En primer lugar, no hay un reflejo real del debate de presupuestos con la situación social y política. Donde aparecen casos de corrupción que afectan al propio gobierno, debería explicarse hasta el último euro de cada partida. Véase por ejemplo la Comunidad de Madrid o de Valencia, con el caso Gürtel.

Esta semana se presentan los presupuestos autonómicos valencianos (y supongo que ocurrirá igual en la Comunidad de Madrid), en los que, acogiéndose a la crisis económica, se producen tremendos tijeretazos en las inversiones públicas, en las transferencias para sanidad, educación y cultura, y siguen generando más deuda. Pero, si las cuentas presentadas son, de por sí, poco atractivas por ser famélicas, ¿qué ocurre si además está en entredicho la propia palabra del Gobierno? Es el propio Presidente Camps quien tiene que avalar una gestión cuando su palabra está hipotecada ante la justicia, ante su propio partido, y ante la ciudadanía.

El PP ha lanzado la consigna: el caso Gürtel no existe. Eso dicen en mi tierra valenciana. Es un invento de una teoría conspirativa de los socialistas y algún medio de comunicación que le ríe las gracias. “No hay imputados”, brama Rita Barberá. Carlos Fabra sale en su defensa. Y la orden es: “hasta que no nos pille la justicia, sigamos adelante”.

No hay explicación ni responsabilidad política. Pero la trama se ha hecho robando el dinero público.

El pasado fin de semana una manifestación espontánea, convocada a través de Facebook, ha recorrido las calles céntricas de la ciudad de Valencia. El PP mira hacia otro lado y dice que los manifestantes son radicales y minoritarios. Es más, no representan nada, pues las encuestas siguen dándoles vencedores, por lo que no hay de qué preocuparse.

En segundo lugar, aunque todas las Comunidades sufran la crisis económica, las respuestas no son iguales. Hace mucho tiempo que en la valenciana, la crisis llegó para las partidas sociales. Se acumulan casi 600 sentencias del TSJ por no pagar facturas en sanidad; se debe 2 mil millones de euros (perdí la capacidad de entender tal cifra) en construcción de centros educativos que se pagarán a partir del 2014, pero en cambio, no se ha finalizado el mapa escolar de 1996 y existen más de 1000 barracones en funcionamiento; somos la única comunidad autónoma que no firma el convenio con el Ministerio para comprar libros en las bibliotecas públicas, hemos perdido 8 millones de euros de inversión lo que equivaldría a 600.000 libros; somos la última comunidad en atención a los dependientes, porque, mientras se bloquean las ayudas del Gobierno Central, se construyen residencias privadas que pertenecen a la familia del conseller que las ha adjudicado; la inversión pública en infraestructuras cae este año un 70% cuando el pasado no llegó a ejecutarse ni la mitad de lo comprometido.

Así haría una larga lista de agravios que sólo significan el desmantelamiento “gota a gota” de una administración pública en beneficio de los intereses privados.

Y ¿de quién es la culpa? ¡¡De Zapatero!! Parece que el gobierno central aún no se entera debidamente de que, haga lo que haga, el PP utiliza las instituciones democráticas como arma arrojadiza de oposición contra el Gobierno Central.

El PP, en Valencia y en Madrid, ha conseguido confundirse con el paisaje, representando la simbología de la Comunidad, anulando las voces discrepantes sean políticas, sociales o culturales, y aplicando una única estrategia: el victimismo.

Lo hacen con los presupuestos: “son malos por culpa de Zapatero”; lo hacen con el caso Gürtel; “la culpa es del mensajero, los policías, los jueces y los socialistas”; lo hace hasta la propia Esperanza Aguirre quien, con cara compungida, sale a decir: “yo soy la víctima”, cuando rondan las acusaciones de espionaje y escuchas a compañeros de su partido.

La política no puede ser sólo impostura, demagogia y cinismo. La limpieza que necesita el PP en ciertas comunidades autónomas donde gobierna no es sólo imprescindible por los casos de corrupción, sino por el desmantelamiento de los servicios públicos, la conversión de derechos en negocios, la soberbia con que se gestiona, el oscurantismo y la falta de información, la burla de las instituciones democráticas y la apropiación de la identidad de los ciudadanos y colectivos diversos. Algunos gobernantes han hecho bueno el dicho de que “todo vale en política”. Pero eso no es cierto.

El PP quiere pasar página lo antes posible sobre la sombra de corrupción y sabotaje a las formas democráticas practicadas por algunos. Para ello, la dirección impone “orden” en la organización y “ley del silencio”; prefieren que todos sean cómplices antes de descubrir a los culpables. Por eso hay que salir todos unidos, con cara de felicidad, y atacando al contrario, aunque “algunos de los nuestros” hayan actuado de forma indeseable.

Pero como el tiempo no se congela y las heridas tardan en cicatrizar, hay “muertos vivientes” que seguirán en la función. Luis Bárcenas sigue en su puesto de senador para recordar a Mariano los pecados cometidos; Cobos, suspendido de militancia, seguirá de portavoz del Ayuntamiento de Madrid, porque al fin y al cabo, la guerra entre ellos sigue abierta y él sólo cumplía una misión; Ricardo Costa, suspendido de militancia, exsecretario general y portavoz del grupo parlamentario valenciano, a punto de ser nombrado conseller por Camps, se sentará en el último escaño de las Cortes, porque aún sabe demasiado.

Y mientras, el presidente Francisco Camps lleva una semana haciendo una gira por la Comunidad Valenciana, repitiendo: “no hay que hablar de política. Hablemos de economía. Dejemos de hablar de política”.

En fin, saquen ustedes mismos la moraleja.