Los efectos del cambio climático hacen aún mas graves las consecuencias de la crisis, pues ahora hay que enfrentar, cada vez con mayor frecuencia, episodios y fenómenos extremos cada vez más severos (temporales, lluvias, etcétera…), frente a los que ya no valen las respuestas habituales, es decir, reparar los daños causados y restaurar la situación al estado inicial, con cargo a los recursos públicos. Eso ya no es viable, y a partir de ahora hay que hacer las cosas de otra forma, hay que hacer otras cosas, y hay que hacerlas con mayor perspectiva de futuro.

El concepto de sostenibilidad cobra mayor sentido desde esta visión. Por un lado, significa no emplear más recursos que los que el sistema puede reemplazar de forma natural, y por otro, consiste en atender al derecho de las generaciones futuras a disfrutar de una calidad ambiental y de vida mejor que la actual, y además nos emplaza a vivir con las limitaciones propias de una especie que no tiene derecho a disponer del territorio a su merced, sino que está obligado a comprender que integra sistemas vivos y en movimiento, en el que interactúan los humanos, las otras especies y las fuerzas de la naturaleza. Todo eso nos enfrenta al reto de hacer las cosas de manera eficiente, empleando solo los recursos imprescindibles y de forma racional, y teniendo en cuenta el contexto actual, su entorno y el futuro. Por eso la sostenibilidad se convierte en una exigencia ética de la especie humana, que la dignifica al hacer justicia con sus semejantes, tanto los de esta generación como los de las futuras.

Quizás haya que plantearse que cada vez que se acomete una acción que consume recursos naturales y territorio, se debe realizar otra de sentido contrario que la pueda compensar, total o parcialmente, mediante actuaciones de restauración ambiental, de reducción de emisiones, u otras similares, de manera que el balance de la actuación humana sobre el medio no sea siempre, y crecientemente, destructivo para el patrimonio natural y la biodiversidad.

LOS RETOS AMBIENTALES Y SU PARTICULARIZACIÓN EN CANARIAS

El turismo es la principal industria y fuente de bienestar en Canarias, y descansa en dos activos principales: el clima, de los más agradables del Planeta, y los recursos naturales. Y por esa razón, los retos ambientales y de lucha contra el cambio climático no solo tienen el carácter de compromiso ético, sino que son una cuestión de prioridad económica.

Canarias tiene que destacar en la lucha contra el cambio climático, pues al ser un destino más lejano respecto de sus competidores, es más caro en términos ambientales, así que debe ser ambientalmente más eficiente en todos los procesos ligados al turismo, y por eso tiene que connotarse como un destino saludable, limpio y sostenible, bajo en emisiones de gases de efecto invernadero.

La lucha contra el cambio climático lleva aparejada, además, las actuaciones necesarias para el control de sus consecuencias, es decir, prevenir con antelación posibles efectos catastróficos sobre las personas, los valores naturales, el patrimonio cultural y los bienes materiales, y desarrollar estrategias de adaptación cuando no resulta viable la lucha sin más contra los efectos del cambio climático.

El patrimonio natural y la biodiversidad de Canarias, la más rica de Europa, son los otros activos que motivan el viaje turístico, que se produce para disfrutar de ocio y experiencias ligadas a ellos, y por eso es un imperativo, también económico, preservar su integridad.

Mantener el valioso patrimonio natural es tarea compleja, pero no basta solo con eso, sino que además, y simultáneamente, es preciso enfrentar la recuperación y restauración de los valores del patrimonio natural y la biodiversidad perdidos durante las últimas décadas, producto de intervenciones desarrollistas y poco racionales sobre el territorio.

LA ACCIÓN POLÍTICA POR LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE. UNA VÍA PARA CANARIAS

Existen tres importantes condicionantes para la acción política y de gobierno en materia ambiental.

Primero, las Administraciones Públicas no siempre integran bien sus programas y actuaciones en el ejercicio de sus respectivas competencias, y eso es origen de numerosos conflictos y disfunciones, sobre todo en los ámbitos de la gestión del territorio y el medio ambiente.

Frente a este problema, la UE asume que la sostenibilidad es necesariamente transversal a la acción de gobierno, de manera que los objetivos a alcanzar no dependen exclusivamente de un solo Departamento o Administración, y por eso apuesta por la gestión integrada.

La gestión integrada consiste en el trabajo en red de las distintas Administraciones Públicas, de manera que cada una ejerza sus competencias con toda autoridad, aportando sus conocimientos, recursos e inteligencia, pero integrando en ellas los objetivos y las políticas sectoriales de las demás, al servicio del interés general.

Hasta ahora, lejos de trabajar en esta dirección, para articular mecanismos y fórmulas eficaces que estimulen la colaboración, la coordinación y el trabajo en común de las Administraciones, se siguen empleando demasiados esfuerzos en la concentración y absorción de competencias a favor de las Administraciones Territoriales, pero no está acreditado que el interminable goteo en el traspaso y concentración de competencias en materia de gestión ambiental y territorial haya sido siempre más eficaz o producido mejores resultados.

Por eso, hay que profundizar en la vía de la gestión integrada marcada por la UE, y eso requiere hacer un continuo esfuerzo por cultivar la cultura del trabajo en red entre todas las Administraciones, sin que ninguna deba renunciar a sus propios objetivos en el ejercicio de sus competencias. En Canarias, y también en Baleares, esta vía adquiere una importancia singular, puesto que entran en juego las Administraciones Insulares, con un fuerte peso específico en la distribución competencial, por lo que este esfuerzo adquiere mayor complejidad.

En segundo lugar, existe una cierta percepción social y mediática, muchas veces estimulada de forma interesada, de que la normativa y la actuación en defensa del medio ambiente son frenos al desarrollo, a la actividad económica y a la creación de empleo, y en consecuencia, hay quien reclama que en tiempos de crisis se debe rebajar su grado de exigencia.

Este es un fenómeno preocupante en Canarias, donde grupos de opinión, conectados con intereses empresariales privados, tratan de impulsar iniciativas normativas supuestamente dirigidas a agilizar y racionalizar la legislación aplicable al territorio para favorecer la inversión y la creación de empleo, pero que en realidad pretenden rebajar los controles públicos y la necesaria protección de los valores del patrimonio natural y la biodiversidad para reducir los costes asociados a la satisfacción de sus intereses.

La legislación territorial y ambiental es compleja y exigente en todas las Comunidades Autónomas, y sin duda debe ser mejorada para homogeneizarla, y para racionalizar, facilitar y agilizar todos los trámites necesarios para cualquier actuación. Pero los engorrosos y lentos trámites que a veces siguen muchos procedimientos territoriales y ambientales, no son fruto inevitable de la normativa aplicable, sino quizás de una gestión administrativa disfuncional que es consecuencia de una deficiente dirección política, marcada por la indefinición de objetivos claros. Y por eso, donde hay que concentrar la atención es en perfeccionar los sistemas de organización, gestión y dirección política para su aplicación.

Por último, la alta sensibilidad social por la preservación del medio ambiente, y en general por la sostenibilidad, contrasta con una conducta ciudadana y política que es indiferente o complaciente con las infracciones ambientales, con la movilidad insostenible, con los procesos de la urbanización dispersa (profundamente insostenible), o con los usos abusivos en el territorio.

Cuando el territorio es tan limitado y escaso como en Canarias, y sus valores naturales tan importantes para su economía, resulta crítico que su utilización sea siempre racional y sostenible, y por eso es preocupante el contraste detectado.

Cuando casi todos proclaman su interés por la sostenibilidad, el medio ambiente o la lucha por el cambio climático, pocos se interrogan sobre la necesidad, oportunidad y conveniencia de acometer determinadas infraestructuras, o actividades, dudosamente sostenibles, y posiblemente innecesarias o prescindibles: carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, polígonos y parques temáticos, urbanizaciones, etc…, o se preguntan si el problema planteado en cada caso puede tener otras soluciones con mayor perspectiva de futuro, o simplemente si el sacrificio económico y ambiental que comportan tiene suficiente justificación a más largo plazo.

Para superar esta contradicción es preciso desplegar iniciativas educativas y de comunicación que aumenten el grado de conciencia, el compromiso y el activismo de la ciudadanía por las causas de la sostenibilidad, y de la defensa del territorio y los recursos naturales, que adquieren mayor importancia en el escenario de cambio climático, y desarrollar acciones divulgativas, explicativas y pedagógicas, para promover conductas y hábitos ciudadanos, individuales y colectivos, solidarios, justos y sostenibles.

La contrarreforma en materia ambiental, que ha emprendido el Gobierno, y la hegemonía de la derecha que lo soporta en casi todos los gobiernos autonómicos, obligan a la ciudadanía organizada, y a la oposición de izquierdas, a enfrentar con decisión y argumentos las acciones que son previsibles en contra del medio ambiente, y a los pocos gobiernos en los que participa la izquierda, a esforzarse en demostrar que el compromiso contra el cambio climático, y por el territorio, el patrimonio natural y la biodiversidad, ni frenan el desarrollo, ni desincentivan las inversiones y la creación de empleo, sino al contrario, son fuente de nuevas oportunidades, y la garantía de avanzar hacia una sociedad mas justa, solidaria y sostenible.