Partiendo de que el acceso a Internet es fundamental para evitar desigualdades y generar sociedades con niveles más elevados de igualdad y, que las TIC pueden y deben constituir un espacio de integración social y ampliación de derechos ciudadanos, son positivos los datos del informe, del primer trimestre de 2010, del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), donde señala que la población española de diez y más años de edad que han accedido a Internet en alguna ocasión se sitúa en los 27 millones; que el 68,5% de los hogares disponen de ordenador y el 55,5% de los hogares están conectados a Internet.

Pero, ¿accede todo el mundo por igual?. Un primer vistazo constata que hay millones de españoles que no tienen ordenador en su casa y que no se conectan a Internet, y que un 44,5% de hogares tampoco lo están. Refleja, con datos del INE, que la utilización de un ordenador e Internet tiene un coste, y este pequeño gran detalle hace que exista un acceso diferente en función de la renta, que provoca, a su vez, un comportamiento distinto ante estas nuevas tecnologías. Así, los hogares con ingresos inferiores a 1.100 euros mensuales tienen una brecha digital de renta clara en la utilización del ordenador, un 31,8% de utilización frente al 63,2 % de la media nacional y en la utilización de Internet, un 28% frente al 59,8 % de la media nacional. Hecho que prácticamente se mitiga en cuanto a la utilización del móvil, con un 79,5% frente al 90,5% de la media nacional.

La conclusión es que las personas con menor renta disponible tienen menos acceso y utilizan menos las TIC que la media, con lo cual existen riesgos de exclusión e inequidad. Por tanto, la renta se convierte en un factor determinante que provoca dos hechos: el primero, la desigualdad de millones de ciudadanos españoles tanto en el acceso como en el grado de utilización; y el segundo, en paralelo con el anterior, mayores oportunidades para el resto, puesto que según se incrementa el nivel de ingresos familiares aumenta la frecuencia de acceso a ordenadores e Internet.

Ante este factor de discriminación, que se produce en toda la Unión Europea, son necesarias políticas activas desde los poderes públicos en todos los niveles territoriales, desde el local hasta el supranacional, para romper el binomio pobreza igual a exclusión tecnológica, que se reproduce miméticamente en todos los territorios. De no ser así, se agudizarán las desigualdades y la exclusión social y laboral, en una dinámica donde los ciudadanos con bajos ingresos parten con menos oportunidades en una sociedad cada vez más tecnológica. Y como tienen menos acceso y, por tanto, menos habilidades y formación tecnológica, tienen más dificultades para la incorporación laboral. Esto, les lleva al paro o a trabajos poco cualificados y con bajos ingresos que cada vez les excluye más de los avances y las herramientas de la sociedad de la información. Es el pez que se muerde la cola.

Puesto que la renta es un obstáculo, lo primero que hay que hacer es facilitar el acceso a todos los ciudadanos, con políticas activas por parte de las administraciones. El objetivo es que todas las personas tengan acceso a los servicios básicos de comunicación e información. Y junto a estas políticas, hay que acabar con la situación que vivimos en España, donde en el informe, la Comparativa Internacional de Ofertas Comerciales de banda ancha en la Unión Europea a junio de 2009, realizado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), se puede constatar que la banda ancha en España es hasta un 87% más cara que en la Unión Europea. O que los precios españoles de las ofertas Triple Play (teléfono fijo, banda ancha y televisión de pago) duplican a los de otros países europeos. En España, un cliente del operador dominante paga más y tiene productos con menos velocidad: 94,39 euros por el paquete básico mientras en Francia paga 47,9 euros, es decir, un 67%. Un atropello que tiene que finalizar.

La discriminación existe, pero se puede eliminar, convirtiendo las potenciales discriminaciones en oportunidades de igualdad para todos los ciudadanos. Y en el caso de las TICs, es esencial su conocimiento, utilización y acceso como base, junto con la educación, para poder entrar en un mercado laboral cada vez más tecnificado.