Tras dos años de investigación sobre los papeles de Bárcenas, ese señor al que Rajoy decía “se fuerte” y que fue gerente/tesorero del PP durante dos décadas, el juez considera acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja b (una iglesias260315contabilidad opaca) entre 1990 y 2008 con la que sufrago campañas electorales, sobresueldos a dirigentes y reformas en las sedes de su partido, incluida las obras realizadas en su sede central de la calle Génova, 13, en Madrid.

Sí, todo ello con dinero sucio. Dinero sucio para hacer dopaje electoral, dinero sucio para pagar sobresueldos, dinero sucio para reformas, más y más dinero sucio para lo que fuera menester durante veinte años que se dice pronto. Que cerca y que lejos quedan en el recuerdo presente de los españoles aquellos meses, donde primero el PP negó sistemáticamente la existencia de financiación ilegal a través de una caja b, y después decidió rizar el rizo para repetir en sus argumentarios que el único responsable sobre esos dineros opacos era el extesorero Bárcenas, que había engañado al partido. Lejos y cerca, porque con el tiempo se va conociendo la verdad: El PP durante 18 años se financió de manera ilegal.

Y por si alguien cree que exagero, dos ejemplos del auto del juez Ruz:

  • El primero, de la página131: “…permite racionalmente concluir la existencia de sólidos y fundados indicios respecto de la realidad de determinadas entradas de fondos dinerarios opacos o en “B” a favor del Partido Popular en los años objeto de análisis (1990-2008),…así como de determinadas salidas de dichos fondos con el destino o aplicación que allí ha sido descrito, permitiendo en el precitado periodo temporal la existencia y circulación en el seno del Partido Popular, a cargo del gerente y tesorero nacional (puestos desempeñados por Luis Bárcenas y por Álvaro De Lapuerta, con el detalle arriba expuesto) de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continuas en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Partido al Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública, integrando sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de contabilidades opacas o “cajas B”.”
  • El segundo, de la página 150-151: “Ello no obstante, el propio sistema de contabilidad “B” o paralela llevado a cabo por el gerente y tesorero del Partido, en los términos antes expuestos, determinaba que los fondos económicos que ilegalmente habrían sido recibidos de los querellados, con absoluta falta de transparencia y respeto de las prohibiciones y limitaciones establecidos en la legislación reguladora de la financiación de los partidos políticos, habrían sido destinados a las finalidades previamente referidas (como se expuso más arriba: a) al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el Partido; b) al pago de gastos generados en campañas electorales; c) al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido o relacionados con su actividad; d) así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del Partido), no habiéndose detectado, por el contrario, que las concretas aportaciones dinerarias recibidas de los empresarios por el gerente y tesorero de la formación política fueran empleadas para fines distintos de los anteriormente mencionados”.

Aunque la propaganda y las presiones del PP que durante estos años han pretendido ensuciar el proceso y ponerlo en duda, lo cierto es que el auto del juez Ruz es bastante claro cuando dice que hay en los hechos infracciones penales. Así, en relación al conjunto de donaciones presuntamente recibidas por parte de Luis Bárcenas y Álvaro De Lapuerta para el Partido Popular, y a la aplicación de las mismas a las diferentes salidas dinerarias procedentes del sistema de contabilidad paralela o “caja B” de la formación política, dice:

  • En primer lugar, los hechos resultarían presuntamente constitutivos de un delito continuado de falsedad contable del artículo 310 del Código Penal, que castiga al que “estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales: (…) b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa”.
  • En segundo lugar, presuntos delitos electorales, en cuanto a que la corriente monetaria en dinero “B” habría sido destinada a sufragar gastos y actividades de diversas campañas electorales desarrolladas durante el tiempo de existencia de la “caja B”.
  • En tercer lugar, un delito contra la Hacienda Pública por lo que respecta al régimen de tributación de las donaciones recibidas anotadas en la contabilidad paralela e integrando la “Caja B” de la formación, y habiéndose destinado a los pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial remitida por el Partido al Tribunal de Cuentas.
  • Y en último lugar, se deriva la presunta responsabilidad civil subsidiaria de UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., así como del PARTIDO POPULAR respecto de los hechos por los que cabe tener por presuntos responsables a sus empleados Luis Bárcenas (en su condición de Gerente y después Tesorero), Álvaro De Lapuerta (en su condición de Tesorero) y Cristóbal Páez (en su condición de adjunto al Gerente, y más tarde Gerente de la formación política).

Por todo lo anterior, en su auto, el juez Ruz propone juzgar a seis personas: los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que controlaban la caja b; el exgerente Cristóbal Páez, y dos responsables y una empleada de Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de Génova 13, abonada con 1,55 millones de euros en dinero negro.

Pero además, y por si fuera poco, el juez Ruz hace dos cosas más. Una, recuerda que hay una investigación pendiente sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, custodiados por el PP. Otra, abre una pieza separada, que envía a los juzgados de Toledo, sobre la investigación por la adjudicación a la empresa Sufi del contrato de recogida de basuras de Toledo, que, según Bárcenas, fue la contraprestación por una donación de 200.000 euros para la campaña de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en 2007. Y donde el juez aprecia en el caso de los pagos de Sufi un delito de prevaricación.

Todo lo anterior es muy grave, considerando que afecta directamente al Partido del Gobierno y a los dirigentes de ese partido, muchos en el Gobierno, incluido el propio Presidente del Gobierno. Una democracia sana exige responsabilidades políticas y dimisiones antes de que se diriman las responsabilidades judiciales. ¿Cuándo lo entenderá el PP? Desgraciadamente nunca. Porque prefiere deteriorar las instituciones y utilizarlas antes de reconocer los hechos, corregirlos y asumir responsabilidades.

Para corregir este deterioro democrático ya solo queda el protagonismo y la voluntad de los ciudadanos en las urnas primero y en los gobiernos después. Es el momento.