La ciudadanía ha asistido expectante al proceso de búsqueda de mayorías con el fin primordial de aprobar los Presupuestos; en esta ocasión haciendo concesiones puntuales- además de a los partidos nacionalistas mencionados- a grupos parlamentarios minoritarios. En estas circunstancias, y sin pedagogía, es difícil valorar suficientemente las medidas propuestas por el gobierno, al resultar cambiantes en el proceso de aprobación, y se corre el riesgo de perder de vista la finalidad de los Presupuestos y su importancia en un contexto de crisis como el actual. Tampoco la oposición ha hecho nada para que se conozcan sus alternativas presupuestarias para salir de la crisis- las que se conocen resultan demagógicas, como son las relacionadas con la bajada de impuestos- y el PP ha transitado con más pena que gloria en el debate presupuestario, atrapado en su ideología y en sus problemas internos.

Las primeras consideraciones sobre el capítulo de ingresos que se pueden hacer para dar luz al proceso parten del manifiesto presentado a los secretarios generales de UGT y CCOO por “un grupo de trabajadores de la cultura” que plantea que es imprescindible que se lleven a cabo reformas fiscales que garanticen la equidad, la solidaridad fiscal- sin paraísos ni privilegios para millonarios-, así como la mayor contribución de los que más tienen, para que el Estado pueda aumentar sus prestaciones sociales y ejercer como un potente impulsor de la actividad económica.

Por su parte, la izquierda se han pronunciado por un aumento de los impuestos- España está 6,5 puntos por debajo de la media europea según CCOO- pero no de los indirectos (IVA) como finalmente ha aprobado el gobierno respondiendo al principio de recaudar más y de manera más fácil y más rápida; simplemente porque no es un impuesto progresivo- todos pagan lo mismo y se establece sin tener en cuenta las circunstancias personales y familiares- y porque éstos penalizarán el consumo y por lo tanto el empleo.

Los sindicatos van más lejos y denuncian que no se puede mirar hacia otro lado en relación con las grandes fortunas, mientras se grava más a las capas medias y a los trabajadores, acentuando todavía más el reparto injusto de la carga fiscal.

Efectivamente, el aumento de la presión fiscal a los ingresos más altos, salvo alguna excepción (la modificación de la llamada “ley Beckam” para que los trabajadores cualificados y deportistas extranjeros que cobren más de 600.000 euros anuales tributen al 43% y no al 24%, como ahora, repara una injusticia), no se ha producido, y tampoco se ha considerado el aumento del impuesto fiscal sobre las SICAV y la recuperación del impuesto sobre el patrimonio. Por otra parte, el incremento de la presión fiscal a las rentas del capital resulta claramente insuficiente. Sin embargo, debe valorarse positivamente la retirada de los famosos, y muy criticados, “400 euros” ante el problema suscitado por la generalización de la ayuda al conjunto de la ciudadanía, al margen de los ingresos recibidos, sobre todo cuando se mantiene la ayuda para los ingresos más bajos.

Además de estas medidas llama profundamente la atención que el fraude fiscal no haya tenido una respuesta destacada en los PGE cuando se viene denunciando que el fraude fiscal alcanza el escandaloso porcentaje del 23% del PIB en España, según diferentes estudios de instituciones nacionales e internacionales, y sobre todo cuando estos datos no han sido rebatidos por el Gobierno que manifiesta, a través del Ministerio de Hacienda y de la AEAT, que aún no dispone de una evaluación oficial propia, lo que resulta un agravante. Este asunto tiene una fuerte repercusión en las cuentas del Estado y por lo tanto debería ser mayor motivo de preocupación del máximo responsable del Banco de España que la reforma que “predica” de nuestro mercado de trabajo y de las pensiones.

Según el “Análisis de los resultados de la lucha contra el fraude fiscal en la Agencia Tributaria” (GESTHA, septiembre 2008), una reducción parcial de 10 puntos del fraude- del 23% al 13% del PIB, que es el porcentaje medio que ostentan los países de nuestro entorno- permitiría obtener ingresos adicionales por año de 38.000 millones de euros, 25.000 de los cuales corresponden a impuestos y 13.000 a la Seguridad Social. Este importe superaría, tan sólo en un año, a lo recaudado por la AEAT en los últimos ocho años en la lucha contra el fraude fiscal e, incluso, haría innecesaria la subida de impuestos prevista para este año. Es decir, la superación del fraude fiscal resolvería en buena medida el actual déficit público de nuestras administraciones públicas y mejoraría nuestras prestaciones sociales. Para ello, y entre otras medidas, resulta imprescindible aumentar el personal encargado de la actuación fiscal por ser insuficiente como lo demuestran los datos recogidos por UGT (La fiscalidad en España, octubre 2009): 30.000 grandes empresas con una facturación de más de 6 millones de euros están supervisadas por 95 funcionarios. El censo de obligados a declarar contempla a más de 17 millones de declarantes de IRPF; 3.350.000 empresarios y profesionales; 2.300.000 sociedades; y 1.800.000 entes jurídicos. A esa tarea solamente están asignados 1.600 Inspectores de Hacienda de los cuales casi la mitad son cargos directivos; por lo tanto sin responsabilidad directa en la persecución del fraude fiscal… sin comentarios.

Con estos datos no es extraño que el informe “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles,” elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales, contemple respuestas (37%) como éstas: “los que más defraudan están impunes” o “no es eficaz la lucha contra el fraude fiscal”.

Además de todo lo dicho es necesario abordar en profundidad lo relacionado con la economía sumergida, y revisar las exenciones fiscales y la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social que no se justifiquen plenamente en función de los resultados obtenidos. Precisamente, en relación con este asunto todavía estamos a la espera de que el Ministerio de Trabajo informe sobre la bonificación de cuotas a la Seguridad Social de los empresarios y sus resultados en relación con la creación de empleo.

Estas son razones poderosas para que el gobierno- de acuerdo con la existencia en España de un elevado nivel de fraude, que todo indica irá en aumento, y teniendo en cuenta que la persecución del fraude que se está llevando a cabo en la actualidad resulta insuficiente- ponga de manifiesto una mayor voluntad política en la lucha contra el fraude fiscal, estudie las modificaciones normativas precisas, y mejore y dimensione los recursos disponibles; en definitiva, la lucha contra el fraude fiscal debe ser la bandera de referencia de cualquier gobierno progresista y más en una situación de crisis.

Más adelante será necesario reflexionar sobre nuestro sistema impositivo con el propósito de llevar a cabo una reforma integral donde paguen todos y se tengan en cuenta los principios de suficiencia, equidad, y progresividad y en la que participen activamente los interlocutores sociales y las CCAA.

En cuanto al capítulo de gasto fiscal- en concreto al gasto relativo a la inversión pública en infraestructuras (se mantiene la inversión); a la I+D+I (crece muy ligeramente); a la educación (crece un 3,4%); y a la protección social (pensiones, dependencia, y prestación por desempleo), que crece el 3,8%-, debemos reconocer que se acerca más a una política que se pueda considerar progresista y social, teniendo en cuenta las limitaciones existentes- ante la fuerte caída de los ingresos fiscales-que se esperan para el ejercicio económico 2010.

Esta política pretende atender, dentro de lo posible, algunas de las reivindicaciones de los sindicatos encaminadas a superar la crisis impulsando el crecimiento de la economía y el cambio del modelo productivo; además de reactivar las políticas activas de empleo, fomentando particularmente el trabajo y la coordinación de las oficinas públicas de empleo en sus tareas de intermediación (necesitan una profunda reforma en vista de los escasos resultados); mantener el sistema de pensiones; y garantizar la prestación por desempleo a los que pierdan sus puestos de trabajo.

La conclusión es obvia: vamos a tener presupuestos para el año 2010 y esto representa, sin duda, un avance notable en la difícil situación actual. Sin embargo, a través de ellos, es difícil visualizar avances serios hacia una política claramente socialdemócrata en el apartado fiscal, basada en la redistribución y en la superación de las desigualdades, que es lo que esperamos muchos ciudadanos de un gobierno socialista.