La cámara, que podría haber rechazado este planteamiento provocando la prórroga del presupuesto actual, ha acabado cediendo a la postura del Consejo, donde el Reino Unido ha liderado una potente coalición para trasladar el ajuste del gasto público desde los Estados a la Unión Europea. Bien es cierto que este acuerdo se ha producido tras una prolongada negociación a cara de perro en la que el Parlamento Europeo ha extraído importantes concesiones, tales como más recursos para luchas contra el desempleo juvenil. Pero el primer presupuesto recortado de la UE bien podría haber recibido el primer rechazo parlamentario de la trayectoria comunitaria, haciendo así historia dos veces. Varios líderes parlamentarios han expresado su frustración con el resultado alcanzado, como Jean Luc Dehane, Alain Lamassoure y el propio presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, aceptando este presupuesto como el único posible, dada la intransigencia del Consejo y su obsesión con mimetizar recortes en los presupuestos nacionales con ajustes en el presupuesto comunitario. Schultz ha lamentado no disponer de un instrumento más ambicioso para generar empleo en el marco de una más robusta recuperación económica.
Por tanto, este presupuesto es una mala noticia para Europa, aun cuando haya recibido un amplio respaldo parlamentario, debido también a que el Partido Popular Europeo es la primera fuerza política tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo, además de ostentar la presidencia de la Comisión, en la persona del neoliberal portugués José Manuel Durao Barroso. En este sentido, es lamentable que el Partido Socialista Europeo no haya votado en contra, lo que es llamativo si tenemos en cuenta que en los Estados miembros la oposición rara vez respalda los presupuestos que presenta el Gobierno, y más si éste es conservador y el proyecto presupuestario es contractivo.
Las perspectivas financieras 2014-2010 son restrictivas en un momento de profunda depresión económica, además de sentar un grave precedente. Parece mentira que tengamos un presupuesto menos anti-cíclico, al menos en su cuantía global, que el que fuera aprobado en 2007 cuando la crisis apenas se estaba empezando a vislumbrar. Máxime teniendo en cuenta que los presupuestos comunitarios parten de un nivel muy bajo, moviéndose siempre en el entorno del 1%del PIB de la UE, cuando para acelerar el crecimiento a escala europea necesitaríamos no menos de cinco puntos de PIB. Es, asimismo, difícil de creer que podemos acelerar la integración europea en los próximos años con menos recursos que en el período presupuestario que ahora termina. La UE se prepara en teoría para lanzar la unión bancaria, la unión fiscal y la unión política. Y todo eso con menos dinero del que se dispone ahora, mientras se repite que la solución es más, y no menos Europa. La señal que se manda no es halagüeña. Cabe preguntarse si el Consejo, al menos en su formación actual, cree de veras en el proyecto europeo. Sectores importantes de la sociedad civil continental como la Unión de los Federalistas Europeos, así como partidos políticos europeístas, están reclamando una nueva Convención para celebrarla tras las elecciones europeas de 2014 con el objetivo de reformar los Tratados, de modo que se pueda completar la unión económica y financiera y lanzar el proceso de unión política. No parece que a los Gobiernos nacionales, por el momento, les esté desbordando el entusiasmo por esta propuesta. La esperanza está puesta en el Gobierno de coalición en formación en Alemania, líder informal de la Unión Europea, entre democristianos y socialdemócratas, y en que el socialista Schultz alcance la presidencia de la Comisión Europea, como resultado de una mayoría progresista en el Parlamento Europeo.
Por otro lado, lo que revela el fiasco presupuestario es la necesidad de dotar a la Unión Europea de más recursos propios, de modo que se reduzca el peso relativo de las contribuciones nacionales, siempre susceptibles de ser secuestradas por mayorías negativas en el seno del Consejo. Estas aportaciones representaron en 2013 el 73 por ciento de los recursos de la Unión, proviniendo el resto de los derechos aduaneros y aranceles sobre el azúcar (14%), y de un porcentaje sobre la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (11%) así como de otras fuentes menores como las aportaciones a determinados programas de países no comunitarios, las multas, y los impuestos a los funcionarios comunitarios (1,2%). Es decir, que solamente alrededor del 25 % de la financiación proviene de recursos propios, mientras que el resto queda al albur de las pulsiones de los Estados, cuyos representantes en el Consejo consideran una victoria política regresar de Bruselas diciendo que su país sale beneficiado por aportar menos recursos. Es preciso, por tanto, en el marco de las reforma de los Tratados, dotar a la UE de fuentes adicionales de financiación no dependiente del libre albedrío de los Estados nacionales, tales como el impuesto europeo a las transacciones financieras (ahora mismo limitado a un grupo de países interesados mediante el mecanismo de la cooperación reforzada), el impuesto sobre el carbono o la introducción de una fracción europea del impuesto sobre la renta. Al fin y al cabo fue la CECA, organización pionera de la construcción europea, la que ya en 1950 introdujo el primer impuesto paneuropeo de la historia, la tasa sobre la producción de carbón, como mecanismo de financiación de la Alta Autoridad (predecesor de la actual Comisión Europea).
