Pues bien, cuando nuestro Tribunal Supremo, que es la cúspide del sistema judicial español, en sentencias reiteradas, ha fallado a favor de los padres que reclamaban contra la inmersión lingüística en Cataluña, al entender que aquella violaba los derechos de sus hijos derivados del principio constitucional de cooficialidad entre el castellano y las lenguas regionales, tampoco sus magistrados se limitaron a dar la razón a unos concretos recurrentes. Porque esa es la función «nomofilactica» que el recurso de casación tiene en nuestro derecho, que bien conocen todos y cada uno de los magistrados de la Sala Contencioso-administrativa del TSJC con sede en Barcelona. De ahí que el Tribunal Supremo ordenara, en aplicación de la clarísima doctrina sentada por nuestro Tribunal Constitucional, que la Generalitat debería tomar cuantas medidas fueran precisas «para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010, del TCE, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán».

Y es que, partiendo del elemento básico de que la definición estatutaria del catalán como lengua propia «no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de ambas lenguas en perjuicio del castellano», esa sentencia 31/2010, sobre el Estatuto catalán, establecía, entre otros principios, que «el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza» en Cataluña.

En aplicación de tan inequívocos pronunciamientos, dicha Sala Comtenciso-administrativo el Tribunal Superior de Justicia catalán, dictó en julio del 2011 un auto en el que daba a la Generalitat un plazo de dos meses para adaptar el sistema educativo a lo en ellos fijado en materia lingüística. Lo que la Generalitat debería haber hecho en consecuencia no tiene duda alguna: acabar con la inmersión y disponer lo necesario para asegurar la presencia del castellano como lengua vehicular. No lo hizo, aunque carecía de cualquier base legal para justificar su negativa. Ahora cree tenerla: y es que en clara violación de lo dispuesto por el TCE y el Tribunal Supremo, un nuevo auto del Tribunal Superior de Cataluña, aprobado por los pelos (23 a 22), corrige el anterior y deja sin efecto la doctrina del Supremo «en cuanto se refiere al entero sistema de enseñanza en Cataluña».

La Constitución española dispone en su artículo noveno que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución en vigor y al resto del ordenamiento jurídico. Sencillamente no es verdad. En materia lingüística, los poderes públicos de Cataluña pueden pasarse el ordenamiento jurídico por el arco del triunfo.