En este marco, las impropias pero ideológicamente comprensibles palabras del ministro de finanzas japonés, Taro Aso, abogando porque los “ancianos se den prisa por morir” son claramente comprensibles. Responden a una ideología que olvida la población como sujeto para considerarla exclusivamente como objeto: como fuerza de trabajo y mecanismo para la obtención de plusvalías y acumulación de capital, filosofía tan cara a la ideología conservadora predominante en los gobiernos de la mayoría de los países denominados desarrollados. Países que, como muchos de la UE o la propia España, consideran que el bienestar de la población no es el objetivo prioritario, poniendo por encima objetivos macroeconómicos (déficit público y niveles de endeudamiento) que, curiosamente, benefician de manera muy desigual a la población de distintos países y clases o grupos sociales, incrementan muy fuertemente las desigualdades sociales (puede verse al respecto el extraordinario numero doble de la Revista Temas sobre las desigualdades sociales en España) y, eso sí, en un futuro que sus predicciones va retrasando año tras año, se supone que terminarán beneficiando a todos los ciudadanos.

Después de todo, aunque sin la incorrección política del lenguaje del ministro japonés, las medidas de encarecer las medicinas y la sanidad pública, de quitar urgencias y servicios médicos de municipios rurales envejecidos, o de potenciar políticas que incrementan los hogares sin ningún tipo de ingreso, o que disminuyen el poder adquisitivo de las pensiones más reducidas, van a tener el mismo efecto: incrementar la mortalidad de los más débiles, que en gran parte se encuentran en el grupo denominado de la tercera edad, y frenar el crecimiento de la esperanza de vida de los españoles.

Evidentemente así se puede reducir los costes de la seguridad social y mejorar la relación de cotizantes por jubilado, pero ¿es ésta la política que debe ser defendida por la mayoría de los ciudadanos?; y, ¿qué cabe esperar que piense la población inserta en la denominada tercera edad?

A principios de 2012 señalábamos –y efectivamente se ha registrado, según los últimos datos disponibles- que ese año iba a continuar un crecimiento demográfico mundial caracterizado, de forma cada vez más acelerada, por la migración de la misma a áreas urbanas, y por una creciente reducción del crecimiento vegetativo (nacimientos menos fallecimientos) generada por un mayor descenso del número de hijos por mujer con respecto al también descenso de la mortalidad. Mortalidad decreciente que hace que, en paralelo, se produzca un proceso general de aumento de la esperanza de vida mundial. Adicionalmente, el incremento previsto para 2012 –y producido- en las fuertes desigualdades en las condiciones de vida y en los niveles de bienestar, así como en las posibilidades de acceso a un puesto de trabajo y a un salario digno entre distintos países y regiones, hacía previsible el mantenimiento de fuertes tensiones migratorias desde los países menos desarrollados a los más desarrollados, y también desde las áreas con peores alternativas para encontrar trabajo hacia las áreas con demanda de empleo creciente.

En España, la dinámica demográfica desde los años sesenta hasta mediados de los noventa del siglo XX, ha seguido pautas que se pueden considerar tradicionales, ajustándose en cada etapa a la evolución económica. Así, para 2012, recordábamos lo sucedido en la crisis de 1991 a 1994, que se acompañó de una reducción muy significativa del crecimiento demográfico y una ralentización del saldo migratorio con una tendencia hacia la asíntota estructural de unos 40 millones de habitantes para el conjunto de España. Sin embargo, esta reducción no tuvo grandes consecuencias sobre la población activa porque vino asociada a la mejora de la tasa de actividad de la mujer, lo que propició su mayor emancipación pero llevó aparejado el retraso en el matrimonio, en tener el primer hijo y en la reducción en el número de hijos (España llega a cifras, en 1998, de 1,15 hijos por mujer, uno de los valores mundiales más reducidos). A partir de 1995 se genera un nuevo ciclo de crecimiento económico (de bases especulativo-inmobiliarias inaceptables, como se ha señalado reiteradamente en esta sección) con una nueva inflexión hacia 2005, que mostraba una nueva asíntota estructural de unos 48 millones de habitantes, un 20% superior a la registrada diez años antes, por el fuerte crecimiento del saldo migratorio hacia España, y por la expansión del número de hijos por mujer (en parte debido a la mucho mayor tasa de fecundidad de las mujeres inmigrantes) que generan un crecimiento medio anual, entre 2000 y 2009, del 1,9%, multiplicando por más de seis el crecimiento medio del período 1981-1994 anterior. Por último, y como reflejo de la nueva crisis, entre 2009 y 2012 se produce una disminución progresiva de la tasa de crecimiento de la población del padrón del INE, siendo del 0,59% a 1 de enero de 2010, del 0,36% para 2011 y del 0,05% para 2012.

Un proceso paralelo a los anteriores y de particular importancia territorial es el de la mejora en los potenciales productivos demográficos, que ha venido asociada a la mejora radical en los niveles de cualificación de la población en el periodo 1978-2012, con un gran aumento de los titulados en estudios medios, una fuerte reducción de los analfabetos y personas sin estudios o con estudios primarios, y un aumento espectacular de la población potencialmente activa con estudios superiores y “anteriores a superiores”. Pero todavía con una situación de España sensiblemente inferior a la del Euro-área, la UE27, Alemania, Francia e Italia en lo que se refiere a la cualificación de la población de entre 20 y 24 años; aunque destaca del resto, salvo de Francia, en lo que hace referencia al objetivo de la Estrategia UE2020 centrado en el porcentaje de personas de entre 30 y 34 años que dispone de estudios de enseñanza superior o equivalentes.

Como conclusión, España, tras una década hasta finales de los noventa del siglo pasado, en la que la población, con pautas similares a la de la Unión Europea, tendía al envejecimiento y estancamiento, con crecientes alarmas en las previsiones oficiales de la insostenibilidad de las pensiones y de los sistemas de previsión social, ha vivido una segunda década, hasta 2009, en la que un crecimiento impulsado por la adopción del euro y sus efectos económico-financieros, así como la promoción de una burbuja especulativa inmobiliaria, junto a la demanda de mano de obra de baja cualificación para los sectores de la construcción y de servicios de bajo valor añadido, han significado una verdadera revolución demográfica, con la incorporación de fuertes contingentes de población extranjera potencialmente activa, que han disminuido nuestro nivel de envejecimiento, han incrementado la natalidad y han reducido nuestro nivel de dependencia demográfica, dando una nueva dinámica a la sostenibilidad de pensiones y sistemas de protección social, con la generación de importantes excedentes en la Seguridad Social.

El estallido del denominado “casino financiero-especulativo” en el mundo desarrollado y el consiguiente estallido de la burbuja especulativa inmobiliaria en España, han revertido la dinámica demográfica y, aunque con las bases de partida mejoradas, han hecho volver a los presagios tendenciales de la década de los noventa: envejecimiento, incremento de la dependencia demográfica, inviabilidad a partir de 2030 del sistema de pensiones, y necesidad de reducciones crecientes en los sistemas de protección social. Pero el problema no es sólo ni fundamentalmente demográfico, incluso para las visiones más pesimistas a largo plazo (horizonte del 2050). Un adecuado crecimiento de la productividad del factor trabajo acompañada de una distribución social justa del valor añadido generado, permitiría una financiación sostenible a largo plazo de los sistemas de protección social. Por lo tanto, es también la mejora de la productividad en actividades sostenibles y de futuro, y una distribución justa de los nuevos beneficios de ese incremento de productividad los que pueden y deben acompañar a la sostenibilidad de los sistemas de protección social.

El padrón provisional español, a 1 de enero de 2012, registraba más de cinco millones setecientos mil extranjeros (del orden del 12% del total), con un decremento, por primera vez en este siglo, de más de 40.000 extranjeros en el año 2011, respecto a una población registrada total de unos 47 millones doscientos mil residentes. Aunque estas cifras totales y de extranjeros previsiblemente estaban sobrevaloradas, tanto por no incorporar muy probablemente todas las bajas de los extranjeros y nacionales que indudablemente han abandonado el país por la crisis, como por estar normalmente el padrón inflado en sus cifras de población. No obstante, la evolución registrada señalaba tanto la magnitud de la incidencia del modelo inmobiliario-especulativo potenciado desde 1996 en el incremento demográfico hasta 2008, como la magnitud del paro actual generado y su estructura desde 2008 a 2013. También se aprecia cómo la crisis ha incidido fundamentalmente en la salida del registro de ciudadanos hispano americanos (Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú) mientras que siguen aumentando los registrados de Rumanía y de Marruecos, países que suman casi la tercera parte de todos los extranjeros registrados en España.

En 2012 se ha registrado, según el INE, una salida de 126.227 extranjeros. Las cifras de la Encuesta de Población Activa del INE del cuarto trimestre de 2012, señalan que en los 12 últimos meses la población activa experimenta un descenso de 158.700 personas y se sitúa en 22.922.400, situando la tasa de actividad en el 59,80%, con un descenso de 32 centésimas en el año. En términos anuales, el empleo se ha reducido en 850.500 personas (569.000 hombres y 281.500 mujeres) con una reducción anual de la ocupación del 4,78%. Los asalariados disminuyen en el año en 903.700, mientras que los trabajadores por cuenta propia aumentan en 53.300. Tanto el empleo público como el privado disminuyen, el público casi en un 7% y el privado en un 4,3%, mostrando que ha sido la reducción del empleo en las empresas y sector público una de las fuentes más importantes de estas pérdidas de empleo. En cuanto a los parados, su cifra se acerca a los 6 millones (5.965.400 parados) mostrando que la cifra total de desempleados se ha incrementado, en 2012, en 691.700 y la tasa de paro aumenta hasta más del 26%, con más de 3 puntos respecto a la EPA del cuarto trimestre de 2011 (tasa de paro del 22,85%). En paralelo, y muy directamente ligado a estos procesos y al fuerte incremento del paro entre los jóvenes (mayor del 53% entre los jóvenes de 16 a 29 años) se produce una disminución del número de hogares hasta 17,4 millones, de los que 1,8 millones tienen todos sus miembros en paro, incrementándose en más de 250.000 a lo largo de 2012.

Para 2013 hay unanimidad en las previsiones de que la política “agresiva contra el empleo” y “austericida” del Gobierno se va a concretar en mayor paro (los seis millones de parados, en términos EPA, ya se han superado), mayor disminución del PIB (una recesión superior al -1,5%), una disminución de la renta familiar disponible, con un fuerte incremento de las desigualdades, de los niveles de pobreza y de la caída de las rentas medias y medias-altas, y a un debilitamiento del acceso a los servicios públicos soportes de la sociedad del bienestar. Y, lo que es peor, estas políticas gubernamentales no ayudan en absoluto a los cambios estructurales que podrían significar una mejora real de la productividad empresarial (y no a la que se produce automáticamente por los despidos al crecer el paro más de lo que decrece el PIB).

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el Informe Económico Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2013, estima que España perderá casi un millón de habitantes en lo que resta de década por un saldo migratorio claramente negativo, previendo una pérdida neta de unos 0,95 millones de personas de 2012 a 2020, atendiendo a la evolución conjunta del mercado de trabajo y de la migración, aunque reconoce que la migración exterior siempre constituye un componente volátil e incierto de las previsiones. Asumiendo las previsiones a largo plazo del INE, se asume que la población mayor de 65 años representaría cada vez un mayor porcentaje del total, pasando de cerca del 179% actual hasta el 19,3%, en 2020. Como consecuencia de las evoluciones anteriores, la tasa de dependencia mantendrá una continua tendencia ascendente y pasará del 24,6% actual al entorno del 29,5% al final de la década. Y, de mantenerse los ritmos actuales de reducción de la incidencia de la mortalidad por edad sobre la población de España, la esperanza de vida al nacimiento seguiría aumentando hasta los 80 años en los varones y los 86 años en las mujeres en 2020.

Estimaciones propias, teniendo en cuenta las interrelaciones históricas entre paro, empleo, tasa de actividad y evolución demográfica posterior, conducen a resultados para 2013 de continuación de la evolución negativa de las variables y, en el mejor de los casos, a una situación para 2016 (a 1 de enero) con una recuperación, si se producen las mejoras económicas a partir de 2014, de ligero incremento de la población potencialmente activa, con un ligero decremento del índice de envejecimiento y de la tasa de dependencia. Esta probable evolución viene asociada, todavía, al fuerte incremento de población inmigrante joven en el período 2000-2007. Proceso roto en la actualidad tras la crisis de 2008 y las altas tasas de paro asociadas, que ha dado lugar a una salida neta de población de España, iniciándose un proceso de reversión de las mejoras demográficas producidas en la primera parte de este siglo XXI.

Grafico

En síntesis, para el período 2013-2015 los escenarios previsibles son de un práctico estancamiento de la población con una reversión del ciclo de saldo inmigratorio, como consecuencia del señalado fuerte aumento del paro y de las facilidades que la apertura de fronteras de la UE suponen para la emigración al resto de la UE. Pero también estas previsiones dibujan unos Escenarios crecientemente insostenibles sobre el actual sistema de protección social, salvo que se modifique muy sustancialmente la productividad del trabajo y se incrementen sensiblemente las aportaciones que de ese incremento de productividad se incorporen a los recursos del sistema de protección social, políticas contrarias a las actualmente mantenidas por nuestro Gobierno. Y esta situación puede agravarse a corto plazo ante la salida de población activa a la búsqueda de trabajo, y la continuación de la llegada de residentes de tercera edad de la UE a España, previstas para 2013, lo que incrementaría la tasa de dependencia y la presión sobre los sistemas sanitarios y de dependencia-discapacidad españoles. Problema incrementado por la reducción que están generando en los servicios asociados las políticas de agresión al estado de bienestar que se están desarrollando y su sustitución progresiva por servicios privatizados dependientes del mercado.

Como conclusión podemos señalar que la lucha contra el paro a través de la Reforma laboral no puede considerarse precisamente un éxito, ya que nunca el problema del paro y el empeoramiento de la situación de la población ocupada había alcanzado, en términos absolutos, la magnitud de las cifras mostradas por la EPA del cuarto trimestre de 2012. Y el incremento en el índice de riesgo de pobreza y de las desigualdades sociales no es más que uno de los reflejos de esta situación. Los otros dos factores: inmigración y nivel educativo está muy directamente ligados entre sí y muy directamente relacionados con el primero. De hecho, la tasa de paro entre los extranjeros se sitúa en cifras del orden de una vez y media la global y las personas de baja cualificación y formación son las que están sufriendo en mayor medida la crisis originada en el sector inmobiliario, de la construcción y de los servicios de bajo valor añadido.

En el artículo de 10 de mayo de 2012, nos preguntábamos en esta sección si las políticas del Gobierno no irían dirigidas a favorecer que la recesión alcanzara su máximo en los dos primeros años de mandato para llegar a un fondo que, en los dos años siguientes no tuviera más remedio que mejorar, y así llegar a las siguientes elecciones con una economía en crecimiento y un paro en reducción. Naturalmente, se explicaría que la crisis inicial era consecuencia de la herencia recibida del Gobierno anterior y el repunte un logro del nuevo Gobierno. Si ésta es la base implícita de las políticas que están desarrollando a costa de los niveles de sufrimiento de gran parte de la población española, y de llevar a ésta a una situación que puede llegar a generar un estallido social, creo que sería muy pertinente que la ciudadanía manifestara su “basta ya” a estas políticas antes de que sea demasiado tarde, y la fractura nos conduzca a situaciones como las que se citan en el inicio del Editorial de la última Revista Temas sobra la desigualdad social en España.