Me refiero al hecho de que las grandes compañías eléctricas niegan el enganche a cientos de plantas de energía renovables, impidiendo así que su producción más limpia y sostenible pueda liberarse e incorporarse a la red. Y esto está ocurriendo cuando al mismo tiempo resulta que España está incumpliendo los compromisos internacionales en materia ambiental, en contra del deseo que continuamente expresa el gobierno.

En realidad esto no es nada nuevo, sino una manifestación más de las dificultades que en España encuentra la transformación de nuestro sistema eléctrico contaminante debido al enorme poder que se ha concentrado en las principales compañías que operan en el sector. Dificultades que aparecen constantemente y que ponen día a día sobre el tapete la necesidad de llevar a cabo una regulación de los mercados que respete los intereses sociales y no se limite simplemente a proteger a los grandes intereses privados.

Se ha querido hacer creer que la mejor solución es dejar que las empresas campen libremente en los mercados, liberalizando al máximo una actividad tan importante para el desarrollo económico y tan crucial desde el punto de vista medioambiental. Pero la experiencia está demostrando que esa libertad no está proporcionando mejores servicios ni inversiones adecuadas y suficientes y que, por el contrario, al dejar que su cumplimiento dependa de la estrategia comercial de las grandes compañías, impide que España cumpla sus compromisos internacionales.

Por un lado resulta que éstos últimos son fundamentales no ya para España sino para el planeta en su conjunto, pues sin su cumplimiento a rajatabla no se podrá evitar el cambio climático que se viene produciendo y sus secuelas nefastas para la vida. Pero, por otro, se establecen condiciones regulatorias que no llevan a disminuir la producción de energía contaminante y que impiden, además, que se incorporen la alternativas. Y todo ello sencillamente en virtud del gran poder de decisión que han alcanzado las compañías que, al albur de los procesos de liberalización, no han quedado más sujetas a la competencia sino que se han concentrado formando un mercado oligopólico en el que se reparten los beneficios con mucha más facilidad que antes.

El mercado energético, quizá mejor que ningún otro, muestra claramente la falacia de creer que la economía va por un lado y la política por otro. Los grandes compañías eléctricas son máquinas concebidas principalmente para influir en la voluntad de los gobernantes y tan fuerte y efectiva suele ser esta que las más poderosas obtienen beneficios extraordinarios gracias a la ventaja estratégica que les proporciona, no su capacidad productiva, sino la información privilegiada y la anticipación que obtienen de esa influencia.

La regulación eléctrica la hacen en realidad las grandes empresas a través de sus mediadores y eso es lo que viene produciendo el deterioro de los servicios en todo el mundo y que no se puedan alcanzar los compromisos, ya de por sí débiles, establecidos para combatir el desastre ambiental de nuestro tiempo.

Desgraciadamente, las eléctricas españolas constituyen ejemplos palmarios de todo ello. El enorme crecimiento que han tenido gracias a la concentración y el apoyo de los gobiernos se ha traducido en una gran rentabilidad que han aprovechado para invertir en otros países, entre otras cosas, para sortear así más fácilmente las limitaciones que les ponen aquí las autoridades. Una estrategia muy rentable pero acompañada de una muy mala imagen en América Latina y que al fin y al cabo se ha traducido en un claro debilitamiento de los intereses generales del sector en España.

De hecho, uno de los grandes retos del gobierno recién constituido es tratar de poner orden en esta situación si es que quiere evitar que se vaya consolidando una situación que a medio y largo plazo sería de gran dependencia y de nefastos efectos ambientales en nuestro país. No ha sido casual que una de las dificultades a la hora de configurarlo haya sido precisamente la adscripción de las competencias en materia energética. Lo importante es que el gobierno de la Nación logre ser inmune a los intereses económicos particulares, por muy selectivos y poderosos que puedan ser, y defienda los del conjunto de los españoles, los cuales, como se viene comprobando, no siempre son perfectamente compatibles.