono. Por simple curiosidad buscó su último recibo y comparó los precios del kilowatio de consumo y el de potencia con los del nuevo contrato. Comprobó que le habían tomado el pelo y que en lugar de una rebaja en la factura lo que resultaba era una elevación de más del 20 por 100 en el precio del kilowatio/hora y del 10 por 100 en el de potencia. Aun con el señuelo del descuento resultaba que pagaría bastante más de lo que venía pagando. Con la correspondiente indignación llamó de nuevo a la suministradora, les dijo que se sentía víctima de un timo y, afortunadamente, lo hizo antes del plazo de siete días que se le concedía para desistir sin penalización. Al final ha tenido que renovar su viejo contrato.

Pido disculpas al lector por si considera una pérdida de tiempo enterarse de lo que, quizás, le parezca una minucia de entre las miles de tipo similar que suelen darse, desgraciadamente, en la vida cotidiana de este país. Pero al comentarlo me anima pensar en la cantidad de ciudadanos a los que, seguramente, se les han hecho y se les siguen haciendo ofertas similares y no han reparado a tiempo en el perjuicio o no habrán siquiera efectuado comparaciones. Porque, como ha ocurrido en el caso que describo, a la víctima no se le había pasado por la cabeza que una empresa de renombre internacional, conocedora de las condiciones del contrato que tenía su cliente y pese a explicitar éste su interés por disminuir el gasto, fuera capaz de hacerle una oferta por la que para el mismo consumo la factura le saliera sensiblemente más cara.

El debate sobre los elevados costes del consumo eléctrico en España ha ocupado y sigue ocupando amplios espacios en los medios de comunicación. La contracampaña del sector, al que los españoles de a pie nos negamos mayoritariamente a aceptar que le debamos no se sabe cuántos miles de millones de euros, se ha centrado en que la culpa de la carestía la tienen los gobiernos. Maravilloso. Sea como fuere, siguen teniendo jugosos beneficios. Y no es presentable que para mejorarlos hagan ofertas engañosas.

La empresa de marras es Iberdrola. Aunque está claro que las opciones del mercado inspiran similar dosis de desconfianza, mi amigo está estudiando cambiar de compañía.