En efecto, en estas mismas fechas, desde el 3 de junio, se está llevando a cabo en Bonn la correspondiente reunión sobre cambio climático (Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas) sin que las expectativas de que se produzcan avances suficientes y esperanzadores para, al menos, frenar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sea una posibilidad ni a corto ni a medio ni a largo plazo. Parece evidente que con las prioridades de los que nos gobiernan, pocas alternativas tenemos más que pensar en acostumbrarnos, adaptarnos y auto-defendernos contra las previsibles catástrofes climáticas puntuales, y contra los desagradables efectos ambientales y económicos de una creciente elevación de la temperatura media del conjunto del planeta. Es un tema que no interesa política ni mediáticamente, y así parecen pensarlo también los medios de comunicación que se han despreocupado de forma creciente del tema. ¿O será que a los intereses de sus propietarios tampoco les interesa destacar un tema que cuestiona el modelo de crecimiento y las formas de vida, asociados a la globalización económico-financiera y a la sociedad de consumo que el capitalismo individualista e insolidario dominante impone?

El lema del Día Mundial del Medio Ambiente en 2013 es: «Piensa. Aliméntate. Ahorra», un eslogan asociado a que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) denuncia que, cada día, una de cada siete personas del planeta se va hambrienta a la cama y más de siete millones de niños de menos de 5 años mueren de hambre cada año mientras se desperdician 1.300 millones de toneladas de comida. Un problema lejano de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos españoles hasta hace poco, pero que la realidad actual y previsible para los próximos años nos han acercado peligrosamente.

En efecto, los resultados de la EPA del primer trimestre de 2013 nos muestra que se han superado los 6,2 millones de parados (27,2% de la población activa, con un incremento anual del 10%), que la ocupación baja hasta 16,6 millones (descenso anual de un 4,6 %), o que el número de hogares con todos sus miembros en paro superan los 1,9 millones (11% del total). Y si atendemos a las cifras de la contabilidad nacional para este primer trimestre de 2013, también del INE, los salarios, tanto en el sector público como en el privado, están descendiendo en términos nominales (un 6% en términos anuales, a lo que hay que añadir la pérdida de poder adquisitivo ligada a la inflación), las rentas salariales ya han sido superadas por las empresariales y patrimoniales (44% de los salarios frente al 46% de las segundas), o el trabajo para Cáritas y del resto de ONGs ocupadas en alimentar a los indigentes, ahora integrados también por familias sin acceso a recursos económicos suficientes, no dejan de crecer sobre las ya muy elevadas cifras de 2012, que tuvimos ocasión de considerar en un artículo anterior.

En este marco, los nuevos Programa Nacional de Reformas (PNR) y Programa de Estabilidad (PE), de 26 de abril de 2013, plasman la ineficacia y nefastos resultados de las políticas propugnadas desde la llegada al poder del Gobierno actual, a finales de 2011, hechos demostrados por las manifiestas diferencias entre la realidad y las cifras previstas en sus respectivos documentos de 2012 (Programa de Estabilidad 2012-2015 y al Programa Nacional de Reformas 2012, presentados por el Gobierno el 27 de abril de 2012), tal y como apreciábamos en un artículo anterior. Lo que no es óbice para que sigan propugnando las mismas políticas. Pero hoy vamos a centrarnos en que en estos nuevos Programas también se dedica un Eje completo y varios párrafos y epígrafes a las cuestiones ambientales, reforzando los contenidos y objetivos ya recogidos en el PNR de 2012:

-Medidas urgentes en materia de Medio Ambiente, para la simplificación y agilización administrativas de la gestión ambiental, gestión de aguas, patrimonio natural o la gestión de residuos y suelos contaminados.

-Adaptación normativa para la subasta de derechos de emisión, facilitando el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera competitiva e igualitaria con el resto de Europa, en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.

-Reforma de la normativa del litoral.

-Simplificación de los procedimientos de evaluación medioambiental a que se someten las actividades profesionales, empresariales e industriales.

-Modificación de la Ley de Parques Nacionales.

-Revisión de la normativa sobre montes y sobre patrimonio natural.

En el PNRE2013 se incorporan muchas de estas medidas dentro del denominado Eje 7, de Crecimiento respetuoso con el medio ambiente y lucha contra los efectos del cambio climático, cuyos epígrafes pasamos a comentar.

En primer lugar, se señala que la mejora de la regulación medioambiental se llevará a cabo con “medidas dirigidas a simplificar la normativa, fomentar la unidad de mercado y garantizar la seguridad jurídica”. Es significativo que se les olvide citar como objetivos la protección y mejora del medio ambiente, o de la salud ciudadana. En todo caso, las líneas centrales se sitúan en el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, priorizando el objetivo de facilitar una mayor simplificación administrativa, con la introducción de mecanismos que agilizarán las concesiones de las autorizaciones a las empresas; en la Adaptación de las Normas de Residuos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, también con el objetivo de la simplificación de los procedimientos y cargas, la implementación del Registro de producción y gestión de residuos y la implantación de la plataforma electrónica de residuos; en la Modificación de las Normas sobre Responsabilidad Medioambiental, nuevamente con un objetivo de simplificación normativa y adaptación de la regulación a la normativa comunitaria; y, por último, la Modificación de los textos normativos relativos al Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde difícilmente el objetivo puede ser el de simplificación o agilización, aunque esté incluido en este apartado, sino que más bien, y llanamente, el objetivo es la desregulación de la protección de espacios y, en todo caso, la agilización de los derechos de los cazadores (en otro apartado del mismo documento señalan que la revisión de esta Ley tiene por objetivo “articular su adecuada protección, evitando ineficiencias y solapamientos en las figuras de protección”).

No incluyen, sin embargo, en este apartado el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, cuyo objetivo declarado es también la “simplificación de los procedimientos de evaluación medioambiental a que se someten las actividades profesionales, empresariales e industriales” con lo que se persigue la indudable necesidad de reducir los inaceptables plazos empleados para elaborar las declaraciones de impacto. Pero el problema surge, nuevamente, en cómo se hacen esas simplificaciones y a qué coste para el patrimonio territorial (natural y cultural) español. Y, aunque no nos podemos extender en detalles en este artículo, la regulación propuesta da lugar a fuertes temores (y a alguna evidencia) de que existe una opción por el negocio frente a la valoración de ese patrimonio y la conservación de los estándares ambientales contenidos en la legislación vigente. Y un buen ejemplo es la introducción de los “bancos de la naturaleza” como mecanismo de intercambio de impacto ambiental por compensaciones ambientales, que, sin limitaciones, puede significar la generalización de los permisos a cualquier tipo de proyectos a cambio de compensaciones en otros espacios (¿urbanizaciones o grandes infraestructuras en la Red Natura 2000, que podrían llegar a ser posibles con una adecuada modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a cambio de repoblaciones forestales, por ejemplo?). No hay que olvidar que en algunas comunidades autónomas, como la murciana, esto ya se ha intentado y evitado por la actuación del Ministerio de Medio Ambiente en la legislatura 2004-2008. O que un mecanismo similar, pero con objetivos y principios muy diferentes, ya existía en la legislación valenciana para “compensar” la urbanización, con indudables aspectos positivos y valorables (¿será ésta valoración la razón de que esta Comunidad lo haya excluido de su última modificación de su legislación territorial?). En todo caso la cuestión que aflora es si será válido cualquier proyecto con la correspondiente compensación; ¿tendrán que ser los Tribunales Europeos los que hagan repercutir los costes de incumplir las Directivas Europeas sobre el Estado Español? ¿Y son los españoles conscientes de que en esos casos las multas los pagamos entre todos mientras que el beneficio del empresario emprendedor queda a buen recaudo? Poco más podemos decir por ahora porque el detalle del tema se remite al desarrollo reglamentario del proyecto de modificación de la Ley.

En todo caso, la conclusión sobre este primer grupo de medidas es evidente: con la excusa de la agilización (imprescindible) y simplificación (habría que aclarar qué implica este concepto en cada caso) se procede a una clara desregulación y desprotección en la mayoría de los casos (lamentablemente, por motivos de espacio, no podemos profundizar en la demostración más particular de esta afirmación)con graves implicaciones sobre el medio ambiente y sobre la salud ciudadana, que son aspectos intrínsecamente interrelacionados.

Que la citada propuesta de modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad tiene poco que ver con la preocupación ambiental del Gobierno, queda claro al apreciar que aquella no se incluye en lo que denominan segundo grupo de tareas, centradas en “la protección del medio ambiente y la diversidad natural”, donde, sin embargo, sí recogen el Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, ya aprobada, que supuestamente (citan) “hará compatible el incremento de la protección del litoral y de la seguridad jurídica de los titulares de derechos en el dominio público, con la realización de una actividad económica respetuosa con la preservación de la costa” y a cuyas verdaderas razones ya nos referimos en artículos anteriores; y a cuyas nefastas consecuencias prácticas habremos de referirnos en breve. También en este grupo recogen “la adopción de medidas destinadas a la puesta en valor de la biodiversidad, incentivando el turismo de naturaleza, en el marco del Plan Sectorial de Turismo y Biodiversidad, y la simplificación de la normativa y la planificación del medio marino, a partir del Anteproyecto de Ley de conservación y uso sostenible de la naturaleza y la biodiversidad, así como con la culminación de las Estrategias Marinas”. No debe pasar desapercibido la continua integración entre uso económico y naturaleza de sus propuestas, aunque éstas las sitúen en el marco de medidas para la protección del medio ambiente y la diversidad natural. Economicismo ramplón a toda costa, que queda mucho más claro en su Proyecto de Modificación de la Ley de la Red de Parques Nacionales, no citada explícitamente en este apartado, y que, por su trascendencia, merece un mayor comentario.

Básicamente se supone que el objeto de esta Modificación son: “poner en valor los Parques para actividades turísticas y de ocio” y “reordenar el ámbito competencial sobre la materia”. En este último aspecto parecen desconocer la nueva conflictividad competencial que pueden generar en un tema objeto de varias sentencias del Tribunal Constitucional, sobre el que la última, utilizando como referente las concesiones hechas por Aznar (en la etapa en que hablaba catalán en la intimidad) a la gestión del Parque Nacional de Aigüestortes, llegó a una sentencia tremendamente discutible, pero que obligó a trasladar las competencias en gestión a las Comunidades Autónomas, y a elaborar, por consenso con éstas, una Ley de la Red de Parques, en 2007, que es la que actualmente regula el aún importante papel del Estado (aunque en mi opinión obligadamente insuficiente para asegurar la sostenibilidad ambiental de los Parques, por culpa de la citada sentencia). No parece en todo caso coherente la apertura de este nuevo frente jurídico en un marco en el que el Gobierno dice que busca incrementar la seguridad jurídica. Pero mucho más grave es la renuncia explícita a mantener la obligación, para 2017, de que los Parques se conviertan en un ámbito con función básica en la conservación ambiental y de los ecosistemas y biodiversidad, con un papel centrado en la educación ambiental y en las “buenas prácticas para la conservación de nuestro patrimonio natural”. En este sentido el retroceso es palmario, seguramente porque les parece que mantener en los 15 espacios afectados (incluyendo Guadarrama) que representan menos del 0,7% del territorio nacional, el objetivo de conservación de un patrimonio natural de alto valor, crecientemente amenazado por el cambio climático, es un objetivo desproporcionado para las oportunidades de negocio inmobiliario y turístico de los propietarios afectados(en el proyecto recogen que “los particulares podrán desarrollar actividades económicas y comerciales, en especial relacionadas con el uso público y el turismo rural”). Así, el actual Gobierno parece emular el peor comportamiento de los ejercidos por algunas comunidades autónomas sobre estos espacios “para rentabilizarlos” y en vez de corregirlos, como establece la Ley vigente, opta por generalizarlos. Frente a la recomendable trayectoria de internalizar los potentes servicios de los ecosistemas que estos Parques generan, optan por su explotación turística y comercial, con previsibles efectos irreversibles sobre algunos de dichos servicios y valores patrimoniales naturales de los mismos. Y, en paralelo, no tienen ningún escrúpulo en hacer desaparecer de los Presupuestos del Estado las subvenciones dirigidas a la promoción del desarrollo sostenible en los municipios afectados por la declaración de los mismos, para asegurar que a dichos ayuntamientos no les queda otra vía que acudir a la “colaboración público-privada” (eufemismo para la privatización de la gestión y explotación privada también de estos territorios, contemplando explícitamente el proyecto de modificación la posibilidad de que se impulse la “colaboración público-privada” con la incorporación a los Parques de recursos financieros de la iniciativa privada y el sector empresarial). En todo caso, la vocación de los Parques Nacionales para el Gobierno parece ser la de convertirse en Parques temáticos emulando los existentes en otros países, pero en los que ni la superficie afectada ni la biodiversidad expuesta tienen nada que ver con las condiciones de los Parques españoles. Y en los que las actividades de ocio, turismo rural y ambiental de iniciativa privada, fuertemente limitadas hasta ahora a ámbitos muy concretos y de impacto mínimo sobre los valores que han justificado su declaración como Parque Nacional, puedan generalizarse a todos los municipios afectados por el mismo.

Finalmente, en el tercer grupo de medidas recogen las dirigidas a “combatir los efectos del cambio climático”, incluyendo en este apartado unas difusas “políticas y estrategias de actuación en las costas” dirigidas a combatir el impacto del cambio climático (impactos que curiosamente nos les ha importado magnificar con su Modificación Legislativa de la Ley de Costas). Y, aunque no es explícitamente en este apartado, en otros epígrafes se refieren, sin mucha más concreción, a actuaciones en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático e iniciativas para reducir emisiones en el territorio nacional, “con especial preocupación por las emisiones difusas y por las reducciones de las emisiones de las empresas que están bajo el ámbito de aplicación del comercio de derechos de emisiones que ha sido armonizado a nivel europeo”. Señalan que las actuaciones en el ámbito de los sectores difusos se están planificando en el marco de la Hoja de Ruta para el horizonte 2020, si bien existen iniciativas que ya se han puesto en marcha, como el Programa Proyectos Clima y el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire, o Plan Aire, dirigido a la mejora de la calidad del aire. La cuestión es si se aplicarán con la celeridad y eficacia de las dos principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, en rebeldía frente a las Directivas Europeas, lo que nos va a costar un buen pellizco, por las multas previstas, a los bolsillos de todos los españoles. También se incorporan los Planes Especiales de Sequía “para prevenir y paliar los efectos negativos de las sequías”. Planes curiosamente desarrollados en la legislatura 2004-2008, como el resto de Estrategias, Normas y Políticas dirigidas a la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas, el paisaje y el bienestar y salud de los ciudadanos, pero que sistemáticamente van desmontando.

Sin embargo ni estas son todas las medidas citadas, ni tampoco son todas las líneas de actuación propuestas. Así, se recogen como positivas para el medio ambiente medidas como las adoptadas en el RDL 2/2012 de los Presupuestos de 2012, donde se pasa a grabar a los biocombustibles al mismo tipo de los productos a los que se incorporan; y la Ley 15/2012, de medidas fiscales de sostenibilidad energética (nuevos impuestos sobre la producción eléctrica) como medidas para la “reorientación de la presión fiscal hacia las actividades perjudiciales para el medio ambiente”. Como en muchas otras ocasiones medidas cuyos efectos son los contrarios a los objetivos que dicen que pretenden para “su mejor venta”. Y, así, las consecuencias de estas medidas, unidas a las del resto de medidas adoptadas por el Gobierno anterior, y por las que van siendo adoptadas por el actual Gobierno, están siendo desastrosas sobre las energías renovables y su viabilidad, no ya de expansión, sino incluso de mantenimiento. Y, como consecuencia, sobre la corrección de la absoluta dependencia energética española y sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que se supone que se propugna también por el actual Gobierno. Pese a lo cual, no tienen empacho en recoger en el PNR que “en la transición hacia una economía baja en carbono, las energías renovables tienen un papel clave”; o que las medidas anteriores, de claros efectos negativos sobre el desarrollo de las renovables, son un ejemplo de mejora de la eficiencia energética. ¿Será porque el aumento de los precios de la tarifa energética, el paro, la situación desesperada de muchos hogares, junto a la destrucción de empleo han reducido significativamente los tráficos –muchos ya no tienen que ir a diario a sus trabajos- o el consumo de electricidad, que es ya un gasto difícilmente asumible por hogares con recursos mínimos?.

Siguiendo las Recomendaciones Europeas se introduce una inconcreta “Revisión de la tributación para desplazar la fiscalidad desde el trabajo hacia los consumos que presentan mayores externalidades negativas”, teóricamente asociadas a la creación de Nuevos impuestos medioambientales y a la Modificación de los impuestos especiales, aunque se añade la coletilla de que “no se subirá el impuesto especial sobre hidrocarburos”, contradiciendo la Recomendación de la Comisión y el Consejo al respecto. Y señalan que, adicionalmente, se está trabajando en nuevas medidas transversales “que tendrán un claro impacto positivo en la reducción de emisiones en los sectores difusos” adicionando a los señalados impuestos ambientales el desarrollo de una iniciativa legislativa para impulsar el cálculo de la huella de carbono.

Hay más aspectos como la mejora de la eficiencia energética en los edificios a partir de la certificación de eficiencia energética; las ayudas directas a la adquisición de vehículos de alta eficiencia energética; la limitación de la capacidad de las administraciones públicas (estatales, autonómicas y locales) para imponer una autorización al acceso o ejercicio de cualquier actividad económica; o la reforma de la administración local con la promoción de la privatización (externalización) de servicios públicos locales –a la que nos referimos en un anterior artículo, ya desfasado con los nuevos contenidos del Proyecto de Reforma- que no pueden tener ya cabida en este extenso artículo, aunque no renunciamos a su tratamiento futuro. Porque tras el cierre por el Gobierno, por la vía de suprimir las subvenciones a sus estudios de los Presupuestos del Estado, del Observatorio de la Sostenibilidad de España (de creación también propiciada por el Ministerio de Medio Ambiente en la legislatura 2004-2008) el principal referente para comprobar las consecuencias sobre la sostenibilidad de las políticas de las administraciones y de las pautas civiles ambientales ha desaparecido. ¿Tendrá algo que ver el manifiesto desprecio y subordinación de las políticas ambientales al negocio, que realiza este Gobierno, con la desaparición de instituciones que puedan manifestar los nefastos resultados, para los ciudadanos y el patrimonio territorial español, que necesariamente se derivaran de sus políticas?.

En todo caso, hay un último aspecto que es preciso considerar porque tiene una importancia extraordinaria en el marco de los supuestos objetivos de desarrollo sostenible, conservación del patrimonio natural y cultural, y respeto medioambiental que encabezan todos los documentos de la Comisión Europea y de muchos de los del Consejo Europeo. Y es que tanto el Programa Nacional de Reformas como el de Estabilidad son revisados por la Comisión, y sujetos de precisiones y Recomendaciones (de obligado cumplimiento para España, según se recoge en el apartado 21: “España debe garantizar la aplicación plena y a su debido tiempo de dichas recomendaciones”). Y, lamentablemente, aunque España tiene multitud de expedientes abiertos por incumplimientos de Directivas ambientales, y en los citados Programas se producen, entre otras las contradicciones apuntadas en este artículo, no existe una reflexión o Recomendación sobre estos temas, salvo el ya citado en el artículo de la imposición medioambiental, y referencias marginales a las energías renovables (siempre subordinadas a acabar con el déficit de tarifa) o un Cuadro genérico(Cuadro X: Indicadores sobre crecimiento favorable al medio ambiente), frente a los numerosos “riesgos” y “recomendaciones” recogidos en materia económica o de reformas del estado del bienestar, no precisamente para mejorarlo. Un buen ejemplo de coherencia y coordinación en el propio seno de la Comisión y un nuevo motivo para demandar un cambio significativo en las estructuras de la Unión y en su gestión.