Esta opinión se basaba tanto en las primeras medias adoptadas por el nuevo Gobierno como en la intervención de Rajoy, el 17 de enero de 2012, en el 6º Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, con la presencia de destacados empresarios del sector turístico e inmobiliario. En ella, el Presidente de Exceltur encuadró y prologó la intervención leída de nuestro Presidente, con fuerte coincidencia en sus objetivos y propuestas. La síntesis era que había que establecer medidas que animen a los empresarios a nuevas inversiones, entre las que destacaban modificaciones legislativas para mejorar la flexibilidad y adaptabilidad de las leyes y del empleo a las necesidades empresariales de obtener beneficios de sus inversiones. Y, más en concreto en este marco, el Presidente de Gobierno señaló que la flexibilización debía afectar al sector energético y al resto de los sectores económicos; que debían evitarse duplicaciones administrativas y, como reforma legislativa concreta, que había que cambiar la Ley de Costas, reforma específicamente demandada por los empresarios “para ayudar a salir de la crisis”. Era fácil imaginarse que significaba esa “ayuda a salir de la crisis” con la modificación de una ley como la de costas, cuyo objetivo principal es la delimitación del dominio público marítimo-terrestre como patrimonio de uso y disfrute de todos los españoles.

El Ministro de Agricultura, al que también se le ha añadido la coletilla de que se “encargue” del medio ambiente, dejaba más clara e indudable la interpretación de lo que se pretendía, pero lo ampliaba también a otras leyes protectoras del patrimonio de los españoles como las de Parques Nacionales y las de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Y las intenciones y razones de estas modificaciones quedan aclaradas en el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo) en cuyo primer párrafo del Preámbulo/Exposición de motivos se señala que “El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, obliga a que los poderes públicos establezcan mecanismos eficaces para protegerlo y conservarlo”. Pero, punto y seguido, se señala: “Este fin solo puede alcanzarse procurando la compatibilidad de la actividad humana con la preservación del medio ambiente. Para ello, la legislación ambiental debe ser clara y otorgar seguridad jurídica.” De acuerdo, pero ¿a quién?; ¿al señalado derecho constitucional para que todos disfrutemos de un medio ambiente adecuado? Pues parece que no, porque el siguiente punto y seguido es muy ilustrativo: “En una situación como la actual, en la que se están encarando profundas reformas estructurales que permitan la reactivación de nuestra economía y la generación de empleo, resulta indispensable la reforma urgente de ciertos aspectos de nuestra legislación ambiental que contribuyan a lograr ese objetivo, sin merma del principio de protección.”. Luego, donde dije digo, digo Diego y la legislación ambiental vigente que, siguiendo las Directivas, Directrices y Hojas de ruta de la Unión Europea, habían consagrado el mantenimiento sostenible de nuestro patrimonio territorial, natural y cultural, de nuestras costas, parques nacionales, espacios naturales protegidos para disfrute y enriquecimiento de la ciudadanía actual y futura, a corto, medio y largo plazo, ha de subordinarse al objetivo de salir de la crisis. ¿No hay otros mecanismos y posibilidades para generar crecimiento en España con base a la I+D+i, con apoyo a las empresas punteras en temas como energías renovables o, de una manera genérica, en lo que se ha llamado economía verde y turismo de calidad, de los que tan buenos ejemplos tenemos en España? ¿O se trata de conseguir una nueva desamortización y puesta a disposición de intereses privados concretos del patrimonio territorial que ahora está a disposición de todos los ciudadanos y que se ha logrado con el esfuerzo de muchos durante muchos años?

En planificación (urbanística, territorial, ambiental o empresarial) existen una serie de principios básicos: Han de establecerse los posibles Escenarios futuros que se derivan de los distintos cauces de acción y los efectos asociados a los mismos (principio de anticipación). Y las políticas propuestas han de conseguir evitar los Escenarios peores (política de prevención) y tratar de avanzar (técnica del ‘backcasting’) hacia los objetivos deseados. Y la pésima marcha de los acontecimientos a los que nos conducen los intentos de cambios legislativos en estas leyes del actual Gobierno, necesariamente nos obligan a advertir a la población de esas consecuencias y de los daños irreparables a lo que es de todos, a que pueden conducir.

Desgraciadamente es una tarea difícil, porque como llevo advirtiendo en muchos años de docencia y planificación, en este país el interés general y el patrimonio público no sólo no se valora, sino que en absoluto se defiende; porque en nuestra historia de caciquismo y franquismo lo que era de todos era realmente de algunos. Y con la democracia hemos sido incapaces de educar en la valoración de lo público: en los países civilizados lo que es de todos se valora y se defiende por la población como propio; aquí, lo que es de todos se considera que no es de nadie; y así se entienden los destrozos al mobiliario urbano, la tira de papeles o cigarrillos que generan incendios,…, o la no respuesta ante riesgos de perder patrimonio que ha costado mucho tiempo crear y adecuar al interés general.

Afortunadamente por la reacción, pero desafortunadamente por los motivos, el progresivo empobrecimiento de la sociedad y el desmontaje paso a paso de la sociedad de bienestar que se está produciendo, está generando la reacción de la población en defensa de derechos que no deberían, ni lo que es más grave necesitarían ser masacrados para salir de la crisis si se realizaran las políticas correctas en este país. Pero lo que es una reacción clara en materia económica y de sociedad de bienestar, no se produce en la misma dirección ni mucho menos intensidad en la defensa de nuestro patrimonio territorial.

Pero centrémonos en ese ejercicio de anticipación, y por motivos obvios de espacio, sólo en las principales consecuencias de las modificaciones legislativas que se están intentando introducir; expliquemos los riesgos de los procesos que se están generando y esperemos que por la magnitud de sus efectos y por la irreversibilidad de sus consecuencias en el Escenario al que nos conducen, la oposición de la ciudadanía sea capaz de frenar cambios que sólo tienen justificación por el beneficio de unos pocos, que ni van a sacar a España de la crisis ni van a generar una dinámica de mejor bienestar social, mayor sostenibilidad ambiental, o mayor competitividad en lo que son las actividades que podemos calificar como de futuro en este país.

Atendiendo a ese centrarnos en los principales cambios, no vamos a considerar las modificaciones propuestas en la Ley de aguas, que no son, ni mucho menos neutrales, y que por supuesto no van dirigidas a una mejor protección de nuestros recursos hídricos en línea con lo que establece la Directiva Marco del Agua Europea. Tampoco vamos a dedicar mucho espacio a lo que señala la Exposición de motivos justificando que “De acuerdo con estos objetivos se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, … se garantiza la compatibilidad de la protección con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos, a través, precisamente, de la planificación de los espacios naturales.” Redacción confusa que se materializa añadiendo al artículo 45, apartado 1, la coletilla: “Estos planes deberán tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares.”

Con esta redacción se dice que se pretende dar seguridad jurídica, pero, ¿a qué? ¿A la conservación de la Red Natura 2000, que es a lo que se dedica este artículo y que es una obligación establecida en las Directivas Europeas? O a justificar la expansión urbanísticas por estos espacios (necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos, como se dice en la exposición de motivos) contraviniendo lo establecido en el artículo 18, apartado 2, que señala que la ordenación del territorio y el urbanismo habrán de adaptarse a los Planes de ordenación de los Recursos Naturales necesariamente elaborados para cumplir los objetivos de las Directivas Europeas y de la legislación española vigente? ¿Es que al Gobierno no se le ocurren otra salida para la crisis que volver a impulsar el crecimiento urbanístico que ha propiciado cuatro grandes crisis por burbujas especulativas inmobiliarias en España, todas ellas terminadas con fuertes devaluaciones de la peseta, cuando existía, y ahora, que no podemos devaluar la peseta, con la mayor crisis de empobrecimiento y pérdida de cohesión social desde la Guerra Civil española? ¿Se trata de volver a lo mismo?.

Pues parece que sí, y por mecanismo caros a la historia de España como es el de aplicar también procesos desamortizadores al patrimonio público de fuerte valor ambiental, sin hacer mucho ruido y por la vía de redacciones lo suficientemente confusas para que la interpretación quede abierta a la ingeniería financiera y a los grandes despachos de abogados legitimadores de atropellos al bien común, porque el común de los ciudadanos y la mayoría de las administraciones tienen fuertes dificultades para batallas jurídicas largas y costosas, y que cuando se resuelven, aunque sea a favor del citado bien común, se encuentran con situaciones de hecho irreversibles o de costosa resolución.

Pero sigamos con las Reformas Estructurales en materia de “Protección del Medio Ambiente” que el Gobierno ha comunicado a la Unión Europea, el 27 de septiembre pasado, que va a acometer en breve y sus supuestos objetivos: (Reforma de la normativa de gestión del litoral, Simplificación de los procedimientos de evaluación medioambiental a que se someten las actividades profesionales, empresariales e industriales, Presentación de una nueva Ley de Parques Nacionales y Revisión de la normativa sobre montes y sobre patrimonio natural), todas ellas previstas para este cuarto trimestre de 2012.

De ellas, sólo para la primera (Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas) se dispone de un texto concreto ya remitido a las Cortes Españolas y tremendamente negativo en sus efectos y consecuencias para el interés general. Pero, antes de entrar en la última redacción de este proyecto de modificación legislativa al que ya nos hemos referido en otras ocasiones en estas páginas, necesariamente hemos de hacer una reflexión global a lo que cada vez de una manera más clara son los principios comunes a todas estas intervenciones, que confirman las palabras del propio Presidente de Gobierno y de su Ministro de Agricultura.

A lo largo del período 2004-2008 tuve la responsabilidad de promover los objetivos y gestionar varias de las leyes que ahora se tratan de modificar (y las leyes de la Red de Parques Nacionales y del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se aprobaron en esa legislatura). Y, durante esa legislatura, se adquirieron, por acuerdo con los propietarios, numerosos terrenos en las costas y en los Parques Nacionales que, sometidos a la protección de las leyes y planeamientos vigentes, carecían de valor urbanístico expectante y fue posible adquirir a precios que compensaban más que suficientemente la utilidad que esos terrenos tenían para la protección del patrimonio territorial y para asegurar su uso y disfrute por todos los ciudadanos. Es un muy importante patrimonio común de todos los españoles, en muchos casos declarado o integrado en el dominio público y con unas características ambientales y paisajísticas tremendamente elevadas. En algunos casos sobre esos terrenos existían presiones urbanísticas especulativas que desaparecieron con la adquisición al convertirlos en dominio público. ¿Se trata de promover una nueva desamortización que permita que estos terrenos se privaticen y sean localización de resorts privados, hoteles o urbanizaciones de lujo en Parques Nacionales o ámbitos de tremenda fragilidad y utilidad en nuestras costas que ahora son públicos para garantizar el interés y uso y disfrute general en la línea establecida en los artículos 45 y 132.2 de nuestra Constitución?

Porque hete aquí que la propuesta de reforma de la ley de Costas viene a materializar lo peor de los peores augurios establecidos. Ni ha respetado los análisis científicos disponibles sobre nuestro litoral y sus riesgos (sobre los que los artículos de los catedráticos Miguel Losada -http://gdfaserver.ugr.es/download/report- y Juan Barragán -http://www.bonalva.com/blog/wp-content/uploads/downloads/2012/10/121005_Barragan_alegaciones-al-borrador-del-anteproyecto-de-ley-de-proteccion-y-uso-sostenible-del-litoral.pdf-, entre otros, son buen exponente) ni ha tenido en cuenta que el deterioro ambiental de nuestras costas, especialmente en el Mediterráneo y en los archipiélagos canarios y balear, han sido factores clave para la pérdida de competitividad turística y el deterioro de su calidad y valor añadido aportado a la economía española, ni el riesgo para los ciudadanos y su patrimonio costero que implica en lo no atender a la dinámica creciente de temporales e inundaciones en las zonas costeras, cuyas consecuencias –declaración de zona catastrófica- tenemos que sufragar posteriormente todos los ciudadanos con nuestros impuestos.

¿Ha calculado el Gobierno los miles de millones de patrimonio público, que ahora es de todos, que va a entregar a particulares por el simple ejercicio de mover la línea que delimita el dominio público marítimo-terrestre hacia el mar, consiguiendo que zonas que ahora son de todos –y extraordinariamente situadas sobre dunas y ámbitos inundables por temporales en primera línea de costa- pasen a ser privadas y a detentar derechos de aprovechamiento urbanístico por importe de muchos millones de euros en muchos ámbitos del mismo?

Desgraciadamente, como señala al principio de este artículo, no me equivocaba respecto a los augurios de lo que cabía esperar en estas materias del nuevo Gobierno elegido por los españoles. Lo que espero es que estos sepan decirle al Gobierno que no es para esto para lo que se le ha elegido; y que éste sepa tener el buen criterio de corregir unas leyes y unos objetivos de consecuencias nefastas e irreparables si la ley se llega a aprobar y a aplicar.