Las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento están contribuyendo, sin ningún género de dudas, al progreso de la sociedad en el mundo más avanzado. La generalización del uso de Internet constituye un factor clave en el desarrollo económico, en el desarrollo social y en el desarrollo cultural.

La red juega un papel fundamental en los nuevos procesos de creación cultural. En todos los órdenes, en las artes audiovisuales, en las artes plásticas, en las artes escénicas, en la música, en la literatura… Ni que decir tiene que el acceso a las fuentes de la cultura se ha extendido y democratizado sobremanera gracias a las nuevas tecnologías.

Ahora bien, estemos atentos para no morir de éxito. Algunas luces de alarma se han encendido ya, y amenazan con aguar el cava en la fiesta del maridaje entre cultura y tecnología. Si no logramos hacer compatibles las nuevas ventajas que proporciona la red para la creación y el disfrute de la cultura, con el respeto a la propiedad intelectual y la supervivencia de nuestra frágil industria cultural, tendremos un problema. Un problema grave.

No se trata de generalizar un problema que debe ser identificado y dimensionado cabalmente. Tampoco se trata de estigmatizar y criminalizar a las empresas tecnológicas y a los propios internautas de “culturicidas” e irresponsables. Ni cabe abrir la veda para los “piratas” sin escrúpulos que esquilman a creadores y productores culturales bajándose una canción o una película.

Pero hay que reconocer que determinadas prácticas que se están generalizando en la red, tales como el streaming o los archivos compartidos tipo P2P, suponen una amenaza seria para los procesos de creación, producción y retribución de la cultura y el conocimiento. Al menos, tal y como están establecidos por ahora.

Nada puede objetarse frente a las prácticas que posibilitan “bajarse” productos culturales mediante pago efectivo. Si algún sector de la creación o de la industria cultural aún no ha entendido que buena parte de los consumidores no acepta ya acudir al “videoclub” para alquilar una película, o no está dispuesta a comprar un CD con doce canciones cuando solo le gustan tres, allá ellos. Aquí todos tenemos la obligación de adaptarnos a las nuevas posibilidades y exigencias del mercado.

Sin embargo, cuando miles y miles de personas acceden a los productos culturales de forma irregular, o “alegal”, sin respetar los derechos de la propiedad intelectual, y sin pagar un precio a quien ha hecho una inversión para colocar en el mercado ese producto, se ponen en riesgo muchas cosas. Los creadores tienen dificultades para seguir creando; la industria cultural (editores, productores, distribuidores…) pierde actividad, pierde empleos, pierde posibilidades para seguir apoyando a creadores y consumidores; la hacienda pública no recauda para respaldar la cultura y el conocimiento…

La solución, una vez más, está en el acuerdo. En España y en Europa. Acuerdo entre las empresas tecnológicas y las empresas que suministran los contenidos, junto a los propios representantes de los creadores. El acuerdo interesa a todos: a las empresas tecnológicas interesa que se produzcan contenidos para su circulación; y a las empresas culturales interesa que sigan desarrollándose redes que faciliten el encuentro entre sus productos y el público.

El acuerdo entre las partes traería las soluciones técnicas, económicas y jurídicas que requiere el abordaje de este problema. Si no se produce este acuerdo, y pronto, tendrá que actuar el legislador…