La realidad es que una mayoría muy amplia de ciudadanos piensa que actualmente los poderosos y las grandes entidades económicas y financieras tienen mucho más poder e influencia que los ciudadanos comunes.

La dinámica de distribución de los recursos, los privilegios y el poder decisorio en nuestras sociedades indica que el viejo ideal democrático de una completa simetría política y de influencia en las decisiones dista de haberse alcanzado, debido a que los que concentran el dinero y las riquezas pugnan por hacer prevalecer su influencia y sus intereses a través de las múltiples posibilidades que les brindan sus recursos. Lo que está ocurriendo en los medios de comunicación social es un buen ejemplo de tal despliegue de poder e influencia. Los medios cada vez se encuentran más concentrados en manos de una oligarquía de poderosos que los utilizan como instrumento de poder, en una dinámica bien específica en la que cada vez se editorializa y se sesga más la información y en la que el poder comunicacional se pone al servicio del “encumbramiento” de los líderes o las plataformas que más interesan en cada momento, o de la destrucción y el ninguneamiento de aquellos otros que son menos dóciles a los poderes establecidos, o que resultan más molestos y peligrosos para determinados intereses o concepciones que permiten que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres; como está ocurriendo actualmente en nuestras sociedades.

Si algún economista o analista social eminente se atreviera a correr el riesgo de quedar excluido de los circuitos de apoyo de las fundaciones, entidades e instituciones que alimentan generosamente las ideologías, los análisis y las interpretaciones afines a los grandes poderes económicos establecidos, podría llegar a formular una ley, e incluso una fórmula matemática, en la que se podría dar cuenta del poder político real que tiene una persona de acuerdo a la magnitud de su riqueza y a su voluntad de hacer prevalecer sus intereses y criterios.

En este contexto, algunos venimos insistiendo desde hace tiempo sobre los riesgos que entraña la evolución desde el criterio “un hombre/mujer, un voto” a la realidad distorsionante de “un euro, un voto (o una cuota efectiva de influencia correspondiente); muchos euros, muchos votos”.

Entre los diversos mecanismos a través de los que los poderosos más voraces y avispados mantienen y acrecentan su poder y riqueza, uno de los más destructivos es la corrupción. No se trata de un hecho nuevo, sino de algo que forma parte de la historia de la vida política. Siempre ha habido poderosos que han intentando comprar o vicarizar a los que detentan directamente las responsabilidades públicas.

En las sociedades de nuestro tiempo ha proliferado una nueva especie de individuos y grupos poderosos que han llevado su voluntad –y capacidad– corruptora hasta extremos auténticamente obscenos y peligrosos para el futuro de la democracia y hasta para una buena funcionalidad de las instituciones políticas. No faltan incluso los que presumen de “tener” en sus “cuadras” a políticos de diferente signo o color, que están dispuestos a actuar de acuerdo a sus intereses y necesidades.

Determinados mecanismos funcionales de la democracia en las sociedades hiper-comunicadas de nuestra época favorecen tales prácticas intrusivas y mediadoras. Por ejemplo, cuando los candidatos tienen que competir en duras pugnas en eso que a veces se llama “primarias abiertas”, saben que tendrán mayores o menores posibilidades de ser elegidos candidatos o representantes si cuentan con más recursos económicos para hacer sus campañas o para organizar equipos de apoyo durante más tiempo. Con lo cual pueden acabar vicarizados por aquellos que les proporcionan el dinero para hacer las campañas. Y que luego querrán cobrar con creces su “inversión” en forma de contratos, licencias y otros privilegios o ventajas.

En algunos países estas formas de corrupción-mediación institucionalizada se intentan “controlar” y oficializar mediante una regulación formal. En Estados Unidos, por ejemplo, los lobbies están regulados y controlados (es un decir) por leyes específicas, de forma que Washington y otras ciudades con sedes parlamentarias y de gestión se han convertido en avisperos de lobbistas, que, actuando dentro de los márgenes de la ley y con determinados controles públicos, pueden ofrecer con total desenfado a unos y otros candidatos millones de dólares para sus campañas a cambio de su voto y/o apoyo para determinadas iniciativas legislativas o proyectos concretos. Consecuentemente tales actividades habituales no se consideran como casos de corrupción. Al igual que ocurre con algunas donaciones privadas a los partidos, que tienen que ser públicas y conocidas.

En aquellos países en los que no están reguladas las relaciones entre la política y los intereses económicos y sociales todo suele ocurrir de manera más opaca y posiblemente más corrupta también, corroyendo desde las raíces la credibilidad y la buena funcionalidad de la democracia.

A veces hay partidos, como tales, que entran de lleno en esta dinámica corrosiva, operando como si estuvieran actuando de manera legal o normal al servicio de unos intereses generales superiores, que todo lo justifican. ¡El fin justifica los medios! Sea el fin superior “hacer patria o nación” y fomentar las bases de una independencia futura o inmediata, o bien impedir que ganen las elecciones partidos más o menos rojos o peligrosos para la prevalencia de determinados intereses o planteamientos económicos.

Cuando algunos partidos como tales entran en esta dinámica para engordar sus arcas y poder competir mejor con sus adversarios, se atribuyen un papel de recaudadores semioficiales de recursos, en una forma que contribuye a una corrupción general multidireccional –personal y grupal– que puede acabar deteriorando gravemente la vida política de un país, como está ocurriendo en estos momentos en España. En este sentido, la vergüenza pública y la indignación que tales prácticas suscitan puede estar abriendo el camino a líderes políticos “nuevos” y supuestamente inmaculados que intentan recabar apoyos suficientes para acabar –dicen– con tanta suciedad política decadente, empleando una retórica argumental y una dinámica procedimental que recuerda las peores pesadillas recientes de la historia.

¿Resulta inevitable esta secuencia de acontecimientos y problemas no resueltos en los regímenes democráticos de nuestro tiempo? ¿Qué se podría y debería hacer para atajar y extirpar eficazmente el cáncer de la corrupción que podría llevarse por delante todo lo bueno que tienen nuestras democracias?

Desde luego, el problema no se resuelve con una medida legislativa más o menos dura y ocasional, ni con un pacto o compromiso tras las bambalinas entre los principales partidos políticos, ni con un escarmiento ejemplarizante a unas pocas personas que no “puedan” tirar de la manta y causar más problemas encadenados.

El asunto exige ir a las raíces, exige replantearse varios de los mecanismos funcionales de la democracia en su fase actual de evolución, exige brindar a los ciudadanos más mecanismos y oportunidades institucionales de control y participación allí donde más aprieta el zapato (es decir, en la esfera económica y fiscal), exige revisar la forma en la que se producen las concesiones administrativas y los planes de urbanización y reurbanización, exige establecer mecanismos de limitación de mandatos y nuevas fórmulas de control y supervisión de los responsables elegidos por parte de los electores… Y, sobre todo, requiere un control muy serio de las formas de ejercer el poder y de utilizar los mecanismos de influencia comunicacional, con garantías de neutralidad y transparencia en los medios de comunicación social públicos. En suma, se trata de abordar la manera en la que se ejercer el poder y sus garantías.

Si la reacción ante casos como los que están haciéndose públicos en España se limita a la mera indignación pública, al aspaviento y a las simples declaraciones solemnes apenas se logrará avanzar hacia una solución de fondo. El hecho de que problemas como los que ahora están aflorando en España se conozcan públicamente y puedan dar lugar a las correspondientes acciones legales, con todas las garantías y con un resultado que garantice la exigencia de responsabilidades concretas y fundadas, lejos de cualquier tentación de linchamiento generalizado e indiscriminado, es ya un paso en la dirección de la búsqueda de soluciones.

Lo que diferencia una dictadura o un populismo autoritario de una democracia es, precisamente, que en un régimen de libertades los casos de corrupción pueden ser conocidos, hechos públicos y perseguidos judicialmente de acuerdo a los principios propios de un Estado de Derecho. En cambio, en los regímenes no democráticos la corrupción es algo intrínseco al sistema, y en la mayor parte de los casos los hechos corruptos ni se conocen, ni pueden ser desvelados ni denunciados.

No hay que quedarse, pues, en la superficie de estos problemas ni contentarse con haber logrado salvar la cara, de momento. Hasta el próximo envite. Y, sobre todo, ¡no seamos fariseos! Hace unos años, Rafael Simancas que, según el resultado de las urnas, iba a ser Presidente de la Comunidad de Madrid, fue desplazado y linchado públicamente ante la pasividad (mayor o menor) de quienes tenían que haberse plantado y reaccionado contundentemente. ¿Alguien recuerda ahora por qué fue apeado de la política madrileña Rafael Simancas? ¿Qué ocurrió realmente con aquellos dos diputados tránsfugas? ¿Por qué se forzó una repetición de las elecciones autonómicas en Madrid? ¿Qué propuestas pensaba llevar a la práctica Rafael Simancas en el campo de la urbanización, las concesiones administrativas, los contratos públicos, etc.? ¿Quiénes se oponían a estas medidas? ¿Qué personas estaban detrás de aquella operación tan antidemocrática? ¿Alguien se ha molestado en cotejar las listas de los urdidores y ejecutores de aquella operación antidemocrática con las listas de detenidos, denunciados o imputados por los recientes casos de corrupción sistémica que ahora están haciéndose públicos?

¡Qué ocasión perdieron entonces algunos líderes políticos para haber estado donde tenían que estar! Y, sobre todo, para explicitar que frente a la corrupción de nada vale lamentarse y rasgarse las vestiduras a toro pasado, sino que frente a la corrupción –y el contexto que la hace posible– hay que tener ideas claras, propuestas específicas que vayan a su raíz y la atajen. Y, sobre todo, firmeza y capacidad de resolución No se trata de una cuestión menor.