Los desahucios pueden ser tan solo la punta del iceberg que se nos viene encima. Con cerca de un 26% de la población en paro, con más de 1,7 millones de familias sin un solo salario, con más de trescientas mil familias viviendo de la pensión del abuelo, con un 40% de parados sin cobertura pública alguna, y con unos servicios sociales en retroceso, la situación solo puede calificarse de auténtica emergencia social. Y una nueva normativa de segunda oportunidad que pare los desahucios será positiva. Pero no bastará, porque muchas familias seguirán sin tener ingresos con los que hacer frente ni tan siquiera a las hipotecas renegociadas o a los alquileres solidarios.

La legitimidad de la economía de mercado y, por extensión, de nuestras democracias liberales en Europa, ha estado vinculada implícitamente desde la segunda gran guerra a la garantía de altos niveles de empleo y sistemas públicos de bienestar, para hacer frente a la precarización social y a la desigualdad exacerbada. Los actuales niveles de desempleo, de inequidad social y de empobrecimiento generalizado en algunos países de Europa, como el nuestro, están afectando a los cimientos mismos de la confianza en el régimen vigente. O el sistema se relegitima o el sistema acabará quebrando.

El sistema conviene en que la renta disponible por las familias que no poseen capital o medios de producción propios ha de provenir fundamentalmente de los ingresos percibidos por el trabajo. Pero si no hay trabajo, solo tenemos dos alternativas. O nos aseguramos de que crear los puestos de trabajo necesarios para asegurar la supervivencia de la población, o cambiamos el paradigma. Si la economía de mercado ya no es capaz de generar empleos suficientes para todos, asegurémonos de que proporcione al menos los recursos precisos para que los poderes públicos proporcionen una renta de inserción social a todas las familias con riesgo de quedar excluidas.

¿Cómo financiar esa renta mínima de inserción? Con impuestos, desde luego. Mientras la precariedad crece en los países del Sur de Europa, los parámetros de desigualdad no paran de crecer. Con políticas fiscales valientes y progresivas, y con un combate eficaz contra el fraude fiscal y los paraísos del dinero negro, pueden obtenerse los recursos precisos para que los sectores más vulnerables de la población no caigan en la indigencia. Hay margen para obtener ingresos fiscales. ¿De dónde? De donde hay dinero, claro está. En las transacciones financieras especulativas, en los grandes depósitos bancarios, en las grandes fortunas, en los grandes beneficios empresariales. Es hora de acabar con la ingeniería fiscal y la impunidad de los defraudadores. La financiación de esta renta de inserción es un buen motivo.

La renta mínima de inserción social debiera establecerse a escala europea y las instituciones de la Unión Europea habrían de asumirla como un deber propio. Porque si la economía de mercado y la democracia liberal necesitan de un relegitimación urgente, el proyecto europeo se encuentra en la UVI de la credibilidad entre los ciudadanos. Quienes manejan el timón deben elegir entre una Europa que recupere su condición de princesa rescatada o esa otra Europa que comienza a sentirse cómoda en el papel de madrastra maltratadora.